EscucharLa comisión legislativa que analiza la problemática educativa debe presentar al país un diagnóstico integral. Es preocupante que la inversión en este campo alcance ¢3,4 billones y no se gradúen los profesionales y técnicos que requiere el modelo de desarrollo.
El creciente desenganche entre la oferta y la demanda pasa una factura muy alta a las generaciones más jóvenes y, consecuentemente, a la sociedad. La educación debe ser flexible, fomentar las habilidades blandas e incorporar el inglés desde preescolar.
Debemos discutir la conveniencia de crear una junta nacional que esté compuesta por la ministra y destacados empresarios, educadores y expertos de reconocido prestigio para que, con disciplina, asesoría y conocimiento, definan directrices básicas y evaluaciones sobre cuál debe ser la composición de la oferta educativa pública a corto y mediano plazo.
Debe haber un tercero que en forma profesional y neutral rinda cuentas a la ciudadanía y al Congreso de los resultados de la mayor inversión que efectúa el Estado. La educación pública debe estar sujeta a las prioridades nacionales y a una dinámica de excelencia y evaluación continua.
No podemos seguir creyendo que los presupuestos, la productividad, la competitividad y las visiones del sistema rendirán frutos si se trabaja como islas. El país necesita un plan dinámico acorde con un mundo cambiante y exigente.
Los profesores universitarios y los educadores de enseñanza media deben percibir un salario competitivo, y cada tres años deben ser evaluados por un panel de expertos.
La carrera docente debe ser prestigiosa, exigente y reservada para los más esforzados y talentosos. Las universidades públicas y privadas que gradúan educadores deben tener altos estándares de calidad y acreditaciones internacionales.
Se debe exigir, como parte del currículo docente, el conocimiento de un segundo y hasta un tercer idioma —inglés, sin duda—, digitalización y, por supuesto, excelencia en técnicas didácticas y psicopedagógicas.
Costo-beneficio
El país invierte ¢2,8 billones en educación preescolar, primaria y secundaria, en un sistema que está constituido por 12 instituciones. En promedio, se dedica al año, per cápita, ¢1,4 millones en preescolar, ¢1,5 millones en educación técnica, ¢1,6 millones en educación académica, ¢11,6 millones en educación especial y ¢2,1 millones en educación de adultos.
Del 2006 al 2021, el presupuesto del MEP se duplicó. Los salarios y pluses de los educadores son competitivos, por ende, no se justifican los raquíticos resultados en las pruebas PISA.
Por las deficiencias del MEP, solo el 30 % de los jóvenes egresados de colegios públicos consiguen ingresar a las carreras de alta demanda y apenas el 50 % de los estudiantes que ingresan a primaria pueden graduarse en secundaria en el plazo establecido. La pobreza seguirá incrementándose si esta grave situación educativa no se revierte.
Las instituciones que reciben recursos públicos deben rendir cuentas de los costos y resultados. El costo anual por cada estudiante universitario es de ¢4,6 millones y la calidad de nuestros centros de enseñanza superior debe analizarse con base en el ranquin mundial.
Aprobar excepciones a la regla fiscal y la ley de empleo público para las universidades es insostenible. Las autonomías universitarias no fueron creadas para alimentar un sistema fuera de la realidad nacional. Si bien el profesorado en la educación superior pública es lo mejor con que cuenta el país, deben ser conscientes de su papel como motor de cambio.
Desigualdad
El deterioro del Ministerio de Educación es causa de la gran desigualdad social. Nuestro mayor reto es incentivar en los estudiantes el amor por el aprendizaje tanto formal como informal para salir de la pobreza y el subdesarrollo.
Una educación pública de calidad es clave para que no solo al 8 % con capacidad de pagar educación privada o semiprivada, o que ingresa en un colegio científico, se le abran oportunidades laborales y, consecuentemente, de crecimiento.
Una familia de clase media debe sacrificar hasta un 30 % de sus ingresos para dar a sus hijos una educación que el Estado ya no ofrece. No lograremos acabar con las grandes brechas sociales si no mejoramos la enseñanza pública.
Tenemos que ver la capacitación de los recursos humanos en forma integral. No podemos seguir sosteniendo estructuras rígidas, secuestradas por sindicatos que defienden intereses gremiales y no nacionales.
No es con más recursos que la educación pública alcanzará la excelencia, sino con una estructura profesional y evaluada. Todos los costarricenses deben tener iguales oportunidades, independientemente de sus condiciones socioeconómicas.
El autor es ingeniero.
