Por: Luis Mesalles.   Hace 5 días

A (casi) nadie le gusta pagar impuestos. Hay quienes piensan que el gobierno es un mal administrador de los recursos, por lo cual preferirían que primero utilice de mejor manera el dinero aportado por los contribuyentes antes de pedir más impuestos. Otros piensan que el gobierno no cobra bien los impuestos existentes, por lo cual debería reducir la evasión y la elusión. No falta quienes piensan que la carga de impuestos está desbalanceada, por lo cual el gobierno debería bajar los impuestos a unos (usualmente a ellos mismos) y subírselos a otros (a los demás).

Si el deseo es reducir el impacto de la solución fiscal sobre el “pueblo”, esta debe contener un componente muy significado de corrección de los problemas del gasto público

Los sindicatos presentaron esta semana su propuesta de reforma fiscal, la cual pretenden sustituya la presentada por el gobierno. El planteamiento sindical se basa en la idea de que el problema fiscal se soluciona aumentando la carga de impuestos, cobrando mejor los existentes y cobrándoles más a las grandes empresas, sin afectar al “pueblo”.

Además de las medidas para reducir la evasión y el contrabando, los sindicatos proponen impuestos más altos a los grandes contribuyentes y a las empresas instaladas en zonas francas, y nuevos gravámenes para las empresas que cobran tasas de usura sobre créditos y sobre las transacciones financieras.

Pero los sindicatos no toman en cuenta que, como a (casi) nadie le gusta pagar impuestos y (casi) todos tratarán de evitarlos, los tributos siempre tienen efectos indirectos. Las empresas grandes trataran de trasladar cualquier carga impositiva a sus clientes, vía precios más altos. Gravar a las empresas en zonas francas puede causar que algunas de ellas se vayan del país y eso generaría más desempleo. Un impuesto a las tasas de “usura” haría que la gente de menos recursos, quienes usualmente tienen deudas a esas tasas, terminen siendo expulsadas del mercado formal y queden a expensas de las garroteras.

El impuesto a las transacciones financieras haría que la gente use el efectivo, en lugar de los medios electrónicos, para pagar, aumentando la informalidad y reduciendo la recaudación de impuestos.

Al final de cuentas, la propuesta de los sindicatos la terminaremos pagando todos, de una manera u otra.

Si el deseo es reducir el impacto de la solución fiscal sobre el “pueblo”, esta debe contener un componente muy significado de corrección de los problemas del gasto público. Pero, como eso toca directamente los intereses de los sindicalistas, lo dejaron totalmente fuera de su propuesta.

lmesalles@ecoanalisis.org