La respuesta de la contralora Marta Acosta a la solicitud de reunión del presidente Rodrigo Chaves constituye una derrota para los impulsos populistas del Poder Ejecutivo.
En 20 meses y medio de la administración, la Contraloría, el Poder Judicial —incluida la Sala Constitucional—, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y la prensa han sido objeto de constantes ataques del presidente y faltas de respeto.
Sus vigorosos intentos por socavar la institucionalidad democrática son proporcionales a su incapacidad de gestión y desapego a la legalidad, evidentes en la figura propuesta para construir la Ciudad Gobierno, la forma como se intentó otorgar a Racsa el contrato de los escáneres y el turbio mecanismo para administrar la pauta del Estado mediante la agencia de publicidad del Sinart.
El Gobierno Central, siguiendo el libreto de los populistas en todas partes del mundo, en lugar de poner a derecho sus planes y presupuestos, traslada la culpa de sus desaciertos a las entidades responsables de señalar el camino para el éxito en la gobernanza.
El escritor Moisés Naím resume en tres pes las características del estilo de esta nueva forma de “gobernar”: populismo, polarización y posverdad. El Poder Ejecutivo costarricense aporta una cuarta pe: pachuquismo.
Sobre la posverdad, basta con un ejemplo: Marta Acosta fue nombrada contralora general de la República el 21 de mayo del 2012. Laura Chinchilla denunció la corrupción en la trocha el 4 de mayo del 2012, es decir, 17 días antes. Quienes preguntan dónde estaba Marta Acosta cuando ocurrió lo de la trocha ya tienen la respuesta.
Más peligroso aún, escribe Naím en La revancha de los poderosos, “impulsada por la moderna tecnología de las comunicaciones, estos líderes derriban el muro que separa la política del espectáculo”.
El Estado de derecho costarricense, por lo tanto, se tambalearía sin liderazgos como el de Marta Acosta, quien defendió la independencia de la entidad al establecer condiciones para el posible encuentro, desde la presencia del presidente en la sede de la Contraloría (no al revés) hasta la grabación del encuentro para ponerla a disposición de la ciudadanía.
La reunión no sería la continuación del espectáculo de los miércoles, sino una reunión con personas serias, acostumbradas al diálogo y la rendición de cuentas.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.