La señora presidenta electa puso nuevamente de moda la discusión sobre el concepto de Segunda República, al hablar de que fundaría una tercera.
Y escribo “nuevamente”, porque sobre Tercera República se habla desde la década de 1970, cuando políticos como el mismo José Figueres (1906-1990) mencionaban una nueva Constitución o la posibilidad de dar poderes especiales al Ejecutivo para producir decretos-ley.
No obstante que existe una generalización en la idea de que una segunda república fue fundada en 1948, por razones históricas se puede argumentar que el uso de ese concepto fue un abuso, como también lo es hoy hablar de la fundación de una tercera república.
El origen
La primera vez que José Figueres utilizó el término fue en un discurso que dio el 21 de mayo de 1944, al retornar a Costa Rica después de vivir su exilio en México.
Desde las oficinas del Diario de Costa Rica, Figueres dijo a una multitud: “Yo juro que algún día, sea dentro de meses o de años, al levantarse el sol sobre el oriente patrio, volverá alumbrar, para regocijo nuestro y para aliento de las demás naciones, el espectáculo grandioso de la Segunda República de Costa Rica”.
En México, Figueres tuvo contacto con exilados republicanos españoles, por lo que, muy probablemente, acogió el término “segunda república” de la experiencia democrática que, en 1931, sustituyó en España el reinado de Alfonso XIII, pero sucumbió en 1939.
A partir de su regreso al país, Figueres insistió en que cuando cayera el régimen llamado por la oposición como caldero-comunista, vendría la fundación de esa nueva república, a pesar de que, en el caso costarricense, la nación no volvió a estar bajo el poder de testas coronadas desde su Independencia, en 1821.
A finales de marzo de 1948, en plena guerra civil, a través de una estación de radio clandestina, Figueres dio a conocer un manifiesto en el cual prometió que tomaría el poder para fundar la Segunda República.
Las fuerzas de Figueres entraron a San José cuando la guerra terminó. El 28 de abril de 1948 organizaron un desfile por las calles de la capital para celebrar públicamente su triunfo.
Cuando el desfile pasó por el Diario de Costa Rica, Otilio Ulate, candidato de la oposición en las anuladas elecciones de febrero de 1948, apareció de repente y se unió a la marcha, que llegó hasta La Sabana.
Unos días antes, don Pepe reveló que no pensaba darle el poder a Ulate inmediatamente y, en su lugar, una Junta iba a gobernar el país por un periodo de transición para hacer cambios administrativos, purgar al gobierno de la herencia de los “ocho años” y establecer las bases para la fundación de la Segunda República.
Figueres justificó esa decisión con la idea de que las armas le habían dado la victoria a la oposición, pero solo la ley les podría dar la “libertad”. La Junta necesitaba preparar la nueva Costa Rica en la cual el ideal sería “el mayor bienestar para el mayor número”.
Ni a Ulate ni a sus seguidores les hizo gracia el gobierno de una junta; de hecho, Emma Gamboa organizó una marcha en apoyo a Ulate el 1.º de mayo de 1948.
Esa protesta hizo que Figueres buscara un acuerdo. Así, el mismo día de la marcha, Figueres y Ulate se reunieron y firmaron el llamado Pacto Figueres-Ulate, un documento que permitió a la Junta gobernar el país por 18 meses, con una extensión de seis meses más, si fuera necesario.
Este pacto incluyó un llamado a elecciones en diciembre de 1948, para elegir los diputados de una Asamblea Constituyente, la cual se encargaría de escribir una nueva Constitución.
Como parte del pacto, la Junta reconoció la elección de Ulate como presidente de Costa Rica, pero gobernaría una vez que la Junta terminara su periodo.
El final de la ‘revolución’
Durante los primeros meses de gobierno de la Junta, un grupo de talentosos jóvenes profesionales del Partido Social Demócrata (PSD) intentaron difundir las ideas sobre las cuales se fundamentaría esa Segunda República.
Su principal meta era lograr pasar el borrador de Constitución Política elaborado por algunos de ellos, a solicitud de la Junta.
Soñaban con la aprobación de aquel proyecto sin muchas reformas, pues consideraban que su “revolución” dependía de que existiera una constitución “distinta de todas” las que había tenido el país.
El temor de los figueristas era que se retomara la Constitución Política de 1871, por lo que salieron al paso de esa idea al argumentar que esa carta estaba “fuera de nuestro tiempo”.
Incluso, en su periódico El Social Demócrata, al echar mano del desprestigio público que se hacía del doctor Calderón Guardia como “traidor a la patria”, llegaron a asegurar que si se retomaba la Constitución de 1871, “volveríamos a la Costa Rica de Calderón Guardia”.
Las elecciones a la Constituyente se realizaron el 8 de diciembre de 1948 y el principal ganador fue el partido de Ulate, que obtuvo 34 de 45 diputados, mientras que el PSD solo obtuvo cuatro.
En la Constituyente, los diputados del PSD argumentaron que un golpe al proyecto constitucional de la Junta sería echar por la borda todo el sacrificio del ayer.
Por eso, al conmemorarse un año del levantamiento del Ejército de Liberación Nacional, subrayaron que “se peleó por algo grande, por algo profundo que ha de transformar a esta patria” y para exigir “en nombre de los muertos caídos y los sacrificios sin cuento que nos costó la victoria, que no se intente volver a la vieja Costa Rica”.
Según ellos, “los vicios de esa patria habrán de hundirse junto con la Constitución anticuada que los cobijó”.
Al presentar su borrador de proyecto constitucional a la Asamblea Constituyente, la Junta de Gobierno lo llamó un “proyecto maravilloso” y asumió que los constituyentes lo tomarían muy fuertemente en consideración.
El 1.° de febrero, la Asamblea Constituyente votó para formar una comisión que estudiara el proyecto recomendado por la Junta.
El 21 de marzo, esa comisión emitió dos dictámenes: uno de mayoría, que aconsejó restituir “la vigencia total de la Constitución de 1871”, y uno de minoría, que recomendó discutir el proyecto constitucional de la Junta con algunas recomendaciones y enmiendas.
El dictamen de mayoría había indicado que el proyecto constitucional de la Junta contenía “teorías extremas” que no eran “la expresión del sentimiento nacional” ni representaban “la voluntad o el querer de la mayoría de costarricenses”.
El 8 de abril de 1949, la Constituyente votó a favor del dictamen de mayoría, que fue apoyado por 24 votos, mientras que lo rechazaron 21 votos. Por tres votos, la Junta y los diputados del PSD vieron hacerse aguas su “revolución”.
david.diaz@ucr.ac.cr
David Díaz Arias es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).