Columnistas

La impostergable reestructuración de los gobiernos locales

Los ayuntamientos deben ser protagonistas del desarrollo social en cada una de las comunidades que representan

La municipalidades están obligadas a mejorar su gobernanza y eficiencia para brindar servicios de óptima calidad a sus comunidades. Los ingresos de los gobiernos locales ascenderán este año a ¢531.000 millones, distribuidos de la siguiente forma: ¢175.000 millones (33 %) para dirección y administración, ¢195.000 millones (37 %) para servicios municipales y ¢160.000 millones (30 %) para inversiones. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) recibirá ¢18.000 millones, y solo en remuneraciones se le van ¢2.800 millones (16,9 %).

El gobierno y otras instituciones del Estado deben evaluar una delegación ordenada de responsabilidades a los municipios. Funciones que deben acompañarse de recursos económicos y herramientas legales.

Los ayuntamientos deben ser protagonistas del desarrollo social en vivienda, agua, cuidado infantil, alumbrado, recreación, conectividad, educación, instalaciones culturales y servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Deben ser responsables de las zonas de protección, la contaminación visual y ambiental, la gestión de residuos, el empleo y el arraigo. Son los primeros interesados en que sus residentes tengan un buen vivir. La cercanía con la comunidad les facilita ser grandes interlocutores con las diferentes instituciones que conforman el complejo sistema centralista del Estado.

Son también los que tienen que preocuparse del trafico de drogas, la informalidad, la juventud, los asuntos de género, la discapacidad y otros factores que afectan directamente su territorio.

Deben progresar en productividad, estructura, estrategia, autonomía, eficiencia, servicio, compromiso y transparencia para cumplir nuevos papeles.

La unión. La Asociación Municipal de Municipalidades se creó en 1940 para velar por los intereses de los asociados y aunar esfuerzos a fin de aumentar la productividad, apoyar, coordinar, capacitar y promover la sinergia en sus tareas.

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se fundó en 1977 con potestades para ejercer derechos y contraer obligaciones, con su propio patrimonio y libre administración.

La unión de las municipalidades es fundamental para homologar buenas prácticas en pro del desarrollo económico y la competitividad del sector. Esfuerzo que se desgranó con la posterior creación de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI), por problemas políticos, costos operativos, rivalidades y falta de resultados. Los ejecutivos municipales deben estar unidos por una agenda si quieren ver resultados.

Son necesarios esfuerzos conjuntos para reducir los elevados costos operativos e incrementar la productividad de todas las municipalidades. La prioridad de los gobiernos locales debe ser compartir servicios, contar con una red tecnológica que los una a todos, emplear normas internacionales de información financiera, ejecutar nuevos sistemas de planificación urbana y organizativa, intercambiar buenas prácticas de gestión, acordar alianzas con el sector privado para la construcción de infraestructura y brindar servicios, mejorar prácticas administrativas y emplear una sola plataforma para permisos y pagos.

Las federaciones y otras asociaciones deben cumplir una labor de intercambio de experiencias y unir esfuerzos para progresar. En esta nueva realidad, el IFAM debe reinsertarse o cerrarse, y crear un fideicomiso con una visión clara y plazo fijo. No podemos mantener instituciones que no sean evaluadas con la rigurosidad que exige la actual situación.

Papel clave. Las municipalidades deben cambiar su visión y convertirse en motores del desarrollo local y no conformarse con ser meras prestadoras de servicios y recaudadoras de recursos.

El Ministerio de Transportes y el de Planificación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Educación (MEP), las universidades públicas, el Minae, la Banca para el Desarrollo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Salud y decenas de otras instituciones públicas deben trabajar en forma coordinada, planificada y ordenada para aprovechar las fortalezas de los gobiernos locales.

Hay que profesionalizar las municipalidades y establecer verdaderos gobiernos corporativos, que permitan una gobernabilidad más ágil. Los líderes municipales deben ser conscientes de la transparencia y la eficiencia.

Las fuerzas comunales están obligadas a escoger a sus mejores ciudadanos para conformar el cuerpo directivo. Los sindicatos municipales deben luchar por dar los mejores servicios a los ciudadanos y no concentrarse en pluses y prebendas, porque contribuyen a la insostenibilidad de las finanzas de las instituciones.

Establecer mediciones de resultados y flexibilizar la administración municipal es clave para devolver a los ciudadanos la confianza en sus gobiernos locales y en quienes los dirigen.

Lo municipios deben rendir cuentas no solo sobre sus ingresos, sino también de registros, gestión de cobro, gestión de deuda, controles, contratación administrativa, recursos humanos, gastos, proyectos, inversiones, manejo de residuos, aseo de vías, manejo de parques, planificación urbana, desarrollo institucional, medición de la satisfacción ciudadana, inversión social, inversión en la red vial, gestión ambiental, política de atracción de nuevas inversiones y un análisis detallado de los compromisos y visión futura de la institución.

No se vale seguir sosteniendo municipalidades entrabadas, poco trasparentes, sin compromiso, burocratizadas y cuestionadas seriamente por su falta de productividad y transparencia.

Hay que hacer del sector municipal un gobierno competitivo y quitarle barreras. El fortalecimiento y competitividad de los gobiernos locales es esencial si aspiramos a una Costa Rica más justa y productiva.

jorgewgm@gmail.com

El autor es ingeniero.