El reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mejor gasto para mejores vidas, del 2018, analiza el uso del dinero público en América Latina y el Caribe, y muestra sus grandes ineficiencias.
La fiesta con recursos del erario, pandémica en la región, debe terminar, dice el informe. Tras analizar las prioridades y su efecto en el desarrollo y la inequidad, incluye valiosas recomendaciones para mejorar la eficiencia.
Los retos que enfrentan los países de la región son semejantes: déficit fiscal, pobreza, educación mediocre, infraestructura deteriorada u obsoleta, vulnerabilidad frente a desastres naturales, elevados índices de corrupción y crimen organizado, entre otros.
El capítulo 10, titulado “Hipotecando el futuro: el sesgo de corto plazo de las políticas”, concluye que en la región existe una inclinación sistemática contra las políticas públicas a largo plazo y contra aquellas cuyos frutos son menos evidentes a ojos de la población, en detrimento de inversiones públicas indispensables para promover el crecimiento económico y social sostenibles. ¿Por qué existe este sesgo en las democracias de América Latina?
El informe da una posible explicación del lado de la demanda: los ciudadanos no exigimos políticas a largo plazo ni apoyamos el aumento de impuestos para financiar la distribución, a pesar de la creciente desigualdad; lo anterior es resultado de la desconfianza, la falta de información y la impaciencia con respecto a las instituciones y los actores políticos.
Del lado de la oferta, la investigación muestra que las instituciones políticas y los sistemas electorales contribuyen al sesgo negativo. Si bien expone que no existe un sistema perfecto, el cual provea siempre a los políticos los incentivos correctos para producir política pública oportuna y sustancial, afirma que hay unos mejores que otros.
Diferencias sustanciales. El gasto en transferencias y subsidios con criterios demográficos, así como el gasto total, son mayores en Latinoamérica, donde el 70 % de los países tienen sistemas de elección proporcionales, que en naciones con sistemas mayoritarios.
Cuando se gasta utilizando criterios demográficos se afecta, en particular, la infraestructura porque tiende a concentrarse en ciertas zonas y a descuidar otras.
Donde la elección de representantes se lleva a cabo por distritos electorales pequeños, se favorece el gasto de capital por encima de las transferencias y hay más incentivos para invertir mediante criterios geográficos.
Esta no es, en absoluto, una invitación a adoptar el modelo mayoritario, que tiene muchos defectos, sino a usar esta información para reflexionar y debatir sobre las reformas necesarias para mejorar la eficiencia del gasto, así como la calidad de la representación política.
Poder Ciudadano ¡Ya! ha venido proponiendo la adopción de un sistema electoral mixto, que combina elección de diputados por distritos electorales con una lista nacional para garantizar la proporcionalidad.
Añade el informe que los Congresos latinoamericanos se caracterizan por bajos niveles de “cooperación intertemporal”, es decir, que no suelen ponerse de acuerdo sobre políticas públicas de gran costo inmediato y beneficios a largo plazo, que acarrean la posibilidad de que estos sean cosechados por actores y administraciones futuras, como es el caso de las obras de infraestructura.
Otra característica de los países de América Latina y el Caribe es la baja formalización interna de sus Congresos. Esta se mide en función del nivel de conocimiento técnico de los diputados, su experiencia promedio, la relevancia de las comisiones legislativas, la calidad de su personal de apoyo técnico y la confianza de los ciudadanos en el Parlamento.
Los legisladores “profesionales”, a diferencia de quienes no tienen incentivos para invertir en su carrera legislativa, están más dispuestos a pactar acuerdos a largo plazo porque tienen la posibilidad de recoger los frutos de inversiones en el futuro. El hallazgo del informe es lapidario: la alta formalización de los órganos legislativos genera mejor infraestructura.
Incidencia en la buena calidad. Por si fuera poco, está demostrado que en los sistemas electorales que no recompensan el conocimiento especializado ni la experiencia, y en aquellos en que las reglas internas del Congreso no reconocen esas cualidades para asignar responsabilidades en las comisiones legislativas —la foto del nuestro—, la calidad de la política pública decae.
Recordemos que, de forma reiterada, el informe anual del Estado de la Nación reporta que la producción de leyes sustantivas para el desarrollo humano ronda siempre apenas el 30 % de la legislación y solo cerca del 50 % de ellas especifica las fuentes de financiamiento.
Además, la formalización legislativa está “positivamente correlacionada con menor derroche del gasto público y mayor eficiencia del gasto en educación”, dice el informe. Es inevitable pensar en la probable correlación entre los preocupantes hallazgos del Informe Estado de la Educación con el bajo nivel de formalización de nuestra Asamblea (sin que esto implique reducir el problema a esa correlación).
La conclusión es evidente: “En América Latina, las reglas formales de las elecciones y de la toma de decisiones legislativas favorecen un menor gasto de capital; no promueven los acuerdos a largo plazo necesarios para implementar políticas cuyos beneficios sean duraderos”.
Según el informe, es insoslayable acometer reformas políticas e institucionales, a pesar de que es tarea compleja y los efectos no son absolutamente previsibles.
Propone centrarnos en fortalecer el Congreso de manera que los actores políticos tengan los incentivos adecuados, en tomar medidas que contribuyan a mejorar la información y la rendición de cuentas y en establecer reglas que fomenten acuerdos políticos intertemporales, que promuevan el consenso y dificulten la reversión de las políticas trascendentales.
Otros cambios. Recomienda otros cambios más sencillos para mejorar la capacidad de producir legislación sustantiva y de largo alcance: regular la forma como se asignan los cargos de dirección y liderazgo en el Congreso, así como la selección de los legisladores para las comisiones, con miras a incentivar y recompensar la adquisición de experticia y antigüedad.
Lo expuesto son hallazgos cimentados científicamente, del citado informe del BID. Mi contribución se limita a exponerlos resumidamente para crear conciencia sobre los efectos que tienen los sistemas electorales y la profesionalización de los representantes y de los entes políticos sobre la calidad, la eficiencia y la eficacia de la política pública.
Con base en este y mucho otro material de investigación que evidencia nuestras falencias y ofrece posibles soluciones, es hora de sacar el espejo, vernos con honestidad y reconocer que tener una discusión amplia sobre la reforma político-electoral es impostergable.
La autora es activista cívica.