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Los costos de tener un poder judicial parcializado en EE. UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos es conocida como la Corte de Trump porque los tres nombramientos del expresidente consolidaron una mayoría de extrema derecha

En su período de funcionamiento más reciente, la Corte Suprema estadounidense dictaminó sentencias significativas y polémicas acerca de los derechos de aborto, posesión de armas de fuego, protección del medioambiente, migración y separación entre Iglesia y Estado.

Más allá de lo chocante de las decisiones, el tono agresivo de la mayoría y su abierta adopción de teorías ideológicas muy alejadas de lo común en el sistema judicial ha hecho sonar las alarmas.

Por diseño, la Constitución de EE. UU. hizo del poder judicial la rama de gobierno más independiente, dando a sus jueces —que son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado— un mandato de por vida. La idea era crear un sistema judicial en el que jueces imparciales atendieran casos en sus audiencias y tomaran decisiones finales basándose únicamente en los méritos de las causas.

Pero la Corte de Trump —llamada así porque los tres nombramientos del expresidente consolidaron una mayoría de extrema derecha— está a mucha distancia de eso.

Más que funcionar independientemente, la Corte se allana a una minoría militante de estadounidenses y a poderosos intereses corporativos. Y, lejos de estar aislados de la política, los jueces ultraderechistas lideran una tendencia más amplia en que jueces y Cortes inciden cada vez más en asuntos de determinación de políticas y guerras culturales, además de ofrecer un segundo frente para proteger al poder corporativo.

El último período de la Corte demostró el efecto desolador que los jueces no elegidos, no sujetos a rendiciones de cuentas y altamente ideologizados tienen sobre las vidas de millones de estadounidenses: revirtieron Roe v. Wade, sentencia de hace casi medio siglo, con lo que se permitió la prohibición del aborto por parte de los estados, despojando de sus derechos a 40 millones de mujeres (y afectando indirectamente a todos).

No se trata de una revocación de derechos hipotética: decenas de estados ya tenían listas las llamadas “leyes de activación”, prohibiciones y restricciones severas preparadas para entrar en vigencia inmediatamente después de la decisión.

Y, en un caso que implica leyes sobre seguridad en el manejo de armas de fuego, los jueces desecharon normas razonables de portación de este tipo de armas, que se aplicaban a aproximadamente un cuarto de la población, abriendo las puertas a un asalto legal más general con respecto a este problema en tiempos de un gran aumento de los tiroteos masivos, entre los que se cuentan masacres en escuelas.

Entonces, justo antes de entrar en su período de receso, la Corte limitó gravemente la autoridad normativa de la Agencia de Protección Ambiental, cuando los crecientes costos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes.

Pero quizás lo peor de todo es que la Corte anunció que pronto vería un caso que podría validar la teoría, desestabilizadora de la democracia, de que las legislaturas estatales podrían ignorar los resultados electorales al nominar electores presidenciales.

Los dictámenes de la Corte están desfasados, no solo con décadas de precedentes, sino también con el público estadounidense. Apenas un 14% de los estadounidenses quiere leyes de armas de fuego menos estrictas que la última sentencia de la Corte al respecto, y dos tercios se oponen a la decisión de revocar Roe. Más aún, hay sólidas mayorías que apoyan “políticas para abordar el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero”.

La concreción de los objetivos de políticas conservadoras, largamente buscados, desmedra la legitimidad de la Corte: un apabullante 61% de los votantes expresan tener poca o ninguna confianza en ella.

La reportera de la Corte Suprema y ganadora del Premio Pulitzer Linda Greenhouse lo dijo así (mirando directamente a los jueces): “Acaban de terminar con la legitimidad de la Corte en la que tienen el privilegio de permanecer el resto de sus vidas”.

Tampoco este problema se limita a la Corte Suprema. Tras haber sido abarrotada con personeros nombrados por Trump, las Cortes federales estatales están desbocadas, alistando los casos políticamente motivados que han permitido a la Corte Suprema hacer tanto daño, y a veces yendo incluso más allá que esta.

Por ejemplo, en Florida, un juez instalado por Trump —a quien el Colegio Estadounidense de Abogados había previamente categorizado como “no cualificado”— anuló la orden nacional de uso de mascarillas en el transporte público, a pesar de que la ley que rige a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades claramente autoriza a esta entidad a imponer esta medida.

En Luisiana, otro juez nombrado por Trump obstaculizó seriamente una crucial iniciativa federal para abordar el cambio climático, que incluye el costo social del carbono en la toma de decisiones ejecutivas. Y la lista sigue.

La actual composición del poder judicial federal se planificando por largo tiempo. Trump tercerizó públicamente el proceso de selección judicial en activistas legales conservadores, y el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, se aseguró de que los nombramientos se confirmaran con rapidez.

Puesto que ve a las Cortes como un contrapeso clave de las administraciones demócratas, procura persistentemente moldear el poder judicial para que bloquee políticas progresistas populares. Al hacerlo, también causa un retroceso de avances fundamentales para hacer de la Corte federal una entidad más diversa e inclusiva en cuanto a raza, género, educación y profesión.

A pesar de que Trump perdió el voto popular en el 2016 y ostentó el cargo durante apenas cuatro años, más de un cuarto de los jueces federales actuales fueron nombrados por él. E incluso aunque estos jueces tienden a ser más ideológicamente conservadores, jóvenes y menos experimentados que el resto de sus pares, inmediatamente se pusieron a dictar sentencias de peso, muchas de las cuales son criticadas por carentes de sustento legal.

Estos jueces fueron confirmados por una estrecha mayoría en el Senado republicano que representaba apenas a un 44% de la población de ese momento. Mediante la cínica manipulación de las normas y procedimientos senatoriales, los republicanos han logrado una traba en la Corte Suprema que podría durar décadas, poniendo al país en el camino de una versión extrema de un gobierno de minoría.

Moldear al poder judicial para asegurar poder de las corporaciones y resultados ideológicos impopulares de derechas es una fórmula ya utilizada por distintos gobiernos autoritarios. Un caso ilustrativo es Hungría bajo el primer ministro Viktor Orbán, cuyo régimen llenó la Corte Suprema húngara con jueves de su preferencia y obligó a 400 jueces a jubilarse.

No se equivoquen: esta nueva forma de supremacía judicial es una amenaza fundamental tanto para la democracia como para el imperio de la ley. Los jueces y juezas no deben actuar como superlegisladores. Si Estados Unidos deja de contar con un poder judicial libre, justo e independiente que actúe dentro de los límites de sus atribuciones y se adhiera a las normas democráticas, será difícil ver cómo podrá hacer que otros actores del mundo rindan cuentas sobre sus acciones.

Una casa dividida no puede mantenerse en pie, como tampoco puede encarar los crecientes ataques autoritarios contra los derechos humanos y la democracia en todo el planeta.

Laleh Ispahani es codirectora de Open Society Foundations-US.

© Project Syndicate 1995–2022

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