EscucharLas cifras económicas reflejan las graves consecuencias de las restricciones a la movilización de personas y a la actividad empresarial impuestas para combatir la pandemia.
El Banco Central calcula que el producto interno bruto (PIB) caerá un 5 % este año. Algunos analistas económicos pensamos que podría ser mayor. En el mejor de los casos, la recuperación será lenta, aun suponiendo que se lograra contener pronto la transmisión del virus.
Para cuando termine el año del bicentenario, el PIB podría estar entre un 8 % y un 10 % menos de lo previsto antes de la pandemia. Eso significa una pérdida de, aproximadamente, $1.200 en el ingreso promedio anual de cada costarricense.
A causa de la caída en la actividad económica, además, un grupo grande se quedó sin trabajo. Antes de la crisis sanitaria había ya 310.000 desempleados. A junio, la cifra casi se duplicó, a 550.000.
Al sumar los 195.000 que salieron de la fuerza de trabajo, probablemente desanimados por lo difícil que es conseguir empleo en la situación actual, da un total de 750.000 que están hoy desempleados. De esos, 435.000 son producto de las restricciones.
De los trabajos perdidos, tres cuartas partes eran informales. Trabajadores caracterizados por ser mayoritariamente jóvenes (menores de 35 años), con bajo nivel de educación (secundaria incompleta), subempleados (trabajan menos de 40 horas a la semana) y devengaban un ingreso inferior al mínimo.
Tener conciencia del empobrecimiento del país nos debe llevar a cada uno a tomar acciones para ajustar el nivel de vida a la nueva realidad. Eso incluye el sector público, por supuesto. No podemos pretender seguir como si nada estuviera pasando.
Para recuperar ingresos y empleos, debe reactivarse la economía, pero, claramente, ya teníamos un problema de empleo antes de la pandemia.
Volver a lo mismo de antes no es suficiente. Debe mejorar la calidad de los nuevos trabajos que vayan a generarse. La educación, incluido el reentrenamiento, es fundamental, aunque tome su tiempo en dar frutos.
La flexibilización de las jornadas laborales (proyecto recién rechazado por los diputados del PAC) y la reducción de los costos de formalización (menos trámites y cargas sociales más bajas) son la otra parte de la receta.
El autor es economista.
