Saúl Weisleder. 15 agosto, 2018

El problema del déficit fiscal, con justa razón, ha ocupado los titulares de los periódicos, de los programas radiofónicos y de prácticamente todos los medios de comunicación masiva en los últimos tiempos.

Existe consenso en cuanto a que un 7 % del PIB, o incluso algún decimal más, es inaguantable para nuestra economía y, con tal peso sobre ella, el crecimiento económico, un mayor bienestar para amplios sectores y el logro de mayor equidad en la distribución del ingreso y de las oportunidades de surgir resultan inalcanzables. Pero hasta ahí llega el consenso. En el momento de plantear soluciones, los alineamientos sociales y políticos cambian y las figuras geométricas que pueden usarse para alcanzar los acuerdos se van agotando.

Hacienda no tiene otra opción que pagar y para ello la Asamblea debe dar la autorización urgentemente y no mezclar este problema con el de la reforma fiscal

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en nombre del gobierno, compareció ante el plenario de la Asamblea Legislativa para presentar a los diputados el plan de recortes (y otras ideas o medidas) de gasto, pero la mayoría de los legisladores –con mucha razón– han puesto como condición para tramitar y aprobar un plan más integral de ajuste, que también incluye aumento en la carga tributaria y, por esa vía, de los ingresos. Su sola comparecencia fue una buena señal, un cambio de enfoque respecto a la indolencia del gobierno anterior, que, extrañamente, se había convencido de que podría “llevarla suave” con el asunto fiscal, al punto que en su primer presupuesto general incrementó el gasto en un 18 %.

El gobierno Alvarado Quesada cuenta con una ventaja nada despreciable: la aprobación de una moción 208 bis, ventaja que no tuvieron los anteriores porque pone fecha máxima para que el plenario vote en primer debate el proyecto negociado en ese momento. Eso sí, debe conseguir los votos necesarios para la aprobación. Pero esa ventaja no es poca cosa.

En los tres meses y algunos días transcurridos desde el inicio del gobierno, las negociaciones han sido bastante intensas y, hasta ahora, la ministra Aguilar y su equipo “se han echado al hombro” la negociación gubernamental. Como es natural, ha habido avances y retrocesos y estiras y encoges, pero “la cosa camina”.

Grupos de presión. Sabemos que también se negocia mucho fuera de cámaras y está bien, es necesario. Lo que no se vale es que hubiese tomas y dacas en favor de intereses de personas o grupos restringidos y en detrimento de la mayoría.

Los partidos de oposición, salvo algunas excepciones, han colaborado (en sentido positivo) con el gobierno, a sabiendas de dos cosas fundamentales: el tiempo apremia, y mucho, y no existe una varita mágica fiscal en el sentido de que una sola medida o actuar solo por uno de los dos lados de la ecuación (ingresos o gastos) resolvería el problema. La tenaza requiere de ambas pinzas.

También el sector empresarial organizado ha actuado constructivamente sabiendo que, de lo contrario, habría caos y en ese caos habría “ganancia de pescadores”, o sea, que el pinol se lo comerían quienes tienen más galillo. Por eso, es extraña la actitud bastante menos constructiva de la dirigencia sindical. En este contexto, ojalá la ley que se apruebe reparta las cargas en función de la riqueza que poseen los sectores.

Por su parte, quienes negocian dentro del gobierno han tenido la “mala suerte” de, por un lado, tener que descubrir “conejos” dejados por la administración anterior, también del PAC, y oír declaraciones desafortunadas de algunos ministros y altos funcionarios. Tales acciones han creado confusión y dado pie a escaramuzas innecesarias.

Una confusión es la idea de que el (o los) presupuesto (s) extraordinarios presentados por el gobierno, para obtener la autorización legal para cancelar la deuda contraída a corto plazo y a última hora por el anterior gobierno, aumenta el gasto. No es así, pues solo puede usarse para pagar esa deuda; es una autorización legal indispensable, mas no nuevo gasto, excepto en el tanto en que los intereses nuevos sean más costosos que los asumidos antes, lo cual sí es probable.

Claro que sí conlleva irresponsabilidad de los dos gobiernos del PAC; uno, por negar primero la necesidad de reforma fiscal y gastar a manos llenas, y el otro, por desconocer la situación de esa deuda. Pero Hacienda no tiene otra opción que pagar y para ello la Asamblea debe dar la autorización urgentemente y no mezclar este problema con el de la reforma fiscal como tal, como han hecho algunos diputados, particularmente de Restauración Nacional.

Pago ilegal. Otra complicación surgida en las últimas horas cuando revisaba este artículo es el pago ilegal hecho por la Tesorería, con autorización del Poder Ejecutivo, de varios cientos de miles de millones de colones sin que la ley respectiva se haya aprobado. Ello se deriva de los errores y la falta de transparencia del gobierno anterior y durante la transición entre ambas administraciones. La ministra tomó una decisión arriesgada, sin duda, con visos de ilegalidad. Pero se encontraba ante un dilema muy serio: incumplir el pago de intereses de la deuda, o sea, incurrir en default, lo cual no lo habría resuelto el dejar de efectuar otros pagos ya autorizados (salarios, pluses, pensiones, transferencias) porque el problema no es solo de caja, sino de autorización legal específica, exigida por la Constitución y la ley.

Esto debe ser, al menos, un atenuante a la hora de juzgar a la ministra y a quienes tengan responsabilidad en ello (posiblemente el presidente y el ministro de la Presidencia, sin cuyo visto bueno difícilmente Hacienda hubiera actuado así). Pero, políticamente, debe aclararse y ponerse los puntos sobre las íes, de manera responsable, sin politiquería.

Tales episodios muestran, por una parte, lo entrabada, lo compleja y lo enmarañada que se ha vuelto la operación del aparato estatal. Si se agrega falta de experiencia, de integración como equipo, los efectos son más graves cada vez. Por eso, quienes proclaman soluciones simplistas sin mayor sustento ni análisis, resultan un desastre a la hora de gobernar. Lo anterior es más notable en los asuntos económicos, de seguridad y de educación.

Es momento de elevar la conversación pública sobre la situación del país, sus problemas, desafíos y opciones; de dejar de soñar en soluciones fáciles e inmediatas; dejar de descalificar a quien toma decisiones, aunque no estemos de acuerdo con ellas.

Se debe actuar pronto y sólidamente, pero los resultados tardarán. Tener que esperar no es excusa para las chapuzas cometidas. Al contrario, deben ser sopesadas al momento de elegir y debe evitarse la politiquería que ve en cada dificultad una oportunidad de golpear. Yo quiero una política grande.

El autor es economista.