Columnistas

Opinión sin sustento

A Álvaro Sáenz Saborío le habría bastado con leer este periódico para enterarse de las reiteradas reformas que ha promovido el TSE

Quiero comentar, en mi condición de articulista de «Página quince», el texto de Álvaro Sáenz Saborío, publicado el 4 de este mes. Para ello, resumo primero su argumento: por falta de «visión moderna» el TSE ha retrocedido, reduciendo sus funciones de «garante electoral» (en el pasado) a «contador de votos» (en el presente).

Para que una afirmación sea argumentada, debe ser acompañada de una fundamentación que la sustente. Esta es la que desarrolla Saénz: al TSE le ha faltado «fomentar la libertad política para la toma responsable de conciencia de ese voto» y, por eso, elegimos «gobernantes de mala calidad profesional, ética y moral».

A ello pudo añadir una última consecuencia: por eso, no hemos alcanzado un desarrollo económico de primer mundo, con lo cual su artículo habría dado con la clave jamás hallada por las diversas teorías del desarrollo: para que un país lo alcance, su organismo electoral debe tener «visión moderna».

Voy por partes: no está clara la relación que Sáenz imagina entre «libertad política» y «conciencia» para elegir. De la primera, en las mediciones de libertad global de Freedom House (que mide derechos políticos y libertades civiles), Costa Rica aparece entre las naciones «libres», no entre las «no libres», ni siquiera entre las «parcialmente libres». Sobre la segunda, que llama «conciencia» de responsabilidad sobre el ejercicio del voto, la remisión sería a la vasta literatura sobre comportamiento electoral y cultura política, con un «spoiler»: ni uno ni otra son determinados por el organismo electoral. Por ninguno en el mundo.

Menos clara es la particular lectura que don Álvaro hace de la valoración del TSE en el último estudio del CIEP. Donde él ve «erosión», los investigadores responsables de la encuesta ven «estabilidad». Dos tantos de lo mismo habría que decir de la erosión en la confianza de los partidos que atribuye al TSE: no, esa relación causal no tiene respaldo empírico en las bibliotecas que existen sobre desafección y desalineamiento partidario.

Ahora bien, puntualmente, ¿qué es lo que no ha hecho el TSE, según Sáenz?: «Promover, fortalecer y hasta liderar el debate para que en materia electoral se realicen las reformas que el país requiere» y «denunciar» los subterfugios de la legislación que, de mala fe, pueden aprovechar algunos partidos.

Le habría bastado con leer este periódico para enterarse de las reiteradas reformas, o propuestas de reforma, de nuestra legislación que ha impulsado (o aprobado, cuando son de su competencia, como en el caso de los reglamentos) el TSE y de las innumerables ocasiones en que, en diversos foros, incluido el legislativo, ha denunciado los portillos a los que refiere.

Luego da ejemplos más concretos de lo que, según él, el TSE ha hecho mal. Sin reproducirlos, porque los lectores pueden consultar el artículo, los respondo. Primero, el veto a la ley que obliga a los partidos a presentar mayor información sobre las candidaturas que proponen obedeció a que tenía un vicio de procedimiento dispuesto en la Constitución.

En las repúblicas, la Constitución se respeta, porque eso es garantía de libertad para los ciudadanos. Todos los poderes, que veíamos con buenos ojos la propuesta de ley, lo entendimos y enmendamos para que la ley, como finalmente ocurrió, entrara en vigor.

Segundo, los requisitos que debe tener un ciudadano para aspirar a un cargo de elección popular son de reserva constitucional, de modo que ni una ley ordinaria, menos el TSE, podría modificarlos. Esto, también, es una garantía de libertad para las personas frente al Estado.

Tercero, no, no puede impedirse la participación de una agrupación política porque algunas personas de su dirigencia hayan sido condenadas. Primero, porque la ley no habilita al TSE para aplicar ese criterio de exclusión y, segundo, porque los partidos son asociaciones de ciudadanos para la participación política, y el conglomerado que los conforman, desde su asamblea superior hasta sus simpatizantes, no tienen por qué sufrir las consecuencias de las conductas de quienes transitoriamente ocuparon puestos de autoridad en el partido. Otra garantía de libertad para los ciudadanos frente al Estado.

Cuarto, tampoco corresponde al TSE combatir lo que Sáenz llama «falta de movilidad política», esto es, que «los diputados pasan a ser asesores parlamentarios o alcaldes, y viceversa», y, después, «agarran un puesto político de gobierno».

Impedir a los ciudadanos ejercer cargos públicos, de representación política o no, en virtud de que ya hayan ocupado otro, tiene, entre otros, varios «pequeños» inconvenientes: nuestra Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, por citar dos.

En todo caso, cabría preguntarse si, de verdad, Costa Rica padece una «casta» política enquistada en el poder o, por el contrario, de amateurismo y escasa profesionalización de su estamento político. Casos imposibles en nuestro país, como el de Joe Biden, presidente, vicepresidente y senador desde 1973, son usuales en todas las democracias consolidadas del mundo.

Quinto, la afirmación de que el sistema electoral (la fórmula Hare modificada) «no funciona» por el crecimiento exponencial de agrupaciones políticas, desconoce los estudios en la materia: el problema no está en la cantidad de partidos, sino en el tamaño de la circunscripción y en la cantidad de curules que componen nuestro Congreso.

En síntesis, el texto expresa una opinión ayuna de sustento, gravemente desinformada y muy favorable a que el Estado reemplace a la sociedad, a sus ciudadanos, en sus responsabilidades básicas en una democracia: es deber de cada ciudadano cribar la oferta electoral y escoger a las mejores personas para los cargos públicos; es deber de los partidos (que son ciudadanía organizada para la participación política) postular a personas idóneas para los cargos de elección popular; y es deber de la Asamblea Legislativa (representación legítima de la sociedad) modificar las leyes electorales cuando lo considere necesario.

Lo distintivo de una dictadura es que el Estado les «ahorra» esas labores a los ciudadanos, que, tratados como infantes, son protegidos de sus propias malas decisiones por el papá Estado. No esperen eso, jamás, del TSE, garante de derechos políticos de los ciudadanos orgullosos de su condición, no tutor de masas apocadas frente a su libertad.

No es solo que el TSE, además de ser un pulcro contador de votos, sea un eficiente garante electoral. Ni siquiera es que, contrario a lo que dice Sáenz, sí se haya adaptado a los nuevos tiempos. Es que nuestro organismo electoral es líder a escala global y referente de buen hacer en su campo.

Así, lo han evaluado y publicado en documentos consultables las más reconocidas autoridades en la materia, sea académicas (como el índice de integridad electoral) o técnico-electorales (como las misiones de observación internacional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos).

La mayoría de los compatriotas lo reconocen: el TSE es el supremo poder mejor valorado por los costarricenses (según el CIEP) y uno de los organismos electorales en los que más confía su sociedad (según el Latinobarómetro).

tavoroman@hotmail.com

El autor es abogado.

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