Hay palabras que no solo describen una posición política, sino que definen el carácter moral de quien las pronuncia y de la nación que representa.
Las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, el pasado 13 de junio, ante la cadena NTN24 son de esa naturaleza. Y lo que definen es muy grave para la imagen y reputación de Costa Rica.
Lo que dijo y lo que omitió
Consultada sobre cómo planea manejar la relación con Nicaragua, en medio de los cuestionamientos internacionales contra la corrupta y criminal dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos, la presidenta Fernández afirmó que los nicaragüenses tienen el gobierno “que han elegido tener”.
Con esa frase, pronunciada con la ligereza de quien ignora –o decide ignorar– ocho años de terror documentado y de fraudes electorales cada vez más descarados, la mandataria cometió un error que no es técnico ni diplomático: es moral.
Durante sus declaraciones, Fernández evitó referirse a las denuncias de fraude electoral, las groseras violaciones a los derechos humanos, la persecución contra opositores, el cierre de organizaciones de la sociedad civil, el destierro de críticos del régimen o la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo. Menos aún mencionó la posible presencia de células criminales del Estado nicaragüense en territorio costarricense. No fue un olvido. Fue una omisión deliberada y sistemática de estos graves hechos.
La mandataria llegó incluso a afirmar que Nicaragua “mantiene estabilidad económica y realiza inversiones”, y que “no se puede comparar la situación de vida de los nicaragüenses con la de los cubanos o los venezolanos”. Esta comparación, además de ser factualmente cuestionable, funciona como un instrumento de normalización de la dictadura: sugiere que, mientras otros sufren más, los nicaragüenses deberían estar agradecidos con sus opresores.
Los hechos que la presidenta se negó a ver
Lo que Fernández llamó “la forma de gobierno que han elegido” es, según los organismos internacionales más rigurosos del mundo, una dictadura que aplasta sistemáticamente toda disidencia. Los números son inapelables.
Desde abril de 2018, Nicaragua afronta una severa crisis de derechos humanos que ha dejado –según Amnistía Internacional– más de 300 asesinados y miles de heridos tras la represión estatal.
En enero de 2025, la Asamblea Nacional controlada por el partido de gobierno aprobó una reforma constitucional que nombró a Murillo “copresidenta”, amplió el periodo de 5 a 6 años y otorgó al Ejecutivo la facultad de “coordinar” los poderes Judicial y Legislativo.
Ortega se mantiene en el poder desde 2007, y una reforma constitucional de 2014 derogó los límites a la reelección presidencial. El gobierno ha continuado reprimiendo todas las formas de disidencia y, a partir de 2025, extendió la represión incluso a algunos partidarios del gobierno.
Pero lo más perturbador para Costa Rica específicamente es el asesinato del opositor nicaragüense y mayor del ejército en retiro Roberto Samcam Ruiz, ocurrido el 19 de junio de 2025 en la capital costarricense. Tal homicidio evidenció la existencia de una persecución transnacional que exiliados y organismos de derechos humanos han denunciado por años. El régimen al que la presidenta llama vecino “armonioso” asesina opositores en suelo costarricense. Eso no es un detalle menor que la diplomacia puede obviar.
La traición a una tradición centenaria
La posición de Fernández no solo es moralmente inaceptable: constituye una ruptura histórica con la tradición más noble y reconocida de la política exterior costarricense, caracterizada por su firme compromiso y defensa de los derechos humanos, las elecciones con integridad y la democracia.
Después de la grave crisis política de 2018 y de las detenciones de 2021 –con motivo de las elecciones de ese año–, Costa Rica retiró a su embajador en Managua, y desde entonces su representación diplomática ha permanecido a cargo de un encargado de Negocios interino. Esa fue una decisión basada en principios.
Lo que Fernández hace ahora es revertir, sin anuncio ni debate, esa postura moral mediante declaraciones que normalizan aquello que sus predecesores condenaron.
La gravedad de sus afirmaciones quedó reflejada en quienes reaccionaron contra ellas: no solo los exiliados nicaragüenses, sino también expresidentes costarricenses, entre ellos Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís.
El argumento de la ‘no injerencia’
El principio de no injerencia suele ser la justificación utilizada por los gobiernos para evitar confrontar a regímenes autoritarios con los que mantienen intereses.
Al afirmar que la situación de Nicaragua pertenece al “ámbito interno” de ese país, la presidenta Fernández recurrió precisamente a ese falaz argumento.
Sin embargo, las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad denunciados por expertos de la ONU trascienden las fronteras nacionales y constituyen una preocupación de toda la comunidad internacional.
Las declaraciones de Fernández se producen, además, en un contexto de creciente presión internacional contra la dictadura de Ortega-Murillo. Mientras la administración Trump endurece su postura y exige la liberación inmediata de los presos políticos, Costa Rica opta por una estrategia de normalización de sus relaciones con Managua.
Con ello, la mandataria se distancia de la línea sostenida por gobiernos costarricenses anteriores y da un giro estratégico inédito, sin un debate público amplio ni una justificación clara para la ciudadanía.
Como categóricamente expresó la expresidenta Laura Chinchilla: “Hay dos posibles explicaciones de tal desatino: ignorancia o indiferencia. Si es lo primero, avergüenza al país; si es lo segundo, deshonra nuestra tradición de condena absoluta a las tiranías”. Nunca mejor dicho.
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Daniel Zovatto es director y editor de Radar Latam 360.