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Cuando, en octubre de 1979, la revolución triunfante nacionalizó las minas en Nicaragua, el decreto se anunció en Siuna, un poblado de la región del Caribe, delante de una asamblea de mineros misquitos, sumos, creoles y emigrados de la costa del Pacífico, que salieron de las galerías para congregarse en el viejo cine del pueblo. En Siuna, parte del llamado triángulo minero junto con Rosita y Bonanza, funcionaba uno de los planteles más grandes, en manos de la Rosario Mining Company.
Las empresas mineras gozaban bajo la dictadura de Somoza del estatus de enclave que también tenían las bananeras en Centroamérica, situadas por encima de la precaria soberanía nacional, y funcionaban con base en la explotación más inicua, y en la corrupción. En los archivos de la Rosario Mining se hallaron dos expedientes que demostraban la vileza inhumana del negocio del oro:
El récord de trabajo de José Villarreina, un minero misquito muerto de manera instantánea por el golpe de un balde transportador de broza al “sacar la cabeza por donde pasa el balde sin antes asegurarse de que el balde estaba estacionado”. Ya muerto, la empresa le envió una carta de despido:
“Rosita, 13 de julio de 1979. Señor José Villarreina, Presente: De conformidad con (el) (los) inciso (s) N.° 4, art. 115 (del) (de los) (art.) (arts.) (18) (119) del Código del Trabajo, queda Ud. despedido de sus labores de esta empresa, cuyas causas de despido legal son conocidas por Ud. que ha faltado a su contrato de trabajo en esta forma”.
El otro expediente contenía los comprobantes de las coimas que la compañía pagaba al dictador, fundador de la dinastía:
“Se emite el presente cheque a favor del general Anastasio Somoza García, presidente de la República, para pagar la comisión subsidiaria de $10,00 por cada kilo de oro embarcado de julio 1 de 1951 a diciembre 31 de 1951: $10.735.00. Su atento y seguro servidor, T.N. Slaughter, manager”. Unos 135.000 dólares de hoy, cada seis meses.
Como la historia suele ser a veces una serpiente que se enrosca para morderse la cola, aquella vieja historia del oro que dejaba socavones tanto en la tierra como en los pulmones de los mineros que morían de tisis, se repite con creces en Nicaragua, solo que ahora aquellas empresas gringas que, en el lenguaje revolucionario de entonces, simbolizaban el imperialismo explotador, han sido sustituidas por compañías chinas, más depredadoras aún.
La dictadura actual ha entregado, en apenas tres años, mediante concesiones espurias, sin ninguna clase de estudios de impacto ambiental y en violación de las leyes que amparan a las comunidades indígenas, más de 1,3 millones de hectáreas, unos 10.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, a unas 16 compañías chinas salidas de la nada.
Esta área de explotación equivale al 10 por ciento de la superficie de Nicaragua y es más grande que la comunidad de Madrid. O es como si México entregara en una concesión oscura todo el territorio del estado de Morelos; o Argentina, la mitad de la provincia de Tucumán a unas empresas chinas recién creadas que no cotizan en bolsa ni tienen sitios web, una de ellas representada legalmente por un médico herbolario que se llama Fulishu.
Cuando, en 1979, la revolución expropió las minas, las declaró de dominio público. Con el tiempo, volvieron a ser nuevamente empresas privadas. Hoy se confiscan para entregarlas a manos de las compañías chinas, como acaba de ocurrir con la BHMB Mining, de capital estadounidense, para entregarla a la empresa Zhong Fu Development, que ahora es dueña de un área de 1.800 kilómetros cuadrados.
El oro explotado, cada vez más por los chinos, ha pasado a ser el principal producto de exportación de Nicaragua, cerca de 2.000 millones de dólares en 2025, y la paradoja es que su primer mercado es Estados Unidos.
Estas empresas no solo explotan el oro y la plata de los yacimientos nicaragüenses, sino que compran la tierra áurea, que es llevada clandestinamente en sacos a través de la frontera desde Crucitas, en territorio de Costa Rica, un área minera a cielo abierto donde la explotación se halla prohibida por sentencia judicial. Las autoridades costarricenses estiman el valor del contrabando en 125 millones de dólares anuales.
Pero, además, las compañías chinas no solo persiguen la explotación del oro, sino que pretenden también la de otros minerales: cobre, plomo, cobalto, uranio, litio, molibdeno, tungsteno, zinc, cromo y níquel, muchos de los cuales entran en la categoría de estratégicos, como parte de la disputa entre Estados Unidos y China por el dominio tecnológico mundial.
Gran parte de las concesiones chinas se extienden por las selvas de Nicaragua, reservas protegidas de la biosfera, y de la flora y de la fauna, y habitadas por comunidades ancestrales. Ernesto Cardenal habla en uno de sus poemas de El Dorado, que los conquistadores buscaban en las selvas del Amazonas, ansiosos por el oro, “el excremento de los dioses”.
China ha encontrado El Dorado no en el Amazonas, sino en Nicaragua.
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Sergio Ramírez es novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado. Recibió el Premio Carlos Fuentes en 2014 y el Premio Cervantes en 2017. Es fundador del encuentro literario Centroamérica Cuenta.
