EscucharEl personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluó el año pasado positivamente, con toda razón, la mejoría en los indicadores cuantitativos, aunque vio con preocupación la lentitud con que avanzaba la agenda fiscal en la Asamblea Legislativa.
En esta segunda revisión, hallarán que aunque la ley de empleo público y las reformas fiscales no están aprobadas los ingresos totales son 1,7 puntos porcentuales mayores que los valores del 2018 en relación con el PIB. El año pasado por cada ¢100 de ingresos fue posible cubrir ¢76 de gasto, cuando en el 2020 apenas se llegaba a los ¢62.
La factura electrónica, la trazabilidad asociada al IVA, otros tributos y el uso de mejor tecnología seguirán apoyando a la Hacienda pública. En cuanto a la recaudación, la tarea se está sacando, lo que representa una ventaja, pues aprobar nuevos impuestos en los próximos meses será difícil.
No obstante, falta la ley de empleo público, proyecto que, en el mejor de los casos, ahorraría al Estado ¢397.000 millones anuales. En días pasados, la Sala determinó que no contiene roces constitucionales, ni problemas de procedimiento, ni viola el derecho a enmienda de los diputados. Queda por definirse si se requieren los 38 votos en el segundo debate y si los partidos sin mayor peso en el próximo cuatrienio la apoyarán en los pocos días que quedan.
Existe una oportunidad para el próximo gobierno de definir políticas alternativas con miras a cumplir las metas acordadas con el FMI. Los mayores retos que heredará serán el elevado déficit y una deuda que representa ya un 68,3% del PIB.
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Hace poco más de 10 años la foto era muy distinta, la deuda ascendía a apenas un 28% del PIB (aunque no lo parezca). Si bien hubo un esfuerzo por reducir el déficit del 8 al 5% del PIB en el último año, alcanzar la meta de un 1% de superávit todavía requiere esfuerzos adicionales. Con una economía creciendo un 4%, darle vuelta a la tendencia creciente del endeudamiento es más factible.
Un déficit bajo permite romper el círculo vicioso que durante muchos años ha sido un lastre para el crecimiento económico, puesto que el interés ha estado enfocado en conseguir recursos baratos para financiar el déficit y no tanto en adoptar políticas estructurales para reducirlo.
El desafío consiste en mantener la disciplina en lo que respecta al gasto, aprovechar la aún favorable coyuntura externa y seguir cumpliendo la regla fiscal.
El próximo gobierno deberá hacer frente al vencimiento de dos emisiones de eurobonos sin presionar tasas de interés y el tipo de cambio y sin seguir perdiendo reservas.
Aunque algunos compromisos no se cumplieron en febrero, entre ellos, el nivel mínimo de reservas, la aprobación de proyectos fiscales enfocados en ingresos y la publicación de los balances de las empresas estatales bajo las normas financieras internacionales, partiendo del supuesto de la aprobación de la ley de empleo público en las próximas semanas, es esperable una evaluación favorable.
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La aprobación no solo dará acceso a los aproximadamente $290 millones del FMI, sino también a fondos de otros organismos multilaterales que se encuentran siguiendo de cerca el proceso de ajuste fiscal.
El esfuerzo no debe debilitarse y el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas es fundamental. Esperemos que el 2022 no se convierta en un año para el olvido ni para recordarlo con preocupación, sino en uno en que el país persistió en garantizar un mejor futuro para los ciudadanos.
El autor es economista de Cefsa.
