Como era de prever, el gobierno no iba a hacer una declaración pública respaldando el trabajo del Ministerio Público ni pidiendo colaboración para las autoridades cuya investigación tiene como fin determinar si en la concesión de contratos a tres cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana hubo tráfico de influencias y perjuicio a la Hacienda pública.
Todo lo contrario. Según la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, las ocho detenciones y los veintiocho allanamientos son una “clara amenaza” de la Fiscalía, “un abuso de poder” y un absurdo “desde cualquier punto de vista legal y moral”.
La ministra lo califica de show y, apegada al pensamiento jaguar, cree que una denuncia de un órgano de control de fondos públicos, como la Auditoría Interna de la CCSS, no es razón suficiente para actuar.
“¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación ni está en firme? ¿Cómo podría haber prevaricato si ningún Tribunal Contencioso-Administrativo ha declarado algún acto ilegal en lo decidido por la Junta Directiva de la Caja?”, reclamó Fernández, quien en el video publicado por la Casa Presidencial también argumentó que los contratos apenas están en revisión de la Contraloría General de la República y no se ha pagado ni un solo colón.
Dicho de otro modo, para ella, la cancelación de una licitación, la aprobación de contratos por una junta directiva con aparente sobreprecio y basarse en el criterio de una sola persona no serían posibles de investigar antes, sino después de la materialización de un delito, justamente lo que planteaba la ley jaguar.
Olvida que el Ministerio Público tiene potestades y el deber de dar respuesta a denuncias que provengan de una institución pública como la CCSS, y que no es el Ministerio Público el que ordena el allanamiento, sino un juez. Como explicó el fiscal general, Carlo Díaz, sus peticiones “están avaladas por la figura de un juez de garantías”.
Los discursos intimidatorios suelen tener cierto grado de eficacia en sectores dependientes del Estado, pero de la Fiscalía se espera una actuación sin temor a las represalias verbales del chavismo, ya sea el miércoles, en Limón o en Guanacaste.
gmora@nacion.com
La autora es editora de Opinión de La Nación.
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