EscucharNUEVA YORK – La decisión de empezar una familia es una de las elecciones más importantes que puede hacer una persona. También es un derecho humano fundamental; solo los adultos, en forma individual, deberían poder decidir si quieren tener hijos, cuándo y con qué frecuencia. Sin embargo, para millones de personas en todo el mundo este derecho sigue sin ser realidad.
En los países en desarrollo hay más de 200 millones de mujeres que quieren postergar o evitar el embarazo, pero no usan anticonceptivos modernos. Las mujeres pobres, con menos educación o residentes de áreas rurales enfrentan enormes obstáculos económicos, culturales e institucionales al control de la natalidad, y en su desesperación suelen apelar a métodos de prevención del embarazo peligrosos. Si las mujeres tuvieran acceso universal a información y servicios relacionados con la planificación familiar voluntaria, se evitarían hasta tres de cada cuatro muertes maternas y hasta un quinto de las muertes infantiles.
Pero la planificación familiar no solo salva vidas, también reduce costos. Por cada dólar que se invierte en servicios de salud reproductiva, se ahorran $2,20 en costos sanitarios relacionados con el embarazo. Además, postergar la maternidad permite a las mujeres participar en la fuerza laboral remunerada por más tiempo, estimulando así la economía y la prosperidad de las comunidades pobres.
Algunos gobiernos ya se dieron cuenta de estos beneficios y están asignando fondos en respuesta. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Tailandia aumentó su presupuesto para planificación familiar, sobre la base de que el gasto adicional ahora reducirá costos sanitarios más tarde.
La evaluación de las autoridades tailandesas es correcta: cuando los países en desarrollo hacen inversiones que empoderan a los jóvenes para iniciar una familia solo cuando estén listos, las tasas de natalidad se reducen y aumenta la proporción de la población activa respecto de la dependiente. Se prevé que estos “dividendos demográficos” sean particularmente altos en los países de África subsahariana, donde aproximadamente un tercio de la población está en la franja de diez a 24 años de edad.
Pero a pesar de las muchas ventajas relacionadas con los servicios de planificación familiar, en demasiados países esta porción vital del sistema sanitario sigue subfinanciada. La Coalición para los Insumos de Salud Reproductiva, un grupo internacional de activismo e investigación, calcula que en los próximos tres años los países en desarrollo tendrán un faltante de $793 millones en la financiación de elementos anticonceptivos. Para las mujeres pobres, en particular, los servicios con financiación del Estado suelen ser la única solución de planificación familiar segura y eficaz. La falta de programas públicos disminuye la capacidad de planificar una familia y aumenta la tasa de embarazos no deseados.
La inversión en capital humano, acompañada de políticas económicas adecuadas y un buen funcionamiento de los mercados laborales, ofrece importantes réditos a las economías en desarrollo. Una plena financiación de las necesidades de planificación familiar en los países pobres ayudaría a sacar a millones de personas de la pobreza, mejorar los índices educativos y resolver la disparidad salarial de género en el sur global. Por estas y muchas otras razones, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) está totalmente comprometido a ayudar a los países a defender el derecho de las personas (y especialmente las mujeres) a decidir si quieren tener hijos y cuándo.
El UNFPA se ha planteado como objetivo que de aquí al 2030, todas las mujeres del mundo puedan acceder a servicios de planificación familiar sin temor a costos o consecuencias. Pero no podemos hacerlo solos; necesitamos que los líderes en los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil nos ayuden a alcanzar esta ambiciosa meta.
Los países desarrollados podrían resolver el faltante de fondos para planificación familiar con solo 20 centavos por persona al año, una suma ínfima en comparación con los beneficios previstos para las personas, las familias y las economías. Pero además de un aumento de la inversión, para proteger a las mujeres y empoderar a las parejas jóvenes se necesitan nuevas políticas, leyes y cambios a la implementación de regulaciones actuales.
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El objetivo de ampliar el acceso a atención médica y servicios de planificación familiar no es nuevo; hace cincuenta años, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán la comunidad internacional declaró: “Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos”. En aquel momento, la idea era visionaria; ahora sabemos que hacerla realidad es una condición para el desarrollo.
Natalia Kanem es subsecretaria general en las Naciones Unidas y directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). © Project Syndicate 1995–2018
