EscucharEn vista del preocupante aumento en la cantidad de contagios, alguna gente considera que deberían cerrarse de nuevo los centros educativos. El ministro de Salud tiene claro el interés superior de los menores y que la educación es pilar del desarrollo, por tanto, el cierre sería una medida excepcional.
La ministra de Educación Guiselle Cruz afirmó que significaría comprometer el futuro de los estudiantes y afectar permanentemente su desarrollo cognitivo y social. Tiene razón. Las huelgas del 2018 y 2019, más el cierre total en el 2020, comprometieron el futuro de más de un millón de estudiantes. Remediar la pérdida y mitigar las grandes desigualdades derivadas de la crisis sanitaria se sumó a los complejos y apremiantes retos del Ministerio de Educación (MEP) para los próximos años.
Tomará décadas estimar y entender el impacto que ha tenido el cierre prolongado de escuelas y colegios en las personas menores de edad. Sin embargo, de lo observado hasta ahora durante la pandemia y en otros momentos que demandaron largos cierres en años anteriores en diversos puntos del orbe, se sabe que dejaron secuelas en lo cognitivo y académico, además de efectos en la nutrición, la salud mental y el desarrollo psicosocial. Están comprobadas la exclusión, la limitación de oportunidades futuras y la violencia doméstica.
La educación es un derecho humano. Los gobiernos deben garantizarlo de forma segura y priorizar las poblaciones más frágiles.
«Todas las respuestas educativas deben estar basadas en los principios fundamentales de inclusión, equidad y no discriminación. Hoy, más que nunca, es preciso mantener los compromisos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», se lee en una guía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la reapertura de escuelas en Latinoamérica, una de las regiones del mundo donde los cierres fueron más prolongados y más estudiantes han estado fuera del aula a causa de la pandemia.
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Ese lujo nos lo dimos a pesar de que nuestros sistemas educativos ya mostraban problemas estructurales alarmantes, entre estos, brechas de acceso, bajo desempeño y elevado índice de exclusión.
Para rematar, según el BID, en países como Costa Rica, cuyo calendario escolar se inicia a principios de año, se perdieron considerablemente más días de clase.
No se sabe cuánto tiempo tendremos que convivir con la pandemia, pero sí que las decisiones deben basarse en datos y evidencia sobre la situación de la salud pública, y no en miedos.
Guiarse por los datos. El país tiene la evidencia de que la apertura de lecciones en febrero pasado no incrementó los contagios, si bien hay que mantenerse vigilantes. En otros países se ha documentado que si se ejecutan debidamente los protocolos sanitarios, el riesgo de contagio en los centros educativos no es mayor que en cualquier otro entorno de trabajo. Las escuelas suelen reflejar la situación de la comunidad donde están ubicadas.
Idealmente, los datos que guíen las decisiones de cierre y reapertura deben ser desagregados por centro educativo, por circuito y dirección regional; se actualizarían constantemente, de modo que las decisiones serían idóneas y oportunas para cada contexto.
Toda medida debe ser diferenciada. Erradicar la decisión de «todo o nada»: no es conveniente volver a cerrar de una vez los centros educativos sin considerar los distintos escenarios epidémicos a lo largo y ancho del territorio. Y tomar en cuenta otros factores diferenciadores, como la capacidad de gestión de cada centro, el recurso docente, la vulnerabilidad social y las condiciones de aprendizaje de cada población, así como la infraestructura, el agua, el saneamiento e higiene, la conectividad, dispositivos y habilidades tecnológicas en los hogares de los alumnos y docentes.
Si debido a la situación sanitaria llega a ser forzoso ordenar cierres en ciertas regiones o comunidades, estos no pueden ser indefinidos, sino temporales.
El MEP y el Ministerio de Salud han de establecer una guía acerca de las condiciones y parámetros que determinen cuándo cerrar y reabrir escuelas. Se pueden crear comités de monitoreo intersectoriales, con participación de representantes locales de Educación y Salud, municipalidades, familias, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, cuya misión sería vigilar y evaluar permanentemente la pertinencia de los protocolos sanitarios, de las decisiones de cierre o reapertura, de la gestión de los comedores, de posibles cambios de horarios de lecciones o de períodos de vacaciones, etc.
En una situación tan dinámica como la que vivimos, las recetas de talla única no funcionan. La flexibilidad es la reina del baile.
Durante los cierres temporales, mantener abiertos los comedores escolares y ampliar los horarios para atender a los niños y a las niñas que lo requieran es imprescindible; caso contrario, garantizar la provisión de alimentos a las familias más vulnerables.
La educación bimodal impone limitaciones y retos significativos a estudiantes y educadores. El norte debe ser recuperar la presencialidad totalmente, de forma progresiva, pero apremiante. Hay centros cuyas condiciones lo permiten; en muchos, habrá que propiciarlas con creatividad y en otro tanto, que mantener la bimodalidad por más tiempo.
La Unicef dice sin ambages que la formación a distancia nunca sustituirá «la escolarización presencial en el aula con un maestro, especialmente para los estudiantes más vulnerables».
La brecha digital está acrecentando las fragilidades, lo que torna aún más imperioso que el Estado provea de una vez por todas la conectividad a la totalidad de los hogares. Una declaratoria de emergencia educativa nacional quizás sería el instrumento para proveer los recursos precisos a fin de cumplir esa promesa largamente postergada.
Una de las variables fundamentales en la ecuación educativa es el personal docente. Procurar su bienestar y seguridad es crucial para garantizar la continuidad del curso lectivo en alguna de las modalidades, especialmente la presencial. El Ejecutivo debe considerar adelantar la vacunación a quienes tengan afecciones de riesgo.
Entrenamiento permanente. El MEP debe ofrecer capacitación permanente para desarrollar las habilidades que demanda el contexto actual: destrezas tecnológicas, herramientas para identificar y asistir al alumnado con necesidades particulares de aprendizaje y otras derivadas de las condiciones impuestas por la pandemia, formación en protocolos sanitarios y procedimientos en caso de que haya contagios en la comunidad educativa o dentro del entorno familiar.
Las modalidades a distancia e híbrida han acarreado una recarga significativa, en especial para quienes tienen la doble condición de madre-padre y docente; se les debe dar acompañamiento de cerca, proveerles apoyo psicosocial y facilitar la creación de redes y comunidades colaborativas y de buenas prácticas.
La educación es una de las claves para recuperarnos de la crisis y ser resilientes para afrontar las próximas. Asegurarse de superar juntos este trance es obligación legal del gobierno e imperativo ético para la sociedad.
Las comunidades organizadas son el mejor entorno para el aprendizaje y el desarrollo pleno. La ministra Cruz no debe dudar en solicitar abiertamente los diversos recursos que la sociedad puede aportarle, como voluntariado en las tareas varias para mantener las escuelas abiertas; préstamo de áreas alternativas en las comunidades, como instalaciones deportivas, salones comunales o templos; donaciones de equipo tecnológico y de ventilación para espacios interiores, de mascarillas y artículos de limpieza; conformación de comités de apoyo y monitoreo, etc.
Las familias, las empresas y otras organizaciones de la sociedad civil son las mejores aliadas del proceso educativo. La comunicación franca, asertiva y constante es el primer paso para concretar este propósito nacional compartido.
La autora es activista cívica.
