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Es hora de hablar en serio.
Es un hecho que la campaña electoral no contempló las discusiones profundas que sugerimos sobre la validez sociopolítica real de nuestro Régimen Social de Derecho de Primer Mundo, versus su recurrente incumplimiento negligente y nocivo.
Es así como, sin reconocerse cómo este Régimen Social admite ajustes profundos para adecuarlo a los “tiempos”, el oficialismo triunfó con creces argumentando que el país requiere una “refundación total”.
En este aspecto, hemos siempre dicho que quien requiere una refundación o “rebobinado total” es el tico, pues su dispersión conceptual y gusto por la improvisación harían que ni la Constitución suiza nos sirviera de algo.
Obligación de ‘bajar a tierra’ la Segunda República
Corresponde ahora, muerto el rey, que la exministra convertida en presidenta electa y vuelta a ser nombrada ministra de la Presidencia reconozca su obligación de gobernar con la máxima eficacia estatuida en esa Constitución y leyes estratégicas que constituyen el andamiaje integral de la Segunda República, cuya “bajada a tierra”, óigase bien, la nueva mandataria tendrá que jurar el 8 de mayo, so riesgo de enfrentar la ira de “Dios y Patria…”.
Control político por ‘ministros sombra sectoriales’. O: quizá solo baste la “ira” al menos del PLN y del Frente Amplio, para que asuman como nunca, vía “ministros sombra sectoriales” pero evitando repetir el ridículo del mismo PLN y PUSC de hace unas décadas, la clase de control y “exigencia de cuentas sectoriales” que obligue a “cada” Poder Ejecutivo a también rendirlas como nunca antes.
Misión de estadista, no de politóloga. Tampoco será una politóloga quien saque adelante a este enredado país, sino una estadista. Si doña Laura busca en serio la máxima fuente de inspiración para serlo, que se sumerja en la Constitución Política y aplique esos conceptos fundacionales que harán surgir en ella, en sus ministros y en sus legisladores, los estadistas de los que el país ha carecido hasta hoy. Igual debería hacer la “oposición”.
El modelo-país nunca reconocido. Téngase claro que sí hay un modelo-país de primer mundo al que debimos haber llegado si partidos, gobernantes, legisladores, Contraloría, Defensoría y electores hubieran reconocido esas “partituras" de derechos y competencias de la vigente Segunda República.
La presidenta electa encontrará en ese marco legal superior la fuente de “conducción gubernativa" que haría que las menos de 60 instituciones bajo su mando político funcionen de manera exitosa sin someterlas a una parálisis –de todas formas inconstitucional– mientras “llega” la antidemocrática y distante “tercera república” que han balbuceado (lean a Rubén Hernández, en artículo publicado el 4 de febrero anterior).
Sin embargo, hay unos factores “amañados” que no debe descuidar la ahora presidenta.
1. Mideplán estratégico. Es preciso que reivindique, como no lo ha hecho ningún presidente, que Mideplán sea “el” ministerio estratégico por excelencia. Si, como presidenta, logra que Mideplán funcione con la visión, disciplina y liderazgo que su ley perfila, el país verá a ministerios y autónomas hoy trabados e inconexos cumpliendo mucho mejor con sus misiones legales en todo el territorio nacional.
2. Participación ciudadana. Si, además, reconoce la necesaria participación de la sociedad civil en diálogo permanente con ella y sus ministros en cada campo “sectorial” en San José, así como a través de los también ninguneados consejos regionales de desarrollo, podrá ella instaurar la concertación permanente entre gobierno y sociedad, anticipándose así a los conflictos que a menudo paralizan el país y, de paso, estimulará un más realista y efectivo apoyo popular en tiempo real a su gestión presidencial.
3. Dirección gubernativa. Si, en adición, aplica los artículos 26.b, 27.1, 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública en asocio con la Ley 5525, acatará que el Poder Ejecutivo (presidente con cada ministro, no ministerio) sí puede movilizar las actividades de las autónomas en cada sector y en su proyección territorial. Máxime si reconoce que dicho órgano ejecutivo puede destituir juntas directivas que incumplan injustificadamente sus directrices.
4. Vigilar cumplimiento de leyes. Pero también debe saber que toda política gubernativa será operativamente eficaz solo si exige a sus ministros que lleven bien aprendidas las leyes de las instituciones en que dichas políticas tienen que inspirarse y, según el ámbito sectorial, la Ley Orgánica del Ambiente, el Código de Niñez y Adolescencia, la General de Salud, la Fundamental de Educación, la Fodea y todas las “partituras mayores” que delinean el desempeño eficaz de las instituciones bajo la tutela directa, reitero, de “cada” Poder Ejecutivo (salud, ambiente, agricultura, etc.).
5. Prácticas malsanas. Pero, ojo a vicios recurrentes ilegítimos, ineficaces, y proclives a sendos recursos ante la Sala IV: i) cuídese, doña Laura, de la malsana e ilegítima práctica de nombrar presidentes ejecutivos como ministros sin cartera, ya que siendo subordinados de sus juntas directivas, no pueden actuar como Poder Ejecutivo sobre ellas ni sobre los demás entes del sector pertinente; ii) asimismo, plántese de una vez por todas para que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, no un presidente ejecutivo designado ministro sin cartera por decreto, asuma con ella sin ambigüedades la responsabilidad legal y política plena de rendir cuentas en materia de “pobreza”.
6. Ministros sin cartera ‘excepcionales’. Piense, por otro lado, que nombrar mínimo en Guanacaste, Limón y Puntarenas a un destacado líder regional como “ministro sin cartera” que “tutele" en su nombre los múltiples aportes interinstitucionales, podría dar un mucho mayor impulso a un desarrollo integral en esas tan desatendidas provincias.
7. Mejores prácticas autóctonas. Finalmente, será solo aplicando las “mejores prácticas” que la Segunda República ya le proporciona para actuar como una estadista, lo que evitará que Costa Rica se precipite al noveno círculo del infierno de Dante si la presidenta optara, más bien, por someter al país a la larguísima espera o transición que tomará llegar a esa, repito, inviable y antidemocrática “tercera república”.
jmeonos@ice.co.cr
Johnny Meoño Segura, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Ciencias Gubernativas por la Universidad de Londres; autor de nueve libros y múltiples investigaciones sobre desarrollo; director de Reforma del Estado Mideplán (1976-1984); profesor durante 37 años en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR; consultor en IICA, BID y PNUD, y colaborador de ‘Página Quince’ de ‘La Nación’ desde 1974.
