EscucharEstamos en un periodo de ajuste económico, político y social que requiere solidaridad y visión de futuro.
La economía se desaceleró en el 2018 con respecto al 2017 en un 0,7 % del producto interno bruto (PIB) y los pronósticos para este año varían entre un 2 % y un 2,3 % del PIB; el más bajo de los últimos 10 años.
La disminución será más grande si algunos líderes sindicales siguen defendiendo con intransigencia pluses insostenibles financieramente. No podemos aceptar que unos camioneros bloqueen las carreteras y generen millones de pérdidas a quienes les dan trabajo.
No debemos permitir que unos pocos estudiantes pongan candados a sus propios centros de enseñanza y no sean sancionados.
No se puede consentir que miles de escolares se queden sin comer por los bloqueos de unos pocos dirigentes que no quieren reconocer la situación fiscal actual.
Algo sucede en nuestro Poder Judicial cuando un año después no se ha declarado la legalidad o ilegalidad de una huelga y no existe claridad sobre si la educación pública y la salud son servicios esenciales para la sociedad.
No puede ser que quienes defienden sus derechos laborales en la figura de huelga legal no lo hagan con manifestaciones después de las horas de trabajo, sin coartar la libertad de circulación de los costarricenses y sin paralizar la economía.
No es justo que cientos de miles de niños y jóvenes pierdan clases, que jamás recuperarán, debido a una huelga de educadores. Las huelgas injustificadas, al no llegar a acuerdos razonables en un diálogo constructivo, afectan seriamente al sector productivo, la enseñanza, la salud, la confianza, la inversión, el empleo y la paz.
Existen también motivos externos que están afectando nuestra economía, como el cambio climático, la caída de los precios de la piña y el café, la infraestructura, la situación económica de Nicaragua, la volatilidad de los precios del petróleo, la tensión comercial producida por el brexit y la relación comercial de China y Estados Unidos.
Por el lado positivo, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) redujo en un 0,25 % las tasas de interés, lo cual nos va a facilitar colocar los $1.500 millones de los eurobonos, si tenemos paz social y orden en el gasto.
Confianza. El factor central de preocupación es que el gobierno, el Congreso y la Sala Constitucional no se mantengan firmes para controlar el gasto público, de acuerdo con lo aprobado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La percepción general es que pagaremos más impuestos, que el costo de vida va a crecer, que las pensiones millonarias no van a ser reducidas y que el crecimiento del gasto por los pluses salariales no cambiará.
Está claro que Costa Rica debió aprobar la reforma fiscal o caíamos en una crisis financiera de altos costos sociales y económicos. Lo preocupante ahora es que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, la Junta de Protección Social y otras instituciones rehúsan acatar la regla fiscal.
Desde la entrada en vigor, en julio, de los nuevos impuestos, la gran mayoría de las pymes y los consumidores comenzamos a sentir los efectos en nuestros bolsillos y en el entrabamiento operativo. El efecto de la reforma fiscal tomará varios años, mientras se equilibran las finanzas públicas y se estabiliza la deuda del Gobierno con relación al PIB.
El déficit financiero del Gobierno Central rondará al finalizar el año un 6,5 % o un 7,1 % del PIB; la deuda del Gobierno se incrementará al 56 % del PIB y la deuda total del sector público será superior al 71 % del PIB.
En el primer semestre, el déficit fiscal terminó en un 3 %, con un aumento del 0,13 % con respecto al 2018, a pesar del ingreso extraordinario producido por la amnistía tributaria. Déficit fiscal afectado seriamente por el pago de intereses que representan el 1,89 % del PIB.
Intereses y amortización. Los intereses y las comisiones presupuestados para este año son ¢1,67 billones, lo cual representa las dos terceras partes del déficit fiscal. El gobierno viene canjeando deudas a corto plazo por plazos superiores a cinco años para no tener los problemas de caja experimentados en el último semestre del 2018.
La amortización de la deuda llegará este año a la cifra de ¢2,88 billones, que es el 26,5 % del presupuesto. Entre los intereses y la amortización de la deuda se gira el 41,8 % de un presupuesto de ¢10,9 billones de este año. Estamos atrapados por una cuenta por pagar que seguirá creciendo si no controlamos el gasto y reactivamos la economía. El Gobierno Central pasó de requerir ¢3,17 billones de financiamiento en el 2015 a ¢5,85 billones este año.
Regla fiscal. El componente más importante de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aparte de proveerle a la Hacienda pública más ingresos y trazabilidad para combatir la evasión y la elusión, es el control de los egresos mediante la regla fiscal.
La regla fija un límite al crecimiento del gasto corriente en función de la evolución del PIB y el peso de la deuda del Gobierno Central. La base del cálculo debe ser sobre el gasto presupuestado y no sobre el ejecutado, y es de acatamiento obligatorio para todo el sector público no financiero.
No puede ser que, entre el 2015 y el 2018, las remuneraciones del gobierno crecieran de ¢2,22 billones a ¢2,53 billones y las transferencias corrientes, de ¢5,15 billones en el 2016 a ¢6,13 billones en el 2019.
Lo que requerimos es ordenarnos y buscar eficiencia, eficacia y equidad. Los intereses pasarán de crecer un 9,7 % en el 2016 a un 35,4 % en el 2019. Solo cumpliendo la regla fiscal en forma estricta en todas las instituciones afectadas conseguiremos la estabilidad, volveremos a tener la confianza de las calificadoras de riesgo y bajarán las altas tasas de interés pagadas actualmente.
Reactivación. El gobierno tiene más herramientas para recaudar y recortar gastos. Ya fueron aprobaron leyes necesarias para el control del gasto y para obtener más ingresos, el teletrabajo, la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, fueron aprobados $1.500 millones en eurobonos, se redujo la tasa política monetaria para ubicarla en un 4,5 %, se redujo el encaje legal del 15 % al 12 %, se está buscando cómo reducir las tasas de interés que tienen un alto margen de intermediación y se han simplificado ciertos requisitos que asfixian a los nuevos emprendimientos.
No obstante, la informalidad y el desempleo aumentan. Queda pendiente la agenda para ingresar a la OCDE, eliminar cargas parafiscales a la banca estatal, crear un seguro a los ahorrantes de la banca privada, reducir duplicidades, exigir tarifas competitivas en electricidad y otras reformas de gran calado.
El autor es ingeniero.
