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Los países que han logrado sistemas educativos de calidad no lo hicieron con reformas rápidas ni decisiones improvisadas. Lo hicieron con tiempo, coherencia y una apuesta sostenida por la educación como proyecto país y el tipo de ciudadanos que querían formar.
Las transformaciones educativas profundas no ocurren en cuatro u ocho años. Tampoco responden a ciclos políticos. La evidencia internacional es clara: los sistemas educativos de mayor calidad son el resultado de procesos sostenidos por décadas. Finlandia necesitó cerca de 40 años; Estonia, más de 25. En ambos casos, el cambio no fue producto de medidas aisladas, sino de una visión coherente de desarrollo y una apuesta persistente por la educación.
Los avances no se explican por reformas puntuales, sino por la acumulación de esfuerzos simultáneos en distintos frentes: formación docente, actualización curricular, inversión sostenida, integración de tecnologías y proyectos probados para promover las habilidades superiores del pensamiento, fortalecimiento del liderazgo educativo de las personas directoras y programas de equidad universales y de apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad. No hay atajos. Ni “reformas milagro”. Tampoco soluciones inmediatas.
Costa Rica lo entendió con la Reforma Educativa de 1886 y también hace 70 años, cuando estableció la Ley Fundamental de Educación. En aquel momento, el país tomó decisiones estratégicas que marcaron su rumbo: garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza, asegurar el financiamiento público y asignar al Estado la responsabilidad de velar por su calidad. También definió un propósito ambicioso: formar ciudadanos comprometidos con la democracia, los derechos humanos y la dignidad de las personas, capaces de responder a las necesidades nacionales, en un sistema educativo correlacionado desde preescolar hasta la educación superior.
Sin embargo, esa visión no se ha sostenido en el tiempo. La historia educativa del país ha sido irregular: avances importantes seguidos de estancamientos y retrocesos. La década de los años ochenta es un ejemplo elocuente. En medio de la crisis económica, la inversión en educación se redujo drásticamente, dejando como saldo una generación perdida. Recuperar lo perdido llevó dos décadas.
En los años 1990 y 2000 se retomó parcialmente el rumbo. Se incrementó la inversión, se ampliaron las coberturas en preescolar y secundaria, se fortalecieron los programas de equidad y se impulsaron reformas curriculares en todas las materias, incluyendo la educación técnica. Pero no fueron suficientes, ni sostenidos, para consolidar un sistema educativo integrado, pertinente y de calidad como lo establecen la Constitución Política y la propia Ley Fundamental de Educación.
Hoy, la educación nacional enfrenta nuevas señales de deterioro. Los Informes del Estado de la Educación han advertido de retrocesos significativos en aprendizajes básicos de la población estudiantil, reducción de la inversión, aumento de brechas y debilitamiento del sistema en un momento particularmente crítico. Justo cuando más necesita consolidar lo avanzado, la educación volvió a perder centralidad y enfrenta una crisis que se ha profundizado y cuya superación le tomará al país al menos una década.
El problema no es la falta de diagnósticos. Es la ausencia de una visión de largo plazo compartida y sostenida. Mientras la educación siga sujeta a ciclos políticos cortos y a decisiones fragmentadas e improvisadas, será difícil construir un sistema educativo robusto.
Contar con una educación de calidad no es un lujo: es una condición indispensable para el desarrollo humano y enfrentar los desafíos de un entorno nacional e internacional cada vez más complejo. Por ello, el país necesita recuperar una mirada estratégica de la educación, similar a las que inspiraron sus principales acuerdos en el pasado.
Esto implica definir metas de Estado desde preescolar hasta la educación superior y sostenerlas en el tiempo más allá de gobiernos y coyunturas. Supone, además, sumar a los distintos actores educativos y sociales en torno a esos objetivos, dejando de lado intereses particulares y disputas de corto plazo. Implica también emprender cambios operativos en el sistema y su funcionamiento (cómo se evalúa, cómo se coordina, cómo se toman las decisiones, cómo se aplican y se les da seguimiento). No se trata únicamente de impulsar reformas, sino de darles continuidad y cumplir los acuerdos.
Un proyecto de largo aliento, que ofrezca soluciones prácticas y sostenidas a los principales problemas educativos y nacionales, es lo más inteligente que puede hacer un país pequeño cuya principal riqueza es su gente.
Costa Rica no parte de cero. El país cuenta con una base importante, logros históricos acumulados y lecciones aprendidas que pueden orientar el camino. Pero ese capital solo será útil si se traduce en decisiones consistentes y en una voluntad política sostenida.
La disyuntiva es clara: o se fortalece un proyecto educativo compartido de largo aliento o se continuará oscilando entre avances parciales y retrocesos que terminan siendo costosos. Y en educación cada retroceso tiene nombre y apellidos: generaciones que ven limitadas sus oportunidades.
El país aún está a tiempo de decidir y actuar. Pero no indefinidamente.
isabelroman@estadonacion.or.cr
Isabel Román es la directora del Programa Estado de la Nación (PEN).
