Cada gobierno empieza a definir su relación con la prensa mucho antes de que esa relación se convierta en noticia. Lo hace en decisiones pequeñas: quién responde, quién no responde, quién habla con todos y quién solo con algunos.
Ahí, en esas decisiones cotidianas, empieza a verse algo más profundo que cualquier discurso. Empieza a revelarse cómo el poder entiende su relación con el país.
Dentro de su visión de una “tercera república”, la presidenta electa, Laura Fernández, ha dicho que “el papel de la prensa debe ser auténticamente libre para cumplir su labor cotidiana de informar a la ciudadanía sobre el acontecer nacional”, y que esa libertad “comprende el deber y el derecho a la crítica periodística”. También ha señalado que “el periodismo es un servicio a la sociedad, enmarcado por los deberes de la objetividad, la veracidad y la responsabilidad”, y que no debe convertirse “en una moneda de trueque que se otorga a los medios de comunicación para que trafiquen con la información pública”.
En lo esencial, tiene razón.
El periodismo es, ante todo, un servicio público. No como consigna, sino como realidad concreta. Es parte de lo que ha permitido que la democracia costarricense no solo exista en el papel, sino que se haya sostenido, durante décadas, como una de las más sólidas del continente.
Nada de eso habría sido posible sin una prensa que, con aciertos y errores, investigó y publicó decisiones que algunos habrían preferido mantener ocultas.
Tampoco habría sido posible sin propietarios de medios dispuestos a respaldar ese trabajo, aun cuando hacerlo implicara pérdidas económicas y presiones que habrían llevado a otros a ceder.
Gracias a ese esfuerzo, los ciudadanos conocieron casos de corrupción y abusos de poder que cambiaron la forma en que el país se entiende a sí mismo. Y fue ese conocimiento –no el silencio– lo que terminó influyendo en el voto y abriendo espacio a nuevas opciones políticas. Incluidas las que hoy gobiernan.
Ese es uno de los aspectos menos visibles del periodismo en democracia: no solo fiscaliza al poder; también contribuye a que el poder cambie.
Ben Bradlee, el director de The Washington Post durante el caso Watergate, afirmaba que le preocupaba más la relación entre la prensa y el gobierno que la relación entre la prensa y el público. El público, decía, termina encontrando la forma de sacar sus propias conclusiones. Pero cuando el acceso a la información se restringe, lo que se afecta no es el trabajo de los periodistas, es el derecho de los ciudadanos a entender lo que ocurre.
Desde hace más de un siglo, esa relación se ha entendido como una de respeto y vigilancia mutua. El poder gobierna. La prensa pregunta. Y ese equilibrio solo es posible cuando hay acceso.
Todo gobierno debe aspirar a una cobertura balanceada. Pero esa aspiración pierde sentido cuando el acceso a la información, o la posibilidad de hacer preguntas directamente a los funcionarios públicos, depende de decisiones políticas.
Gobernar también es explicar.
En ese contexto, la decisión de Laura Fernández de renunciar a su plaza en propiedad en el Mideplán, tras años de conservarla mientras ejercía distintos cargos políticos, es una acción concreta y congruente con su promesa de hacer las cosas de forma distinta. No resuelve, por sí sola, los desafíos que enfrenta su gobierno. Pero establece un principio: que el ejercicio del poder implica asumir plenamente sus responsabilidades y sus consecuencias.
Ese mismo principio deberá reflejarse en un ámbito esencial para la democracia: la relación de su gobierno con la prensa y el acceso equitativo a la información pública.
Aquí es donde Laura Fernández tiene una oportunidad que trasciende lo inmediato.
Los estadistas se distinguen, entre otras cosas, por su capacidad de aprender de los errores de quienes los precedieron, e incluso de quienes los formaron políticamente.
Doña Laura tiene la posibilidad de redefinir la relación entre el gobierno y la prensa costarricense, una relación que en los últimos años estuvo marcada por la confrontación.
Sí, algunos medios han cometido errores, pero la respuesta a eso no puede ser el distanciamiento. Tiene que ser una relación más madura, más abierta, más consciente de lo que está en juego.
Y eso empieza por algo sencillo. Que sus ministros, viceministros y jerarcas hablen con todos los medios. No solo cuando haya buenas noticias, sino también cuando haya decisiones que explicar y preguntas que responder. No como concesión, sino como obligación.
Ese estándar no puede aplicarse de forma selectiva. También alcanza a la oposición, que cuando ha ejercido el poder, ha incurrido en prácticas similares: reticencia a conceder entrevistas, demoras injustificadas en la entrega de información pública y una tendencia a hablar solo con medios afines.
Ocurrió durante gobiernos del PLN, del PAC y del PUSC. Es cierto que en los últimos años esa relación alcanzó niveles de confrontación más visibles. Pero el problema es más antiguo.
Por eso, corregirlo no es solo una tarea de un gobierno. Es una responsabilidad del sistema político en su conjunto. Porque el acceso a la información pública no es un favor que se le hace a la prensa: es un derecho de los ciudadanos.
Los medios, por su parte, no pueden convertirse en instrumentos de propaganda. Pero tampoco pueden ignorar los resultados cuando estos existen y son verificables.
Informar sobre los aciertos de un gobierno no es complacencia. Es parte del mismo compromiso que obliga a investigar, cuestionar y señalar lo que está mal.
La rendición de cuentas exige ambas cosas: exige independencia, pero también exige acceso. Y ese acceso depende, en última instancia, de una decisión política.
La mandataria electa, Laura Fernández, tiene hoy la oportunidad de demostrar que entiende esa diferencia. De demostrar que un gobierno fuerte no es el que evita las preguntas, sino el que permite que se formulen y es capaz de responderlas.
Porque, al final, esta relación no es sobre periodistas, influencers ni políticos. Trata sobre algo más simple y más importante: el derecho de los costarricenses a saber.
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Antonio Jiménez es experto en contenidos multiplataforma. Fue productor de ‘El Antidebate’ de TDMás, fundó AmeliaRueda.com y dirigió ‘Sepamos Ser Libres’, por Teletica Radio.