La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a solicitud de Colombia, emitió la opinión consultiva OC 28/2021, en la que estableció la inconvencionalidad de las normas constitucionales que autorizan la reelección presidencial consecutiva.
En primer lugar, la Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y, de forma general, ni en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, ni en otros tratados internacionales, ni en la costumbre regional, ni en los principios generales del derecho.
En segundo lugar, la Corte señaló que la prohibición de la reelección presidencial indefinida puede ser compatible con la Convención, siempre que esté establecida en la ley. Al respecto, el tribunal explicó que la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa, por lo que es acorde con la Convención y, tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del presidente en un sistema presidencial, la restricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea para asegurar dicha finalidad.
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Además, la Corte aclaró que no encontraba otras medidas igualmente idóneas para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y que de esta forma no resulten afectada la separación de poderes, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como la alternancia en el ejercicio del poder.
Por último, la Corte señaló que la potencial afectación al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta, así como la restricción que esto implica para los votantes, es un sacrificio menor cuando se compara con los beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección presidencial indefinida.
Por otra parte, en relación con la compatibilidad de la reelección presidencial indefinida con las normas de derechos humanos, la Corte resaltó que la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder.
A su vez, la Corte señaló que la permanencia en el poder de un presidente por un largo periodo de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes, dadas las capacidades que puede tener de nombrar a miembros de otros poderes del Estado. Asimismo, consideró que el cargo de la presidencia brinda a la persona que lo ocupa una posición privilegiada para la contienda electoral. Cuanto mayor sea el tiempo de permanencia en el cargo, mayor será esta ventaja.
En la opinión consultiva, el tribunal hemisférico advirtió de que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es elegido mediante comicios populares.
La Corte concluyó que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En síntesis, no sería jurídicamente posible reformar el artículo 132 de la Constitución Política para autorizar la reelección indefinida del presidente de la República.
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Rubén Hernández Valle es abogado constitucionalista.
