Como la Contraloría General de la República advirtió de que si se aprueba el salario global a los servidores actuales con la redacción del transitorio XI del proyecto de ley de empleo público el gasto fiscal aumentaría en ¢22.500 millones anuales, quienes se oponen al plan dicen que debe archivarse.
La objeción de la Contraloría es de recibo y lo dije oportunamente: permitir a los servidores actuales acogerse al salario global constituía un error garrafal porque aumentaría injustificadamente el gasto del gobierno. El ente contralor ya lo cuantificó.
La solución correcta es el transitorio que propuse, es decir, que los servidores actuales cuyo salario sea inferior al que les corresponderá de conformidad con su categoría continúen devengando salario compuesto (salario base más pluses) hasta que alcancen el nuevo monto.
Con este sistema, desde el primer año habría ahorro de fondos públicos, pues quienes ganen más de lo establecido en la nueva ley dejarían de recibir pluses y se les congelaría el salario hasta que su categoría se nivele con la remuneración de cada uno.
Todos los años el monto de los pluses disminuiría porque los trabajadores irían alcanzando el salario equivalente al de su categoría y, por tanto, en ese momento dejarían de recibirlos.
Veamos un ejemplo. Supongamos que el 25 % de los trabajadores actuales devengan un salario mayor que el correspondiente a su categoría. Las instituciones públicas se ahorrarían desde el primer año, por tanto, un 25 % en el pago de pluses.
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El restante 75 % que gana menos del salario que se le asignará en la nueva ley seguirá recibiendo salario compuesto, no aumentaría el monto de los pluses.
El monto descenderá gradualmente y se calcula que al cabo de cinco años todos los servidores actuales percibirían el salario global según sus categorías. A partir de ese momento el ahorro en pluses sería del 100 %.
Por tanto, el problema planteado por la Contraloría es de fácil resolución. Simplemente se adopta la redacción del transitorio XI arriba indicada.
Por otra parte, algunos diputados, usando este pretexto, sostienen que el proyecto no debe convocarse en las sesiones extraordinarias de diciembre, con el fin de tener tiempo para negociarlo con los sindicatos.
Si se llegara a eso, el proyecto terminará siendo un fracaso total, pues evidentemente los sindicatos se opondrían a los dos puntos importantes que tiene la ley: el salario global para los servidores actuales y la prohibición de negociar convenciones colectivas, salvo en las instituciones que no realicen gestión administrativa directa.
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Negociar una ley de empleo con los sindicatos es como negociar una contra el acoso sexual con un grupo de acosadores o tratar de consensuar con los sátiros una ley que penalice los delitos sexuales cometidos contra menores.
Si la Asamblea desea aprobar una ley de empleo público con dientes, tiene que excluir a los sindicatos de la negociación.
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El texto actual contiene muchos errores y omisiones. Sugiero que, utilizando lo dispuesto en el artículo 154 del reglamento interno de la Asamblea, se envíe el proyecto nuevamente a la comisión para que esta, tomando en cuenta los valiosos aportes de numerosas personas, redacte un nuevo texto que realmente marque un antes y un después en la materia.
No podemos desperdiciar esta oportunidad histórica para enmendar uno de los males estructurales de nuestro Estado.
rhernandez@ollerabogados.com
El autor es abogado constitucionalista.
