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¿Qué es Centroamérica en el siglo veintiuno? ¿Qué pasa con esta región de medio millón de kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes, volcánica en su geografía y volcánica en su historia política? Poco ha cambiado desde el siglo pasado, cuando la búsqueda de la modernidad democrática se vio frustrada por dictaduras militares, golpes de Estado, intervenciones extranjeras y revoluciones fallidas.
El sistema económico sigue siendo injusto, la distribución de la riqueza no tiene equidad, la pobreza continúa siendo endémica, la clase media se ha empobrecido, el sistema educativo es deficitario, las poblaciones indígenas siguen marginadas, los recursos naturales y el medio ambiente son depredados.
Y los sistemas democráticos, precariamente construidos, ceden frente al impulso renovado del caudillismo autoritario que se presenta bajo vestiduras de izquierda, como en Nicaragua, o de derecha, como en El Salvador. Las migraciones masivas, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y la violencia son ahora actores permanentes del drama. Y la panacea no es construir escuelas, sino megacárceles.
Desde la Independencia, el caudillismo ha sido un animal que esconde a veces el hocico para volverlo a sacar y devorar las instituciones. Por eso perdimos el siglo veinte en términos de institucionalidad y asentamiento de un verdadero Estado de derecho, y hemos entrado en este siglo veintiuno con muchas lecciones aún por aprender, o incógnitas que despejar.
Las cuentas pendientes en la Centroamérica real están a la vista en números rojos: seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, inclusión social, justicia económica, igualdad de género. Fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública, sistemas de salud universales, educación de calidad como palanca imprescindible del desarrollo.
Los gobiernos autoritarios, sean duros o moderados, de derecha o izquierda, no pueden asegurar la convergencia de fortalezas para dar vida a un sistema democrático que genere bienestar. Al contrario, ven la democracia participativa y el pluralismo como un obstáculo a su continuidad en el poder. Y mientras en uno solo de nuestros países la democracia sufra falsificaciones, los demás se verán necesariamente afectados, y continuarán postergadas las ideas de integración económica y política, una panacea reiteradamente derrotada desde la época posterior a la Independencia, cuando fracasó la República Federal.
Los regímenes autoritarios terminan por homogenizar el discurso demagógico de que las instituciones democráticas son el obstáculo para asegurar el orden y la seguridad, y la lucha contra el crimen organizado, desafíos que solo podrían ser enfrentados por hombres fuertes que concentran todo el mando.
Las constituciones políticas centroamericanas han planteado siempre el ideal de sociedad republicana en términos de retórica altisonante que nunca se han correspondido con la realidad. Hoy, en Nicaragua, la nueva Constitución cierra esa distancia e impone en sus artículos una dictadura matrimonial bicéfala, sin pudores ni disimulos, unos copresidentes, marido y mujer, que controlan un ente llamado “la presidencia”, del cual dependen “órganos”, no poderes independientes: el órgano judicial, el legislativo, el electoral; y la policía y el ejército. Un Montesquieu en calzoncillos.
O la dictadura cifrada en bitcoines de Bukele en El Salvador, que ofrece la panacea de la seguridad ciudadana a cambio de la impunidad en el atropello de las libertades públicas, el exilio de periodistas, el dominio sin fisura de las instituciones. Ya van cuatro años de suspensión de las garantías constitucionales, que se decreta de manera surrealista cada mes. El 35% de los miles de prisioneros encerrados en la megacárcel del Cecot en Tecoluca, condenados mediante remedos de juicios, no tenían antecedentes penales.
Es el modelo penitenciario que se quiere aplicar en Costa Rica, y que goza de tanto prestigio que el presidente Rodrigo Chaves, así como el presidente Kast, de Chile, han hecho peregrinajes a la distópica megacárcel.
O la lucha de un gobierno legítimamente electo, como el que preside Bernardo Arévalo en Guatemala, sometido al acoso de una élite corrupta que domina el Poder Judicial, desde el que se atrinchera para conspirar contra la democracia. Más de 50 fiscales y jueces permanecen en el exilio, amenazados con procesos penales orquestados por esas autoridades judiciales descompuestas, que siguen allí por la paradoja de que el gobierno respeta la independencia de poderes.
La vigilancia de las calidades democráticas de los gobiernos centroamericanos y su récord de respeto a los derechos humanos debería ser de interés constante para los países europeos, porque las señales de tendencias autoritarias, que colocan a quienes ostentan el poder por encima de las instituciones, se hacen cada vez más evidentes en Centroamérica.
Aun en medio de las tensiones y conflictos que ocupan la atención política de Europa –el último de ellos, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán–, Centroamérica no debería ser postergada, o ignorada, como no lo hacen ni Rusia ni China.
No hay que olvidar que, frente al deterioro democrático que sufre Estados Unidos y el surgimiento de polos de poder autoritarios en el mundo, Europa, como entidad democrática, se convierte en una referencia crucial, y debería potenciar hacia Centroamérica su propio modelo de pluralidad democrática y convivencia.
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Sergio Ramírez es novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado. Recibió el Premio Carlos Fuentes en 2014 y el Premio Cervantes en 2017. Es fundador del encuentro literario Centroamérica Cuenta.
