EscucharUn reciente reportaje de La Nación mostró que los trabajadores independientes pueden entregar a la CCSS una proporción de sus ingresos mucho mayor que la rebajada a un asalariado. La diferencia merece discusión, sobre todo porque la ley dispone que los independientes están exentos de pagar cuota patronal.
Pero el problema no es solo cuánto se les cobra hoy. También importa la facilidad con la que han cambiado las reglas de cobro.
Al revisar los acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS entre 2010 y 2019, encontré una diferencia reveladora. Mientras el asalariado experimentó tres cambios en su aporte al régimen de pensiones en ese periodo, la Junta adoptó al menos 19 acuerdos relacionados con las contribuciones de independientes y asegurados voluntarios.
No todos fueron aumentos, pero podían modificar tres elementos: la base mínima contributiva y los porcentajes destinados a salud y pensiones. Esa combinación hizo difícil, para un trabajador independiente, anticipar el monto que le tocaría pagar en tres o seis meses. Por ejemplo, en noviembre de 2012, la base mínima subió de ¢116.000 a ¢131.760; los ingresos de referencia de los afiliados aumentaron automáticamente en un 13%.
Para algunos trabajadores, la contribución conjunta pasó del 15% al 19,6%, con menos de un mes de anticipación. En octubre de 2014 se redujeron las contribuciones de los independientes de menores ingresos, pero solo tres meses después volvieron a incrementarse sus aportes al seguro de pensiones.
La Junta Directiva tiene facultades para administrar los seguros sociales y ajustar las contribuciones. Sin embargo, una potestad legal no debería convertirse en una fuente permanente de incertidumbre.
Un asalariado conoce el porcentaje que se le descontará, y sabe que dicho porcentaje ha cambiado cada tres años. Un independiente debe vigilar constantemente su categoría, dos porcentajes y una base de referencia que también puede variar.
Para quien administra ingresos irregulares, esa imprevisibilidad no es un asunto menor. Sería aventurado afirmar que estas modificaciones explican por sí solas la informalidad. La decisión de asegurarse depende también del nivel de ingresos, los trámites y el temor a deudas retroactivas. Pero la volatilidad tampoco es neutral: dificulta proyectar gastos, debilita la confianza y puede desalentar la afiliación.
La CCSS debería publicar los estudios técnicos que sustentan cada porcentaje y adoptar un calendario trianual o quinquenal de ajustes, con reglas conocidas y periodos de transición.
La solidaridad exige contribuir según las posibilidades de cada persona; también exige transparencia y previsibilidad. Quien reserva cada mes una parte importante de sus ingresos merece saber no solo cuánto pagará hoy, sino también bajo qué reglas se calculará su cuota mañana.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
