“Presentar la educación pública a la sociedad costarricense como una lucha entre niveles del sistema educativo, donde unos pierden y otros ganan; enfrentar a la educación primaria y media con la educación superior, cuando somos un sector unificado, históricamente vinculado para servir a Costa Rica; es polarizar nuestra sociedad que requiere unir esfuerzos para sacar adelante esta nación”, respondieron los rectores a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, luego de que esta les pidiera “demostrar, cuantitativamente, el aporte de la inversión en investigación y las acciones sociales” de las universidades públicas.
La respuesta del Consejo Nacional de Rectores (Conare) consta en un comunicado de prensa titulado ‘Aportamos al desarrollo del país y no mentimos’, que fue divulgado apenas unas horas después de que el Gobierno planteara 11 recomendaciones a las universidades públicas para la distribución y uso del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), que, según la propuesta del Ejecutivo, se reduciría en ¢128.000 millones para el 2023.
En ese documento es donde se le pide a los centros de estudio demostrar su aporte a investigación y acciones sociales, controlar los salarios universitarios y transparencia. “(Que) no engañen a la opinión ni a la comunidad estudiantil, que muestren datos incluyendo el costo por estudiante y la asignación real en becas”, consta en un pronunciamiento de la ministra de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller.
Además, el Ministerio divulgó un comunicado en el que justifica el recorte del presupuesto universitario para poder financiar a otros sectores como preescolar, primaria o secundaria.
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“Lamentamos las declaraciones de la señora ministra que, lejos de contribuir al proceso de negociación del Fondo de la Educación Superior (FEES 2023), confunden a la opinión pública e intentan deslegitimar el aporte histórico de la educación superior a la sociedad costarricense”.
(...) “Estamos hablando de uno de los sectores más grandes, fuertes y representativos de este país, que acaba de enfrentar las limitaciones impuestas por una pandemia, que se avocó en cuerpo y alma a continuar con los procesos de enseñanza y fomentar la permanencia de nuestros niños y jóvenes en las aulas virtuales, capacitándose, utilizando sus propios recursos personales para ayudar estudiantes que no contaban con equipo tecnológico, agregan los rectores.
En el comunicado, el Conare le recuerda a la ministra que, desde la primera sesión de la comisión de enlace para negociar el FEES, entregaron en dos oficios la información solicitada.
“De la jerarca del sector educación esperamos un discurso donde toda la educación pública sea prioridad, que nos represente y actúe conforme al mandato constitucional del 8% para la educación pública”, añadieron los representantes del Consejo.
Todo este debate ocurre en momentos en los que el Gobierno propuso un presupuesto para el FEES de ¢430.130 millones que cubra a las cinco universidades. O sea, ¢128.000 millones menos que lo recibido en 2022, cuando fueron ¢522.822 millones, más ¢35.376 millones para la Universidad Técnica Nacional (UTN).
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“Ajuste equitativo”
Según el documento presentado por el Ejecutivo, del cual tuvo fotos La Nación, de no hacer lo que ellos consideran “ajuste equitativo” del presupuesto para el sector educativo, el “Ministerio de Educación Pública se vería limitado para brindar servicios” a estudiantes que asisten a preescolar, primaria y secundaria en recursos como becas, comedores y transporte.
Al plantear la pregunta de “¿a quién le damos más quitándole al otro?”, Müller recordó que la Constitución Política reconoce un solo presupuesto para el sector educación. Este se distribuye entre educación preescolar y básica, media y universitaria, así como en programas como los Cen Cinai, la Red de Cuido y otras 50 instituciones.
Señaló que las escuelas y colegios tienen un deterioro físico sin precedentes, los maestros trabajan con las uñas y planteó robustecer la educación básica. “El Ministerio de Educación Pública (MEP) atiende a 1,2 millones de niños y jóvenes, mientras las universidades públicas atienden, aproximadamente, 125.000 estudiantes y la necesidad y realidad de unos es muy diferente a la de otros”, comparó.
Müller realizó luego una serie de recomendaciones, entre ellas un aumento en las becas para regiones con mayores desigualdades, subir los cupos de carreras de Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas, y controlar la equidad en los salarios “abusivos” y que se sujeten a la reforma al empleo público que establecerá un salario global en el Estado.
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Uno a uno, el Conare respondió las sugerencias del Gobierno:
- El 63% de los 140.000 estudiantes que cursaron estudios universitarios en 2021, contaron con un tipo de beca. El 80% de ese grupo provenían de la periferia del país.
- Desarrollo de carreras en Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas, pero que también forman estudiantes en Ciencias Sociales, de la Salud, Arte, Educación y Administración, “imprescindibles en la construcción de una sociedad heterogénea”.
- Cumplimiento con la regulaciones salariales impuestas por la reforma tributaria del 2018 y con la regla fiscal que establece un tope al crecimiento del gasto. Del mismo modo, se comprometen a cumplir con la reforma al empleo público que entra a regir en 2023.
- Desde antes de la covid-19, añaden, han desarrollando modalidades de carreras con plataformas tecnológicas, que facilitaron la continuidad del servicio y el aumento de la matrícula estudiantil.
- Admiten que la Universidad Técnica Nacional (UTN) sea parte del FEES, pero “con el traslado de los recursos asegurados desde el MEP”.
- Todos los programas de investigación y extensión están vinculados al Plan Nacional de la Educación Superior y al Plan Nacional de Desarrollo. “Más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas”, indican.
- Trabajan en fortalecer el bilingüismo en las universidades, pero también fuera de ellas.
- El 67% de los estudiantes son, en sus familias, los primeros en ingresar a la educación superior. Más del 80% provienen de colegios públicos.
- El 94% de las personas graduadas de las universidades públicas cuenta con empleo.
