Las universidades estatales han cumplido a lo largo de su historia con sus 10 exigencias y mucho más
Juan José Romero Zúñiga
Un nuevo año, una nueva negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Solo que esta vez, de una extraña forma, el gobierno dilató la convocatoria a la Comisión de Enlace, conformada por los representantes de las universidades públicas (UCR,UNA,TEC,UTN y UNED) y del Poder Ejecutivo, encabezado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, junto con los titulares de Hacienda, el Mideplán y el Micitt. Incluso, la Asamblea Legislativa se pronunció al respecto e instó al gobierno a hacer la convocatoria.
El tiempo apremia. La Comisión de Enlace debe alcanzar un acuerdo que permita a las universidades formular sus presupuestos antes del 31 de agosto. El proyecto de presupuesto ordinario de la República deberá ser sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo a más tardar el 1.° de setiembre de cada año, como lo ordena el artículo 178 de la Constitución Política. El margen de maniobra en la negociación, por ende, es muy estrecho y pareciera una jugada adrede.
Los artículos 84, 85, 86 y 87 de la Carta Magna claramente indican la naturaleza de las universidades públicas, así como su fuente de financiamiento: el presupuesto de la República. Además, señalan que el presupuesto del siguiente año no puede ser menor al del actual; incluso, que el Fondo debe ajustarse al valor adquisitivo de la moneda.
Pretender una cosa distinta sería ir contra la ley, tanto quien lo proponga como quien lo acepte. De ese modo, las discusiones de la Comisión de Enlace deberían girar en torno a cuánto más, respecto al presupuesto actual ajustado por el valor adquisitivo de la moneda, debe asignar para el próximo año; ninguna otra cosa.
A la propuesta del Conare, el Ejecutivo respondió con un ofrecimiento que lo reduce casi un 25% de lo otorgado en el 2022; a todas luces, es inconstitucional. Los representantes del Conare, por supuesto, no aceptaron semejante oferta. El dato se filtró a la prensa y esta lo hizo de conocimiento de la opinión pública; como resultado, la discusión abierta se hizo presente en los medios de comunicación.
El trabajo habla por la Universidad
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De forma sorpresiva, el viernes en la tarde, la representación del Ejecutivo en la Comisión de Enlace dio declaraciones, teniendo como vocera a Müller Castro. De forma desafortunada —diría yo—, la ministra expresó que para otorgar el FEES del 2023 se exigirá a las universidades públicas una serie de requisitos; diez para ser exacto.
Curiosamente, esos diez aspectos ya los cumplen, de forma extensa y profunda, las universidades públicas, lo que denota un claro desconocimiento de la titular de Educación de lo que se realiza, de la forma como se hace y los impactos en la sociedad.
Punto y aparte son las desatinadas palabras que pretenden dividir al sector educativo y a la sociedad respecto a lo que se invierte en el MEP y los centros estatales de enseñanza superior.
Müller Castro afirmó: “El MEP atiende a 1,2 millones de niños y jóvenes, mientras en las universidades lo que hay son 115.000 estudiantes, y la necesidad y realidad de unos es muy diferente a la de otros”.
¡Pues claro que son necesidades distintas! Las universidades públicas llevan a cabo más del 90% de la investigación que reporta Costa Rica y lo hace dentro del Plan Nacional de Desarrollo, por tanto, de los objetivos de desarrollo sostenible 2030.
Además, el grado de complejidad de las carreras que se imparten en las universidades públicas es harto elevado y requiere laboratorios especializados, fincas experimentales, instalaciones especiales y recurso humano experto, solo para citar algunos elementos básicos.
Los miles de programas, proyectos y actividades académicas (PPAA) de investigación, docencia, producción y acción social o extensión universitaria, que son los que establecen la diferencia entre las universidades dedicadas solo a la docencia y las que practican la universidad de forma completa e integral, requieren fondos. Las diferencias, en efecto, existen; no hay que ser muy docto para reconocerlas.
Información pública
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Más adelante, Müller Castro pidió a los representantes del Conare “transparencia”, no “engañar a la opinión pública ni a la comunidad estudiantil” y mostrar los datos, incluido el costo por estudiante.
Para comenzar, la transparencia ha sido una constante en las universidades públicas. Todos, absolutamente todos los detalles del quehacer universitario se encuentran en las páginas oficiales de las universidades, hasta los salarios de los funcionarios. Sobra decir que incluso información sobre los estudiantes de cada curso, en cada sede, en cada ciclo lectivo y los detalles de cada PPAA. Son datos públicos y transparentes.
Haré énfasis en una frase que pudo ser una ligereza de la ministra: costo por estudiante. No, ministra, los estudiantes no son un costo; en los estudiantes se invierte, la sociedad invierte, las familias invierten, los mismos estudiantes invierten.
La educación no es un bien suntuario en el que se gasta. Bien reza la frase que dice que la educación es onerosa, pero más cara es la ignorancia. No se trata de reducir los presupuestos de los estamentos de la educación pública para ajustarlos al inconstitucional 6% que se ha estado entregando, sino de subir hasta el 8% que nuestra Carta Magna exige.
Müller Castro y el resto de los representantes del Ejecutivo en la Comisión de Enlace exigen transparencia haciendo un ejercicio de posverdad. Los diez puntos que demandan a las universidades públicas ya se cumplen, y cada día más.
Hacer esas reclamaciones solo se puede explicar desde dos vértices: la ignorancia o el deseo premeditado de faltar a la verdad para lograr un objetivo, por lo demás, espurio y odioso. Ninguna de las dos cosas se ven bien en la ministra de Educación ni en las demás personas que, se supone, representan a todos los que habitamos en este hermoso país.
