Como parte de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), el Gobierno hizo once recomendaciones a las universidades públicas para la distribución y uso de estos recursos. Entre sus recomendaciones está “demostrar, cuantitativamente, el aporte de la inversión en investigación y las acciones sociales”.
Así consta en el documento de la propuesta del Poder Ejecutivo del presupuesto FEES 2023, a cuyo contenido La Nación tuvo acceso y que se presentó este jueves a los rectores, en el segundo encuentro de la llamada Comisión de Enlace.
Según la Universidad de Costa Rica (UCR), “en el país son las universidades públicas las que más invierten en investigación científica”. “La UCR es la principal institución generadora de investigación en el país y en Centroamérica”, se indica en la página web de la UCR.
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El Gobierno realizó esta y otra larga lista de recomendaciones del uso del FEES, “respetando la autonomía universitaria”, según aclaró. También sugiere:
- Desarrollar presupuestos por resultados, alineados al Plan Nacional de de Desarrollo, con una evaluación de alcance de dichos resultados.
-Otorgar becas solamente a los alumnos con necesidades socioeconómicas comprobadas.
−Impartir más carreras en modalidad virtual.
-Optimizar y gestionar los recursos con mayor transparencia, incluyendo su infraestructura.
-Reflejar mayores índices de eficiencia (el costo por estudiante no debe ser un costo anual, sino un costo total por carrera el cual podrá ser distribuido anualmente, manteniendo la duración del estudio dentro de los tiempos estimados desde el inicio para cada carrera).
-Ofrecer más cupos en carreras de alta demanda laboral y con prioridad en sedes regionales.
−Brindar más cupos en programas STEAM ( Ciencias, TEcnologías, Ingeniería y Matemáticas).
−Contar con mayores tasas de empleabilidad de sus egresados, por carrera.
Sobre estas recomendaciones, Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), dijo que las “valoran”, pero que en su mayoría, están contempladas en el Plan de Desarrollo de la Educación Superior (PLANES).
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Otras sugerencias
El Ejecutivo ofreció a las universidades públicas para el 2023, un presupuesto de ¢430.130 millones que cubra a las cinco universidades. O sea, ¢128.000 millones menos que lo recibido en 2022, que fueron ¢522.822 millones más ¢35.376 millones para la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Los rectores de las cinco universidades públicas dijeron que “desde ningún punto de vista” iban a aceptar esa propuesta.
El Ejecutivo recordó a las universidades que ellos no solo cuentan con el FEES como única fuente de ingresos, pues también obtienen recursos de otras fuentes como intereses e inversiones a plazo, cobro de matrícula de grado y posgrado, recargos de matrícula, alquileres de sodas y fotocopiados, convenios, leyes específicas, cánones, registros, licencias, derechos que se cobran a los estudiantes, venta de bienes y servicios (consultorías de vínculo externo).
“Solo en lo va del año 2022 estos recursos agrupan un total de ¢42.317 millones”, se indica en la propuesta.
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Igualmente, señalaron que las universidades cuentan con recursos de periodos anteriores (superávits) producto de la subejecución presupuestaria.
“Durante el año 2021, la ejecución presupuestaria de las universidades fue del 87,5% y el superávit total promedio anual del periodo 2018-2021 fue de ¢128.000 millones, una cuarta parte del FEES más UTN otorgado en 2021″, se explica.
Los representantes estatales enfatizaron en que el límite presupuestario asignado al sector Educación para el año 2023 es de ¢2,7 billones, pero este monto incluye el sistema de Red de Cuido, Cen-Cinái, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) FEES, UTN, y demás instituciones establecidas por ley.
Alegan que ese monto representa el 6,02% del producto interno bruto (PIB), cerca de dos puntos porcentuales por debajo del 8% del PIB establecido constitucionalmente.
“En términos nominales, implica una disminución de ¢916.101 millones, un 25% menos de lo establecido constitucionalmente. El presupuesto destinado a las universidades cubre 125.000 estudiantes cuando el presupuesto del MEP se debe favorecer cerca de 1,2 millones de estudiantes, es decir, la matrícula universitaria equivale a un 10% de la del MEP”, añade el documento de la propuesta.
Conare responde
Frente a los argumentos del Gobierno, el representante de los rectores insistió en que el superávit libre, según liquidaciones presupuestarias en la Contraloría General de la República del año 2021, fue de ¢89.000 millones en el total de las universidades y de Conare, los que, según dijo, sustentan planes de inversión (infraestructura, equipamiento, desarrollo de sistemas y otras inversiones). Por ejemplo, citó, ¢6.500 millones reservados para el desarrollo de la sede interuniversitaria en Alajuela.
“Ese superávit libre incluye el compromiso presupuestario de los proyectos y compras de inversión que pasan de año y se terminan de ejecutar en los siguientes. En realidad, los recursos no ejecutados un año, por medidas de contención del gasto y otras razones, sirven para sustentar los planes de inversión de cada institución” , expresó.
Rodrigo Arias insistió en que son recursos comprometidos por contratos en proceso de formalización o ejecución, pero que si no se han pagado al 31 de diciembre, pasan a ser superávit libre.
Otras razones
En la propuesta gubernamental, que fue entregada y leída a los rectores durante la reunión, los representantes del Ejecutivo, citaron observaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Indicaron que el financiamiento de la educación superior pública actual y de sus aumentos anuales es “insostenible e injusto” y que el uso de los fondos públicos históricamente no ha sido “eficiente ni transparente”.
“Las universidades públicas usan este financiamiento para subsidiar fuertemente la matrícula de manera que los estudiantes pagan un monto muy bajo en las universidades públicas y para ofrecer becas, recibidas por casi la mitad de los estudiantes”, añade el escrito.
Para el Ejecutivo, citando a la OCDE, “es necesaria una reforma significativa en el presupuesto del FEES y en la priorización de los fondos del presupuesto general de educación, con una reducción en el gasto universitario en favor de la inversión en educación preescolar, primaria y secundaria”.