El presidente Chaves y sus acólitos han sostenido, a lo largo de su mandato, que ellos van a fundar la III República. Ahora, la presidenta electa proclamó, urbi et orbi, que finalmente se fundará y que el cambio será “profundo e irreversible”.
Sin embargo, no dijo expresamente en que consistirá ese cambio, pues los que siempre han pregonado no son susceptibles de realizarse porque nuestro Constituyente fue muy sabio y estableció una cantidad importante de recaudos para evitar que mayorías transitorias antisistema pudieran desmantelar nuestro Estado social y democrático de derecho.
La II República nació en 1948 y, curiosamente, la I fue fundada en 1848, es decir, 100 años antes. Posiblemente, habrá que esperar hasta el 2048 para la fundación de la tercera.
La II República introdujo el Estado social y democrático de derecho, aunque la parte social había empezado con la reforma constitucional de 1943. La Constitución de 1949 la consolidó y la fortaleció notablemente, universalizándola.
¿Cuáles fueron esos cambios institucionales, económicos y políticos que se introdujeron en 1949?
En primer lugar, se rescató –esperamos que para siempre– la libertad de sufragio con la creación de un tribunal electoral que es modelo mundial y ha servido de inspiración a numerosas naciones democráticas de América Latina.
Sabiamente, se racionalizó el Poder Ejecutivo, el cual, en la Constitución de 1871, concentraba excesivos poderes, hasta en materia electoral.
A partir de 1949, tenemos un Poder Ejecutivo limitado no solo por sus propias funciones, sino también por la existencia de instituciones descentralizadas que se encargan de realizar las labores técnicas del Estado; por la autonomía política de que gozan las municipalidades, otrora apéndices del Poder Ejecutivo; por la creación de la Contraloría General de la República como órgano independiente y contralor de la Hacienda Pública; por la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa para velar por la legalidad de la actividad administrativa, y por el fortalecimiento del catálogo de derechos civiles, políticos, sociales y culturales en favor de los habitantes de la República.
Además, se crearon los mecanismos de control político a cargo de la Asamblea Legislativa, que anteriormente no existían. Y, como cereza del pastel, se derogó el ejército como institución permanente.
Este tramado constitucional ha permitido la creación, a lo largo de 70 años, de entidades como ICE, INVU, AYA, IMAS, las redes de cuido, los Ebáis, el TEC, la UNA, la UNED, el bono de la vivienda y el Banco Central dotado de autonomía, entre otros muchos logros institucionales, sociales y económicos.
Gracias a esta concepción del Estado, el país ha progresado y sus habitantes tienen hoy uno de los promedios de vida más largos del mundo (82 años), cuando en 1950, era de solo 50 años.
Posteriormente, en 1989, la Sala Constitucional vino a coronar el Estado de derecho.
La futura presidenta y su gobierno, aunque quisieran, no podrían modificar las líneas basilares de nuestro Estado actual. Veamos: no podrán convocar a una Asamblea Constituyente por medio de un referendo para establecer la reelección presidencial sucesiva, como ocurre con su admirado modelo salvadoreño, además de que, si lo hicieran, la citada reforma constitucional no podría entrar en vigor, pues ya la CIDH dijo que era inconvencional.
Tampoco podían convocar referendos para modificar la Constitución, pues para ello requerirían 38 votos. Por la misma razón, tampoco podrían reformar la Constitución parcialmente a su antojo.
Asimismo, les será imposible modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia, pues, para hacerlo, cuando a los magistrados les venza su respectivo periodo de nombramiento y soliciten su reelección, se requerirían 38 votos de la Asamblea para que dicha reelección no opere automáticamente. Las dos veces que se intentó hacerlo, las respectivas iniciativas fracasaron.
Si no podrán controlar la Corte Plena, tampoco podrán incidir sobre la escogencia de los magistrados del TSE, ni de los nombramientos de fiscal general ni del director del OIJ. Tampoco podrán destituir anticipadamente a la contralora general de la República. Tendrán que esperar el vencimiento de su periodo para nombrar a su sustituto, al igual que en el caso del jerarca de la Defensoría de los Habitantes.
Por tanto, el modelo de III República que promueve el partido gobernante, que hunde sus raíces en el vigente en El Salvador, no es posible en nuestro país en estos momentos, pues, sabiamente, el Constituyente de 1949 estableció mecanismos de control político y jurídico que impiden desmantelar el Estado social y democrático de derecho que consagró. Por tanto, la bukelización del país se archivará; esperamos que para siempre.
Las garantías individuales tampoco podrán ser suspendidas, pues para ello requerirían de 38 votos en la Asamblea y no los tienen.
Además, la suspensión de las garantías en determinados “barrios peligrosos” sería un absurdo lógico e injusto, porque por tratar de controlar a 100 delincuentes, restringirían los derechos constitucionales de los restantes habitantes del caserío, los cuales no podrían ir a trabajar y ni siquiera salir de su casa. Habrase visto tontería más absurda.
Con los 31 diputados que obtuvieron, el partido gobernante solo podrá nombrar el Directorio legislativo y aprobar leyes ordinarias. Posiblemente, si por esta vía pretendieran modificar competencias constitucionales otorgadas a entes de control, como trataron de hacerlo con la CGR en el proyecto de ley jaguar, la Sala Constitucional los pararía en seco por medio de consultas legislativas de constitucionalidad, que, estoy seguro, los partidos de oposición ejercerán en defensa de la II República, sus principios y valores, cuando fuere necesario.
Por tanto, la fundación de la III República es una leyenda imposible de hacer realidad en los próximos años. Lo que sí tendremos será una república de tercera clase.
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Rubén Hernández Valle es abogado constitucionalista.