¿Ha pensado el lector si en el 2026 habrá una opción correctiva que evite hundirnos y más bien se retome el norte productivo y solidario plasmado en el artículo constitucional 50 (la cereza de nuestro Régimen Social)?
Insisto hoy, con mi última pizca de ingenuidad cívica, en conceptos fundamentales que, por haber sido ignorados durante décadas, han impedido elegir con una elemental sabiduría popular a los presidentes –y estos, a su gabinete– y a los 57 legisladores para que lleguen sólidamente preparados a enderezar de inmediato nuestra cada vez más chueca institucionalidad y resuelva en serio y como conjunto, las necesidades socioeconómicas que justificaron su creación.
Tal grado de mediocridad sociopolítica sigue dándose hoy: diagnósticos descontextualizados, propuestas mesiánicas, “decálogos de liderazgo” de inspiración foránea, sin acatar nadie que ha sido esa estridencia vacía la que ha alimentado el pesimismo anómico que llevó al actual marasmo sociopolítico.
Reitero que existe un decálogo del estadista y para la excelencia interinstitucional consagrado en la Constitución. No hay que esperar a que un costoso experto foráneo o la OCDE algún día lo descubran y nos “aconsejen”... ya con la nave hundida.
Veamos algunos de los temas cruciales nunca debatidos que han propiciado tanta mediocridad electiva.
1. ¿Conocen el aspirante presidencial, todo elector y nuestros más conspicuos periodistas y editorialistas, el simplísimo marco superior para el excelente gobierno, sobre todo los artículos 11 (principio de legalidad) y 140.3 y .8 (velar el presidente con cada ministro por el exacto cumplimiento de las leyes... y por el buen funcionamiento de cada ramo o sector), más toda la Ley 5525 de planificación nacional y, al menos, los artículos 27.1, 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública? Levanten la mano los que saben que estos últimos, permiten la (nunca aplicada) destitución de juntas directivas de autónomas por incumplimiento injustificado de directrices gubernativas...
¿Negaría alguien que estamos ante una partitura superior para que ministros y presidente actúen como los estadistas o líderes movilizadores –y, por supuesto, para que rindan cuentas precisas por ello– del ministerio y de los varios entes autónomos bajo su tutela política personal, no abstracta, así como para lograr su aterrizada proyección territorial? Y, ¿entienden todos que es esta proyección regional interinstitucional (también desatendida por casi todo gobierno) la llamada a generar el verdadero desarrollo de toda provincia y, por ende, del país? Símil: ¿se entiende que Limón no es solo Japdeva?
2. Y, ¿cree alguien que un presidente serio podrá erradicar la mediocridad conductiva aceptada como normal en este país, confiando a una empresa privada el reclutamiento de tales obligados estadistas ministeriales?
3. ¿Saben, además, que lo que dicho Poder Ejecutivo no pueda lograr de las autónomas (bancos incluidos) para su actuar armónico vía decreto ejecutivo, puede lograrlo vía dirección y directrices según aquella LGAP?
4. ¿Entienden que lo anterior exige que todo partido reconozca explícitamente si los resultados deficientes logrados hasta ahora por ministerios y entes tal y como la evidencia empírica muestra, se han dado i) por no aplicarse aquella partitura para una conducción o gerencia política eficaz, o ii) por el doloso incumplimiento de leyes aún válidas, o iii) por desactualización real de estas, en cuyo caso los partidos deben precisar las reformas legales pertinentes?
5. ¿Llegarán los nuevos legisladores (p. ejm.: los Villalta y Gordienko) y sus asesores preparados para ejercer por primera vez un control político integral sobre “cada” Poder Ejecutivo y “sus” grupos de instituciones en cada sector, lo cual exige contar –también por primera vez– con el auxilio obligado y oportuno de Contraloría y Defensoría? ¿Y por qué no, organizarse sobre todo los legisladores de oposición como ministros sombra sectoriales, pero no según el ridículo fiasco del PLN y el PUSC de hace unos años?
Ello, a la vez, sustentaría que las interpelaciones y la eventual censura a ministros según artículo 121.24, fundamenten con pelos y señales los incumplimientos precisos de deberes según artículo 149 numeral 6, o sea, aquellos que ocurran “… cuando, por acción u omisión, viole el Poder Ejecutivo alguna ley expresa”.
