Malabares trágicos de Maduro

El plan A falló, y no porque no se descalificaran candidaturas a diestra y siniestra, sino porque la oposición le hizo una astuta jugada. Cuando a pocas horas de vencer el plazo de inscripción el régimen descalificó a la líder principal, seguro de que no tendrían tiempo de poner una nueva ficha, los opositores se pusieron de acuerdo y escogieron a una persona inesperada, Edmundo González, que el oficialismo ya no pudo inhabilitar. Fatal para Maduro: tendría que disputar una elección.

Entonces empezó el plan B, que consistía en comprar una parte del electorado con ayudas y subsidios, y amedrentar a la otra parte, para que no llegara a votar. El plan se fue a la basura, pues todos los sondeos, incluidos los del gobierno, mostraron que perdería por paliza. Le tocó virar hacia el plan C: que, luego de cerrar las urnas, la máxima autoridad electoral publicara cualquier cifra que dijera que Maduro había ganado, sin más respaldo que el dicho, pues el régimen retendría la evidencia material del fraude cometido. Así, no habría otra que reconocer la reelección del hombre. El plan C se “chispoteó” cuando la oposición, mediante una operación muy bien ejecutada, recopiló y publicó las actas de la mayoría de las juntas electorales y casi nadie reconoció a Maduro como presidente. Quedó aislado.

El plan D es entonces en el que estamos: mantenerse en el poder a la brava y esperar que el control del Estado y la represión impongan la política de los hechos consumados. Es el “me quedo porque me quedo y a ver quién me saca”. Con esta movida, los costos de una eventual transición política subieron dramáticamente: no la cancela, pero la complica. El régimen incita a una confrontación violenta, pero se encuentra en un callejón sin salida, presidiendo un país arruinado. Ahora, la oposición tiene el imperativo de la resiliencia, para no caer en el fallido intento del “gobierno legítimo” de Guaidó, y debe seguir manteniendo el régimen a la defensiva, obligándolo a la negociación que no quiere. Danza macabra.

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El autor es sociólogo, director del Programa Estado de la Nación.