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No es por medio de la estigmatización de las personas vulnerables y la instrumentalización de los estudiantes para fortalecer la política del miedo como se logra prevenir la delincuencia y luchar contra la violencia.
Desafortunadamente, no es inusual que algún actor de la sociedad –muchas veces en puestos de poder– plantee iniciativas que buscan utilizar la figura de los estudiantes para construir escenarios de proyección mediática o para justificar sus políticas, desconociendo los derechos de los niños y adolescentes y hasta poniendo en riesgo su dignidad y bienestar.
En Costa Rica, una sólida tradición de defensa de las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos, así como legislación nacional e internacional en este campo, permite enfrentar con firmeza esos excesos y frenar esas deshonrosas iniciativas. La política educativa vigente, que aprobamos en el año 2017, constituye, entre otros importantes instrumentos, un marco decisivo para desenmascararlas y combatirlas.
Tal política establece que la educación debe estar fundamentada en los derechos humanos y los deberes ciudadanos, y que estará centrada en la persona estudiante, lo cual supone que todas las acciones del sistema educativo se orientan a potenciar su desarrollo integral.
Precisamente en atención a esos principios y a las propuestas de prestigiosas entidades internacionales como la Unesco, cuyos planteamientos buscan un sistema educativo “que repare las injusticias, al tiempo que transforma el futuro”, promovimos una política integral de prevención que incluía la lucha contra la exclusión escolar y programas para fomentar ambientes educativos seguros, liderazgos por una cultura de paz, docentes y estudiantes preparados para prevenir la violencia y atender los conflictos en un marco de respeto por los derechos humanos.
Estas acciones necesariamente se acompañaron de una mayor inversión en los programas de equidad: crecimiento sostenido del número de becas, de beneficiarios de los servicios de transporte estudiantil y de alimentación con programas pioneros como los comedores escolares abiertos en vacaciones. Ese esfuerzo contrasta con los recortes de estos últimos años.
En el campo del arte, entre otras iniciativas, se promovió la alianza con el Teatro Nacional en el 2015 para ampliar los horizontes de jóvenes que merecen tener esperanza y construir nuevos proyectos de vida para superar la adversidad.
Estos son solamente algunos ejemplos de políticas educativas y de prevención recomendadas por entidades reconocidas y que, con las transformaciones e innovaciones necesarias, deberían robustecerse e incluso mejorarse de un gobierno a otro. Porque son esas políticas de ampliación de oportunidades las que funcionan, según lo evidencian numerosos estudios, para prevenir la criminalidad y la violencia.
Por ello hemos visto con consternación propuestas que no solo se alejan del camino de la construcción de oportunidades, sino que son pedagógica y éticamente inaceptables: iniciativas que, lejos de permitir a los jóvenes ilusionarse y visualizar una vida mejor, plantean llevarlos a las cárceles para que “pongan las barbas en remojo”, según palabras de la presidenta Laura Fernández. Es un castigo anticipado, una política de intimidación. ¿Cómo hay voces que se atreven a justificar tanta crueldad con nuestros niños y adolescentes, en particular con los más vulnerables?
Las primeras personas llamadas a detener estos despropósitos son las propias autoridades educativas, cuya responsabilidad primordial es proteger a las personas menores de edad y defender sus derechos. Si por sumisión, cálculo político o desconocimiento de las evidencias científicas, esas autoridades traicionan los principios que deberían defender y consienten –y hasta se prestan para justificar– tales desvaríos, es la propia institucionalidad, con sus fortalezas, la que está llamada a dar la voz de alarma.
Y es eso precisamente lo que ha sucedido gracias al pronunciamiento de personas funcionarias de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP. Mediante un texto ejemplar por su rigurosidad técnica y sus fundamentos pedagógicos, estos funcionarios, con amplia experiencia en la lucha que día tras día se libra en el sistema educativo contra el flagelo de la desigualdad y la violencia, logran varios objetivos fundamentales.
En primer lugar, demuestran que no hay evidencias que permitan acreditar que en el pasado se haya implementado “una estrategia nacional de esta naturaleza por parte del Ministerio de Educación Pública”, como maliciosamente se quiso insinuar. En segundo lugar, reúnen sólidos argumentos y evidencias científicas para probar que un programa de visita a centros penitenciarios con fines de prevención no solo es ineficaz, como lo muestran diversas investigaciones, sino que representa un riesgo para las personas menores de edad.
Por último, el valiente y riguroso pronunciamiento de las personas funcionarias –y esto me parece de la mayor importancia– evidencia que la institucionalidad democrática costarricense que tanto nos enorgullece y que nos distingue como país, no es una abstracción. En las diversas instituciones del Estado –los ministerios, la CCSS, las entidades autónomas– labora personal altamente calificado que, más allá de los vaivenes políticos, conoce sus áreas de especialidad y está dispuesto a no traicionar sus principios y la alta misión que, como servidores públicos, le ha sido encomendada.
En mis años a la cabeza del MEP –quizás los más complejos que he vivido profesionalmente, pero también ricos en experiencias y satisfacciones– pude comprobar la calidad de muchas personas funcionarias cuya acción se guía por un compromiso inclaudicable: defender el interés superior de las personas menores de edad. Mis intercambios con ellos no estuvieron exentos de desafíos e incluso de respetuosos desacuerdos, pero siempre en un marco de rigurosidad profesional y de mutua sujeción, antes que a cualquier otro principio, al deber de protección y respeto de los derechos de las personas estudiantes.
Hoy, leyendo sus calificadas y serenas –y no por ello menos firmes– argumentaciones, entiendo por qué, al tiempo que se promueven nefastas iniciativas como la que comentamos, se dictan lineamientos que, vestidos de aparente “neutralidad política”, tienen un objetivo inconfesable: amedrentar y acallar a los funcionarios públicos. No lo van a lograr. En ellas y ellos están la fuerza y la dignidad de nuestra institucionalidad pública cuando los llamados a liderarla traicionan al pueblo de Costa Rica y renuncian al cumplimiento de su deber.
smoraescalante@gmail.com
Sonia Marta Mora Escalante es exministra de Educación Pública y exembajadora de Costa Rica en Francia y ante la Unesco.