6. Y: ¿quiénes saben que las leyes orgánicas de ministerios y entes así como la LOA, Fodea, Fundamental de Educación, General de Salud, Código de Niñez y Adolescencia, Simplificación de Trámites, Planificación Urbana y otras, son las que en pleno derecho ya definen las principales “políticas de Estado” de largo plazo? O sea, el visionario modelo-país que ni especialistas, ni Mideplán, ni partido político alguno, nunca han logrado –o querido– reconocer.
7. ¿Tienen claridad candidatos, electores y periodistas de que nombrar presidentes ejecutivos como ministros sin cartera está prohibido en la propia Ley 5507 de 1974 y en la Constitución, artículo 143, además de lo inaudito de que un presidente ejecutivo sea “rector” sobre una junta directiva de la que es a la vez subordinado? Siendo esto una práctica ilegítima, corrupta y disfuncional: ¿la seguirán propiciando quienes lleguen a la presidencia y a la Asamblea?
8. De precaria urgencia: ¿saben que el responsable de la formidable y determinativa “lucha contra la pobreza” es el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el presidente, pero que nunca la Defensoría, ni la Contraloría, ni ningún diputado, ni el propio Ministerio Público, ni la prensa, ni grupo alguno se han incomodado ante la descarada y doble transgresión presidencial de pasar por decreto a un presidente ejecutivo esta mayúscula competencia asignada por ley al ministro de Trabajo?
Peor aún: ¿alguna vez alguien ha responsabilizado al presidente con dicho ministro –o inclusive, en esta contorsión jurídica de facto, al presidente ejecutivo del IMAS– por el doloso y craso fracaso en esta “lucha” sin visible fin?
9. ¿Saben que la Ley 5525 de planificación nacional, apalancada por la 6227, estableció un sistema de ministerios y autónomas que, bajo la conducción del presidente, debía funcionar como un reloj por sectores y regiones? Y, ¿que son Mideplán y su ministro –no el de la Presidencia– los órganos estratégicos llamados a impulsar el desempeño eficaz de esa institucionalidad, así como lograr una masiva pero ordenada participación civil y de municipalidades en esos mismos ámbitos y, con ello, posibilitar la negociación y concertación, en tiempo real, de aterrizadas y viables políticas y “planes de desarrollo”?
10. ¿Saben que la corrupción en grande en las autónomas arrancó en 1974, con el régimen de presidencias ejecutivas, así como fue reinstalada en los ministerios con la mal habida reforma al artículo 4 del Estatuto del Servicio Civil en 1998, pues transformó en puestos de “confianza” –al contrario de la formidable experiencia europea con burocracias meritocráticas al servicio del pueblo– a toda jefatura dependiente de ministro y viceministros?
¿Eliminarían los candidatos “a todo”, si llegan, estos dos enormes desafueros propios de una república bananera para retomar la senda del mérito y la decencia en una carrera pública que esté al servicio de los habitantes, no de partidos políticos?
Conclusión. Hundirse o resurgir: ¿creen los candidatos que aplicar estos protocolos de conducción gubernativa que no estamos inventando, nos acercaría al ideal de país productivo y de bienestar que ordena el artículo 50 de la Constitución?
O, ¿más bien creen que el Constituyente se “embarcó” por desconocer la cultura política errática, tóxica e irreverente del tico y que, por ende, lo “más cool” ahora sería cambiar nuestra “obsoleta” Constitución por un estatuto configurativo de alguna exitosa y desregulada corporación multinacional, como casi sugirió un vicepresidente hace años después de una encerrona? O ¿cambiarlas por un Estado autocrático como el que propician irresponsablemente el actual presidente y sus irreverentes acólitos y candidatos “a todo”?
En suma: si el TSE y los medios rehúsan reconocer y rescatar estos atributos superiores, quizás muchos electores informados puedan evitar el despeñadero que se consolidará de seguir prevaleciendo, gane quien gane, este estúpido e insensato desinterés por la obligada y transparente conducción eficaz de nuestra “cosa pública”…
Para refutaciones o debates en serio, mi chinamo está abierto 24/7...
jmeonos@ice.co.cr
Johnny Meoño, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Ciencias Gubernativas por la Universidad de Londres; autor de nueve libros y múltiples investigaciones sobre desarrollo; director de Reforma del Estado Mideplán (1976-1984); profesor durante 37 años en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR; consultor en IICA, BID y PNUD, y colaborador de ‘Página Quince’ de ‘La Nación’ desde 1974.