Jorge Woodbridge. 21 julio

Que entre marzo y mayo 190.000 personas se sumaran a la triste estadística del desempleo debe ser motivo de preocupación nacional, pero, sobre todo, gubernamental.

De acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC), 468.000 personas conforman el 20,1 % de la población desempleada del país. El aumento se debe al efecto de las medidas para contener la pandemia de covid-19.

Con el fin de ayudar a esa población, el Congreso tiene varias tareas pendientes e impostergables y el gobierno debe buscar la manera de recortar más gastos, con el propósito de liberar recursos para salir en auxilio de las miles de familias cuyo sustento corre peligro o ya del todo no tienen cómo satisfacer sus necesidades básicas.

Para empezar, la Asamblea Legislativa debe aprobar el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI) por $504 millones y negociar los recortes presentados por el gobierno. Después de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no ha habido ningún cambio estructural de peso.

Miles de pequeñas empresas ya no resisten el paro y no existe claridad en cuanto a qué hará el gobierno a corto y mediano plazo en el campo financiero.

Un proyecto para rebajar un 15 % los salarios a 35.000 empleados públicos que perciben montos superiores a ¢1,5 millones al mes es correcto y justo, así como el impuesto solidario que generará en un año un ahorro de ¢135.000 millones.

Pero se puede hacer mucho más. Todo indica que en esta ardua situación es una imperiosa necesidad disminuir gastos y no contratar más empleados públicos.

La realidad obliga a ser solidarios y el gobierno debe ser el primero en dar el ejemplo. No puede ni debe consentir la gran cantidad de privilegios aceptados en el pasado.

El sector público y sus sindicatos tampoco deben seguir creyendo que no les toca poner su cuota de sacrificio.

Todos estamos en el mismo barco y si nos hundimos nos vamos todos. En la actual situación de empobrecimiento, el gobierno debe suspender ascensos, anualidades, incentivos, extras, consultorías, viajes y recepciones.

Corte parejo. Una medida inmediata es suspender transferencias a instituciones que no logran ejecutar eficientemente los recursos.

El Congreso debe cortar de una vez por todas la inflexibilidad del presupuesto nacional. Las asignaciones presupuestarias predefinidas son una camisa de fuerza que impide el mejor manejo de los escasos recursos. La mayoría permanece sin cuestionamientos a su necesidad, razonabilidad, eficacia y responsabilidad fiscal.

Bien haría el Congreso en iniciar el análisis de las leyes que atan el 95,8 % del presupuesto nacional.

El país necesita más competencia en el mercado, eliminar los monopolios públicos y privados, quitar a la banca estatal las cargas parafiscales y nivelar la cancha.

Es preocupante cómo en una crisis mundial las universidades públicas se niegan a cumplir la regla fiscal.

Otra urgente medida es centralizar las compras estatales y aprobar la ley de contratación pública. Es inverosímil que Fonatel no alcance las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones en tiempos tan duros.

También es surrealista que Acueductos y Alcantarillados no consiga ejecutar los programas de abastecimiento que requiere la Gran Área Metropolitana (GAM), a pesar de tener aprobados los recursos desde hace años.

Reactivación. Es complejo hablar de reactivación económica cuando el gobierno no da las señales o las condiciones necesarias al sector privado.

¿Podrá el gobierno hacer los cambios estructurales para la reducción de la deuda? Son muchos los cuestionamientos que hace el sector productivo. ¿Acaso cree el gobierno que con más instituciones y empleo público Costa Rica saldrá de esta crisis? De ahí la importancia de un mensaje claro del gobierno y todo su equipo de cuál es su visión.

No debe darse más largas a proyectos como el de empleo público, la eliminación de exoneraciones, los ajustes en impuestos regresivos, la Hacienda digital, la tramitomanía y el de reducción de las cargas sociales.

Tributación debe ser muy estricta contra la evasión y la elusión. La educación fiscal y la simplicidad de impuestos son impostergables.

Banqueros y calificadoras de crédito cuestionan la capacidad de llegar a un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional debido a la resistencia a emprender la reforma del Estado.

El riesgo de no cumplir al FMI terminará en un cuadro económico y social muy complejo. El país está fatigado por el aumento de impuestos y todo parece indicar que se requerirá una voluntad muy férrea para dejar la aprobación de nuevas cargas impositivas como medida final.

Cercenar la inversión pública sería fatal porque tenemos más de 20 años de retraso. Vender activos de nada serviría si no se reduce la cuantía del gasto controlando transferencias y salarios.

Es mucha la tarea, pero poca la voluntad política, empezando por el Poder Judicial.

El autor es ingeniero.