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Durante la presente década, Costa Rica ha logrado materializar importantes inversiones en sectores como carreteras, puertos y aeropuertos, como parte del esfuerzo por cerrar la brecha en infraestructura. Pero es un hecho que el contar con una red de infraestructuras de primer nivel requiere de un esfuerzo sostenido en el mediano y largo plazo.
En este contexto y a la luz del debate electoral, es importante poner sobre la mesa siete elementos técnicos determinantes para garantizar que se cuente con servicios públicos que impulsen la competitividad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
1. Continuidad de los proyectos
El país requiere que las iniciativas formen parte de una política de Estado que garantice la continuidad, independientemente del gobierno de turno. En este sentido, las decisiones en torno a los proyectos deben tomarse con base en criterios técnicos y no en discusiones al calor del debate político. Proyectos como el tren eléctrico, la carretera a San Ramón, Limonal-Barranca, y la carretera a San Carlos, entre otros, deben continuarse con seriedad y disciplina técnica. En obra pública, es imposible que, en escasos cuatro años, se planifique y ejecute un proyecto. Se requiere por ello de una visión país.
2. La preparación es clave
Una política de Estado implica que los gobiernos no solamente sean evaluados por inauguraciones, sino también por el avance de factibilidades, el inicio a tiempo de los procesos expropiatorios, la relocalización de servicios públicos y obtención de permisos necesarios, para que los proyectos puedan ejecutarse en los años siguientes sin inconvenientes.
Por ello, debemos evitar también el espejismo de atajos o caminos rápidos, cuando la experiencia nos ha demostrado que terminamos esperando muchísimos años más. Adicionalmente, debemos capitalizar las lecciones aprendidas y tener presentes los cuantiosos sobrecostos y atrasos que hemos sufrido cuando improvisamos y apresuramos por consideraciones políticas la ejecución de proyectos.
3. El proyecto no termina con la inauguración
Como parte de esta visión de mediano y largo plazo, el mantenimiento y operación deben ser elementos que se programen desde el inicio de toda obra, pues despreciarlos equivale a heredar mayores problemas a las futuras generaciones.
De poco sirve considerarlos en los estudios de factibilidad si en su ejecución se dejan de lado comprometiendo el servicio y, por ende, la generación de beneficios socioeconómicos. Pero no se trata solamente de garantizar la funcionalidad de la infraestructura, sino también de generar un entorno compatible con un país de renta alta. Un cambio cultural donde, por ejemplo, se normalice que las carreteras estén siempre demarcadas y señalizadas, semáforos en buen estado y adecuadamente ubicados, donde la colocación de sobrecapas de asfalto se haga con el cuidado de no terminar generando excesos de material que dañan los caños y el entorno, y procurar que puentes, pasos a desnivel y otras estructuras se mantengan siempre limpias y adecuadamente protegidas contra el deterioro.
Esta necesidad de orden se da, igualmente, en otros sectores como las redes de telecomunicaciones y la publicidad adyacente a las vías públicas.
4. Infraestructura orientada a resultados
Este cambio de paradigma implica, además, el dejar de lado la construcción como única medida de avance, para pasar a una selección de inversiones orientada a resultados. Esto sucede, por ejemplo en el sector transporte, donde se ha priorizado históricamente la construcción de carreteras como un objetivo en sí mismo, sin necesariamente considerar si esta es, en cada caso, la forma más efectiva y eficiente de reducir los tiempos de traslado de las personas o de garantizar que la producción se movilice en menor tiempo hacia los puntos de exportación.
En esta orientación a resultados, toman mayor preponderancia los usuarios en la toma de decisiones de inversión en infraestructura. Al final de cuentas, lo importante es la mejora en el servicio público y no cuánto se ha inaugurado.
5. Optimizar el uso del financiamiento
Ahora bien, en lo que respecta a la forma de financiar los nuevos proyectos o ampliaciones, es importante que siempre se considere el evaluar el potencial de ser implementados bajo esquemas de asociación público-privada (APP) permitiendo complementar el esfuerzo presupuestario del Estado. Y es que además de permitir canalizar financiamiento, las APP permiten trasladar riesgos y responsabilidades al sector privado, garantizando el adecuado mantenimiento y operación de la infraestructura en el largo plazo. Eso sí, es importante que cuando se recurre a esquemas alternativos, se haga con el cuidado necesario para procurar que el proyecto sea viable para los inversionistas privados, pero siempre bajo condiciones contractuales que no impliquen un costo desproporcionado para el Estado y los usuarios del servicio.
6. Entender el rol de los fondos de pensión
Modelos como las APP u otros esquemas tradicionales de mercado de valores permiten atraer recursos de inversionistas institucionales como los fondos de pensión. En este sentido, recordemos que estos participan de manera pasiva con el objetivo de obtener un rendimiento asegurándose que estos sean repagados de manera íntegra, porque así como los bancos representan a sus ahorrantes, los fondos de pensión representan a sus cotizantes y la expectativa de estos es contar con dichos recursos en su jubilación.
Por ello, debemos tener mucho cuidado con la frase “utilicemos los recursos de las pensiones para infraestructura” y tener claro que les corresponde a los concesionarios asumir los riesgos de los proyectos (no a los fondos), y al Estado crear las condiciones idóneas para generar una sólida cartera de proyectos y un entorno de inversión confiable.
7. Transparencia y conflictos de interés
Ahora bien, todas las buenas prácticas técnicas serían irrelevantes si no se toman medidas que garanticen la transparencia y procuren generar y consolidar la confianza de los ciudadanos. Además de garantizar el acceso a la información, es necesario limitar los conflictos de interés, evitando que particulares asesoren al sector público por la mañana y a una empresa privada vinculada por la tarde. Asimismo, es importante que una vez que se ejecuten proyectos, se contraste contra lo proyectado en los estudios de factibilidad, para evaluar si hubo desviaciones en costos y tiempos y así poder precisar los elementos por mejorar en futuras inversiones públicas.
Es tarea de todos participar en la solución a los retos en infraestructura, por lo que es necesario un llamado a una discusión de altura basada en criterios técnicos y visión de largo plazo.
Federico Villalobos Carballo es economista especializado en Infraestructura
