La sociedad debe saber distinguir entre gastar e invertir, y la educación es lo segundo
Mia Fink Uleth
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 26 el derecho a la educación para todas las personas y en nuestra Constitución se fija, en el artículo 78, un monto mínimo del 8 % del PIB destinado a la inversión de la educación.
¿Por qué? Como digo siempre, la educación es la clave para el cambio positivo con miras a un mundo mejor. Nos enriquece de la información que podemos adquirir y producir, para difundir conocimiento, para exponernos a diversas perspectivas y permitir, de este modo, la construcción de una mentalidad abierta, culta e informada.
No obstante, la educación está, a pesar de las leyes, gravemente amenazada. A principios de mes, mientras se negociaba el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el gobierno decidió rechazar el aumento del 1 % adicional, es decir, ¢5.500 millones que se acordó valorar en el 2022, con el pretexto del costo de vida (aunque claro, no dudan en decir que hay “buenas noticias económicas”, pero ese es otro tema).
Vale añadir que se está negociando aunque en la actualidad se invierte un 6 % del PIB en educación, un 2 % menos del monto constitucionalmente aprobado. Estos acontecimientos me hacen poner en duda el compromiso del presidente Chaves y la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, en el desarrollo de la educación.
Más allá del dictado de la Constitución, hay que financiar la educación. Mi padre siempre dice que “hay cosas que son un gasto, pero hay otras que son inversión”. Tiene razón. ¿Cuál es la diferencia? El gasto es momentáneo. Inversión es permitir el acceso a la gran mayoría a un sistema educativo necesario para nuestro avance.
El gobierno afirma que la economía está bien, pero solamente cuando se trata de sus impuestos. Porque está mal cuando se trata de la educación, y por eso —según dice— no puede dar el porcentaje adicional.
Es contradictorio, no tiene sentido. Digo, si el costo de vida es alto y el gobierno está comprometido con la supuesta ruta de la educación, ¿no debería entonces invertir más para aumentar la cantidad de becas? ¿No debería invertir o promover la reducción de los costos en las escuelas, colegios y universidades del sector privado?
Estuve viendo discusiones en las redes sociales al respecto para saber qué opina la gente. Me pareció muy curioso que un exdiputado y excandidato presidencial propusiera quitar el FEES a las universidades públicas y dárselo a un banco o al Conape para que preste el dinero a los estudiantes.
Ese es el pensamiento que ve la educación como privilegio. ¡Ojalá fuera tan simple! Tal vez a algunas familias, incluida la mía, se les haga un poco más sencillo gozar de este tipo de facilidades.
Hay gente para la que no lo es. Tal vez cierta parte de estudiantes de las universidades tenga la oportunidad de pagar un préstamo, pues no es solo pedirlo, después es pagarlo y con intereses. Incluso el Conape cobra una tasa (un 4,5 %), que si bien para unos es “pagable” para otros no lo es.
¿Por qué hablo de esto? Por el simple hecho de que me molesta que en pleno siglo XXI subsistan mentalidades retrógradas, que consideran los derechos humanos como privilegios. En verdad, no está nada, pero nada bien.
La educación no se vende, ¡se defiende! Hay personas cuya única opción es la universidad pública. La época del Estado reformista, en los años 40, no pasó para quedar en el olvido. La educación posibilita el progreso, aprender, desarrollar criterio, conectar, unificar, respetar, abrirnos a nuevos panoramas.
Estamos viendo en el paupérrimo razonamiento estatal lo necesario que es educar para erradicar pensamientos tan equivocados. Es más, ¿será que no quieren invertir para que las personas no puedan desarrollar pensamiento crítico y así carezcan de capacidad para contradecirlos? Nunca lo sabremos, pero lo veo como una hipótesis posible.
Soy parte de la generación que cursa su último año de colegio este 2023 y comenzará la vida universitaria el próximo. Independientemente de si mis compañeros o yo deseamos estudiar en Costa Rica u otro lado, en U pública o U privada, una cosa es cierta: no debemos basar el bienestar y los derechos de cada estudiante en nuestras propias realidades.
Cada estudiante tiene un contexto distinto, y por eso es necesario que, sin importar dónde estudiemos, qué estudiemos, cuándo estudiemos o cómo estudiemos, converjamos en que la educación es un derecho. Nuestro derecho.
Debemos defenderlo a toda costa. La marcha del martes fue histórica, sigamos cambiando el curso hacia una Costa Rica y un mundo mejores, donde la educación no deba ser asunto de debate.
