El sector público lo conformaban, hasta 1900, apenas 39 instituciones, 32 de las cuales eran municipios. En 1950, creció a 100 instituciones y en el 2000 ya teníamos 300. En la actualidad, suman 332, todas ellas con graves problemas de coordinación y objetivos, productividad, y deben reinventarse o cerrarse algunas en la era tecnológica y de innovación que estamos viviendo.
Es impresionante la cantidad de instituciones que conforman nuestro gigante sector público, cuyo presupuesto anual es superior a ¢29 billones. Es decir, el 73,3 % del producto interno bruto (PIB). Un sector público que acumula una deuda de ¢23,2 billones (66,5 % del PIB), superando, así, el límite natural del 60 %. Su crecimiento fue de un 11 % en el último año debido al endeudamiento del Gobierno Central de un 17 % en el mismo periodo (junio del 2017 a junio del 2018).
Ese aumento fue causado por el “hueco financiero” de ¢600.000 millones dejada por la administración Solís Rivera, que obligó al Ministerio de Hacienda a cancelar sin presupuesto asignado.
Los ingresos corrientes del Gobierno Central bajaron este año a una tasa de 1,5 % en el primer semestre del 2018 contra un 7,3 % en el 2017. Los ingresos tributarios, conformados principalmente por impuestos sobre la renta, las ventas, los combustibles, el consumo y los servicios aduaneros, se prevé que se contraerán un 4 %, que significarán ¢90.000 millones menos que en el 2017.
La disminución de ingresos se explica por menores importaciones y, en general, por la pérdida de dinamismo de la economía debido a la gran incertidumbre existente con respecto a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a la falta de ajuste en los disparadores del gasto público.
Es preocupante cómo a junio del 2018 el financiamiento del Gobierno Central creció a una tasa del 25,2 %, alimentando una deuda interna que crece como una bola de nieve.
CCSS. Además de una deuda pública creciente, el gobierno no ha presupuestado el 1,24 % que le corresponde pagar como contribución estatal al seguro de pensiones. Contribución que este año ascenderá a ¢130.000 millones y seguirá creciendo de no encontrar una salida al grave problema fiscal.
El gobierno debe contribuir con el 1,24 % hasta el 31 de diciembre del 2019, obligación impuesta desde agosto del 2016. ¿Cómo se financiará el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ante esta nueva realidad financiera? ¿Aumentará la cuota de los trabajadores, que actualmente es un 2,84 % o la de los patronos, que es un 5,08 %?
El más reciente estudio de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica advierte claramente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que debe tomar medidas, entre ellas, aumentar la edad de retiro, revisar los beneficios y el monto de las cuotas, para evitar que el IVM caiga en crisis en el 2030.
El IVM cuenta con 1,5 millones de trabajadores afiliados y paga a alrededor de 245.000 pensionados, pero la situación es muy compleja, debido a que nuestra población es más longeva y la sostenibilidad financiera se hace cada vez más precaria.
Para salvar financieramente el IVM, se requiere tomar medidas heroicas a corto plazo, tales como inyectarle nuevos recursos del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) y del Banco Popular.
Recordemos que el gobierno, por otro lado, tiene una deuda de ¢750.000 millones con el Seguro de Enfermedad y Maternidad. ¿Cuál es el futuro de la CCSS si no encuentra nuevos recursos? ¿Qué va a pasar con los fondos de inversión de la CCSS en bonos del Gobierno? No cabe duda de que la situación fiscal afecta seriamente la estabilidad y sostenibilidad de la CCSS. Está claro que el deterioro fiscal del Gobierno golpeará al régimen de pensiones de la CCSS y los servicios de salud de la población trabajadora.
Transferencias. De un presupuesto del Gobierno de ¢9,62 billones en este año, ¢6,74 billones son para transferencias, de las cuales el 54 % corresponde a transacciones dentro del sector público. Transferencias que van a instituciones descentralizadas, órganos desconcentrados, empresas públicas no financieras, gobiernos locales, el IMAS, el PANI, las universidades, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría, entre otras.
Es importante destacar que mientras las transferencias corrientes crecieron un 6,8 % en el 2018, las transferencias de capital disminuyeron un 13 %, lo cual evidencia un estrujamiento preocupante en la inversión ante la crisis fiscal. Los principales receptores de transferencias son las pensiones con cargo al presupuesto, el FEES y la CCSS. El pago a la CCSS va en aumento conforme crece la masa salarial de los diferentes sectores.
Llama mucho la atención ver cómo los diputados aprueban leyes sin analizar costos y beneficios. Este año deben transferirse recursos adicionales al PANI (41 %) y Fonabe (32 %), sin medir la capacidad de ejecución y el cumplimiento de las metas. Por otra parte, disminuyeron las transferencias a las juntas de educación y al Conavi. Las transferencias a la educación superior este año son el 1,6 % del PIB, lo que equivale al 86 % del presupuesto asignado a la educación secundaria, la técnica y la académica juntas. ¿Estará correcta la prioridad teniendo tantos problemas de calidad, infraestructura y deserción en primaria y secundaria? ¿Es preocupante que no existan límites al giro de recursos al FEES para obligar a las universidades a buscar nuevos fondos en estudiantes que tienen recursos porque provienen de colegios privados? Es fundamental que las universidades públicas se preocupen por generar nuevos ingresos con la venta de servicios a terceros.
Es muy serio que las instituciones no tomen conciencia de la gravedad de la situación fiscal que obliga al gobierno a financiar casi el 60 % de los gastos con más deuda. No puede ser que sigamos sacrificando los gastos de capital del Gobierno Central, que apenas alcanza el 1 % PIB en el 2018.
Gasto social. Si no se produce un incremento de los ingresos fiscales, es posible que en el 2019 debamos recortar el gasto en educación, protección social, salud y otros. Este año el presupuesto en el campo social es de ¢4,5 billones, de los cuales un gran porcentaje no va directamente a los beneficiarios, debido al enjambre de instituciones, leyes y procedimientos creados, aparte de la duplicación de funciones y la falta de identificar la población más vulnerable.
Es lamentable que, a pesar del gran esfuerzo financiero del Estado, no hayamos logrado reducir la pobreza. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas concentra el 80 % de los ingresos en el 20 % de quienes tienen más recursos. Es una ley que aumenta los controles para evitar la evasión y la elusión, da mayor trazabilidad, crea disciplina en el gasto, convierte el impuesto de ventas en uno al valor agregado (IVA) que afecta a bienes y servicios, modifica la ley de salarios de la Administración Pública y establece una regla fiscal.
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Este proyecto generará un 1,8 % del PIB en el 2019, de ser aprobado en los meses de octubre y noviembre. No queda mucho tiempo y los sindicalistas serán los menos afectados. Todo lo contrario, sin el paquete tributario difícilmente el Gobierno podrá pagar salarios y, posiblemente, tampoco hacer frente a las obligaciones con los tenedores de la deuda pública. Estamos en una encrucijada y la fiesta debe acabarse en pensiones de lujo y salarios crecientes, debido a los más de 121 pluses existentes.
Es hora de analizar con urgencia todo el sector público y racionalizar su tamaño. Midamos su eficiencia y hagamos una reingeniería. Busquemos salidas a una crisis que afectará más a los que menos tienen porque generará más desempleo.
El autor es ingeniero.