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Cuando desde el poder se trivializa el conocimiento, se ridiculiza a las universidades y se desprecia la conversación informada, no se demuestra carácter. Más bien se abona al terreno de la ignorancia. Hay que ser claros: pocas cosas le sirven tanto a una tentación autoritaria como una ciudadanía empobrecida en educación, pensamiento crítico y memoria institucional.
En la coyuntura actual, marcada por el choque constante de este gobierno con la institucionalidad, especialmente desde su máxima figura, el presidente Rodrigo Chaves, no sorprende que las palabras dirigidas por él –y secundadas por sus ministros– a los rectores del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en la última sesión de la Comisión de Enlace, hayan sido más que toscas: un exabrupto que termina ofendiendo más a la investidura presidencial que a los propios rectores.
La forma poco elegante, confrontativa, evidentemente autoritaria y arrogante –además de atrevida por desconocimiento– retrata una manera de entender el poder, una relación con el disenso y una idea inquietante de la dignidad institucional.
Según don Jorge Herrera, presidente de Conare, el presidente Chaves descalificó el informe de indicadores de logro de las universidades públicas como “datitos de tiquetes de supermercado”. No solo irrespetó a un rector y a los miembros del Conare: se faltó al respeto a sí mismo, a la investidura que ostenta y a la República que está obligado a representar con dignidad.
A propósito, ni el presidente de la República ni la ministra de la Presidencia integran la Comisión de Enlace. Su presencia en ese espacio se debió a la deferencia de los rectores hacia su investidura. Por ello, resulta especialmente lamentable que hayan respondido con desdén, displicencia y una forma impropia de dirigirse a quienes cumplían con su deber de informar y defender, con argumentos y evidencia empírica, la educación superior pública.
La verdadera gravedad del episodio radica en que no es una frase aislada, sino una manera de ejercer el poder mediante el desplante, la chabacanería y la humillación del interlocutor, como si la grosería fuera firmeza y el irrespeto, una prueba de autenticidad. Tristemente, una parte del pueblo viene siendo arrastrada hacia ese terreno en el que la malacrianza se vende como valentía, la insolencia se confunde con franqueza y el desprecio por el otro se presenta como un gesto de liderazgo.
Debemos recordar que las universidades públicas son reconocidas por la Constitución Política, dotadas de autonomía para el desempeño de sus funciones, y la resguarda con un fondo especial para su financiamiento: el FEES. Según datos de la última encuesta del Idespo-UNA, son estas casas de enseñanza las mejor evaluadas en cuanto a la confianza en las instituciones públicas o privadas.
Se les puede criticar y se les debe exigir, desde luego. Pero una cosa es el cuestionamiento riguroso y otra, muy distinta, la mofa agresiva. Una cosa es debatir con argumentos, y otra rebajar la conversación pública a un tono impropio de la dignidad republicana.
Conviene recordar que las universidades públicas no son un lujo, sino una base esencial de la Costa Rica contemporánea. Por sus aulas, laboratorios, sedes regionales y programas de acción social han pasado generaciones de profesionales y servidores públicos que han sostenido la vida nacional. Menospreciarlas no es solo agraviar a sus rectores, sino también desdeñar una parte sustantiva de la historia del país que hoy somos.
Despreciar una presentación de indicadores por parte de Conare, una rendición de cuentas que el propio gobierno exigió en negociaciones anteriores, por lo demás, no es solo una falta de cortesía. También es una señal inquietante de desprecio hacia la evidencia. En cualquier democracia medianamente seria, los indicadores importan. Importa saber qué se logró –y qué no–, qué brechas persisten y qué metas requieren corrección.
Gobernar no consiste en sustituir los datos por la ocurrencia, ni la planificación por el desplante, ni la deliberación por el berrinche. Quien se burla de los resultados medidos no exhibe fortaleza: exhibe, más bien, una preocupante incomodidad ante la información que no se acomoda al gesto fácil ni a la frase efectista.
Por eso, financiar la educación pública –y, dentro de ella, a las universidades estatales– no es una concesión graciosa ni una dádiva presupuestaria: es una decisión estratégica de país. La Constitución no resguarda, por capricho, la autonomía universitaria ni la existencia de un fondo especial para la educación superior estatal. Lo hace porque entiende que hay bienes cuyos frutos no siempre caben en la impaciencia del aplauso inmediato, aunque sostengan, a mediano y largo plazo, la productividad, la cohesión social y la democracia misma.
Muchas personas no perciben de forma directa todos esos efectos, pero viven rodeadas de ellos: en los profesionales que las atienden, en la investigación que orienta políticas públicas, en la presencia universitaria en las regiones y en las oportunidades de movilidad social que esas instituciones todavía abren a miles de familias.
Debilitar ese sistema no es castigar una burocracia abstracta; es estrechar uno de los canales más importantes de formación, pensamiento crítico y desarrollo territorial que conserva Costa Rica.
juan.romero.zuniga@una.ac.cr
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, epidemiólogo y académico investigador en la UNA y la UCR. Ha publicado múltiples artículos científicos en revistas internacionales.
