Jacques Cousteau, padre de la investigación submarina y líder de la protección de los océanos, encontró el legendario tesoro de la isla del Coco. En una expedición con su tripulación a la isla, maravillado por su riqueza submarina y espléndida diversidad de especies que la conforman, a bordo del Calypso, exclamó: el verdadero tesoro de la isla del Coco es la isla en sí misma. Tenía razón.
Curiosamente, una de las cosas que más lo impactó fue la gigantesca escuela de tiburones martillo que la habitaba. A su edad, casi danzó con aquella coreografía de escualos moviéndose grácilmente entre las tibias aguas de la misteriosa isla del tesoro. El buen Jacques murió en 1998, pero su legado sigue inspirando a nuevas y viejas generaciones, mas no así los cardúmenes de martillo, pues sus descendientes son vorazmente diezmados. Los pescan flotas nacionales y extranjeras, incidental e inmisericordemente y, antes, con una insensible crueldad, les cortaban las aletas para luego devolverlos aún vivos al agua.
Hoy, la sociedad costarricense se enfrenta a una categórica disyuntiva: aceptar la trágica decisión de que toneladas de aletas almacenadas sean exportadas y abrir camino para continuar la matanza, o, alternativamente, oponerse férreamente, luchar con denuedo y protestar hasta las últimas consecuencias.
Pesca ilegal. En el 2014, guardaparques del Parque Nacional Isla del Coco mostraron nombres de barcos que pescaban martillos ilegalmente dentro de sus aguas. Ello no bastó para evitar que se declarara de interés nacional la exportación de aletas, algunas descargadas por esos barcos, autorizada por el Sinac bajo la recomendación del Incopesca.
El tiburón martillo (género Sphyrna), único en el planeta por su conspicua forma de cabeza y agente fundamental como eslabón equilibrador al final de la cadena trófica, está en el segundo capítulo de la lista Cites de animales cerca de la extinción.
Las formidables “escuelas”, cuyo hogar ha sido la mágica isla, han sido reconocidas mundialmente y son un importante polo de atracción turística, según pudieron constatar Adrián y Mauricio Guardia en expediciones de buceo a la isla; ergo, los martillo generan más recursos sostenibles para el país y a la Madre Natura vivos.
Costa Rica se promociona como destino turístico natural por su fama de protectora del ambiente, sus parques nacionales y áreas protegidas (25 %). Ahora dicho atractivo está siendo aniquilado poco a poco bajo nuestra complicidad o ignorancia (disminuyó en la isla el 45 % en 20 años según la revista Conservation Biology).
El Incopesca tiene actualmente la potestad de autorizar la exportación de aletas sin consultar a otros expertos y ambientalistas, poniendo arbitrariamente en peligro la supervivencia de tan magnífica especie.
Insuficiente protección. El Incopesca es un organismo descentralizado cuya función principal es investigar y regular la extracción y comercialización del recurso marino; sus funcionarios son especialistas en pesquerías, según indicó en un programa su presidente ejecutivo, pero eso no es suficiente para proteger la globalidad oceánica ambiental de 500.000 metros km cuadrados y asegurar, a perpetuidad, su equilibrio. No es posible que la Junta Directiva de la institución no tenga el contrapeso de instancias especializadas en otros campos del sector marino ambiental, la academia, Cimar o Minae. Tal falencia ha quedado en evidencia al aprobar licencias para pesca de arrastre.
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El nuevo gobierno de unidad nacional debe revisar minuciosamente la ley de creación de la institución, así como las atribuciones conferidas a posteriori. No debe permitir que los destinos de los mares, de su diversidad genética y necesario balance sean circunscritos únicamente al lucro en contraposición con el interés nacional o marino. Aun sin oponer a la pesca responsable y ecológicamente sostenible, creemos que decisiones de consecuencias tan profundas deben ser avaladas y expuestas públicamente por la Comisión de Coordinación Científico-Técnica, al igual que avances y resultados del DENP.
Es impostergable rescatar los mares y ponerlos bajo el control integral de los órganos que conforman el Estado de derecho institucional, al amparo del artículo 50 de nuestra Constitución Política.
José A. Guardia es ingeniero agrónomo y Jorge Guardia es economista.
