Varios cuestionamientos surgieron recientemente debido a que algunas instituciones públicas corrieron a contratar los servicios de la agencia de publicidad del Sinart con anterioridad al 1.° de diciembre pasado, cuando entraron en vigor más rigurosas reglas establecidas en la Ley de Contratación Administrativa. La gravedad de lo señalado amerita una investigación de la Contraloría General de la República.
Las nuevas reglas de contratación administrativa tienen por objeto promover la mayor competencia, más transparencia en las compras públicas y ahorros para el Estado, que en números de la Contraloría significarían al país por lo menos ¢587.000 millones anuales. Para lograrlo se exige un estudio de mercado, un límite del 30 % de los servicios por subcontratar y el uso obligatorio del Sicop.
¿Qué hicieron instituciones como el ICE, la JPS y el AyA? Acelerar procesos o criterios técnicos, algunos de apenas una hoja (AyA). En el caso del ICE se reveló cómo en tiempo récord, el 30 de noviembre del 2022, se elaboraron los criterios técnicos, jurídicos y la certificación de contenido presupuestario para cerrar la contratación con el Sinart.
El caso que más duele, por su vocación social, es el de Junta de Protección Social, dado que la Junta Directiva, contra los criterios técnicos y el análisis costo-beneficio, que evidenciaban que el manejo interno desde el 2008 significó un ahorro del 25 % del presupuesto, procedió a la contratación amparada en “que era una orden de la Casa Presidencial”. Aunque el convenio aún no está en firme, la institución reconoció que están en trámite los últimos detalles.
Para darnos una idea del sobrecosto de esta decisión, tan solo la comisión del Sinart, que es del 8 %, se come ¢287 millones de los recursos destinados a programas sociales.
Mientras el modus operandi de las instituciones fue contratar al Sinart antes del 1.° de diciembre del 2022, esta institución obvió los rigores de la nueva legislación mediante la contratación indefinida a terceros proveedores por demanda, y cerró así el círculo perfecto de evasión de los nuevos controles.
¿Qué significa esto para los costarricenses? Una ruta que privilegia menos fiscalización en la contratación pública, poca transparencia y, lo peor de todo, mayores costos de servicios públicos a costa de nuestros bolsillos.
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