Desde los primeros días de la presidencia de Joe Biden, su administración ha insistido en que la creciente cantidad de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos y México no es una crisis, sino más bien un pico estacional normal.
Las autoridades norteamericanas hasta han llegado a decir que la controversia fue inventada enteramente por el expresidente Donald Trump y otros republicanos.
Si bien la administración Biden no estaba del todo equivocada con respecto a Trump, la realidad desde entonces ha refutado sus argumentos. La situación en la frontera es hoy efectivamente una crisis, tanto para Estados Unidos como para México.
A finales de setiembre, unos 15.000 migrantes y buscadores de asilo, la mayoría de ellos haitianos, se estaban refugiando del sol bajo el puente internacional en Del Rio, Texas. Han vuelto a poner la cuestión de la migración en primer plano.
Durante todo el verano, las autoridades migratorias de Estados Unidos esperaban que la cantidad de gente en la frontera bajara, pero siguió subiendo, a pesar del calor insoportable.
Las detenciones mensuales alcanzaron un pico de 200.000 en julio y otras vez en agosto —su nivel más alto desde el año 2000—. La repentina aparición de miles de haitianos en el lado estadounidense de la frontera (y no en las ciudades mexicanas de Matamoros, Reynosa o Tijuana al sur) demuestra que el flujo de ninguna manera está cesando.
Esto era previsible. La situación en Haití, terrible hasta en años buenos, se volvió catastrófica debido al caos posterior al asesinato del presidente del país en julio. Tras la subsiguiente agitación política se produjo un terremoto y una serie de huracanes y tormentas tropicales que han dejado al país más golpeado que nunca.
Los haitianos han venido abandonando su país desde hace años; primero, rumbo a Brasil, y, luego, a Chile. Pero en tanto la situación económica y legal en cada uno de esos países se volvió menos hospitalaria, han comenzado a migrar hacia Estados Unidos. Y debido a los eventos de este verano sus números se han disparado.
La crisis en la frontera de Estados Unidos es solo parte de la historia. Tapachula, ciudad mexicana de 350.000 habitantes en la frontera con Guatemala, hoy da refugio (en condiciones miserables) a entre 50.000 y 100.000 buscadores de asilo, aproximadamente la mitad de los cuales son haitianos.
Las autoridades mexicanas están obligando a los migrantes a permanecer allí mientras se procesan sus pedidos. Pero ese procedimiento puede demorar más de un año, y los migrantes cada vez más buscan salir y viajar hacia el norte.
Varias caravanas, cada una con cientos de refugiados y migrantes, han partido en las últimas semanas, obligando a las autoridades de migración mexicanas a mandarlos de vuelta a Tapachula. Se han reportado separaciones de familias, extorsión y golpes (algunos de los cuales han quedado registrados en video).
A pesar de esta brutalidad, los buscadores de asilo de varias nacionalidades han seguido apiñándose en la frontera de Estados Unidos y México, lo que demuestra que la contención no es tan simple.
Si bien el Ministerio de Defensa de México dice que ha enviado más de 14.000 tropas para «detener toda la migración», la verdad es que el país carece de los recursos financieros y del personal para llevar a cabo una misión sostenida de este tipo.
Cuando el presidente de Estados Unidos Barack Obama le pidió ayuda al presidente mexicano Enrique Peña Nieto para bloquear a los migrantes en el 2014, las autoridades mexicanas cumplieron con agrado, pero solo durante un par de años.
En el 2017, las cantidades de deportaciones de México habían vuelto a bajar y las detenciones y deportaciones de Estados Unidos empezaron a subir, una tendencia que hoy está alcanzando su pico.
Es probable que se repita el mismo patrón. Los esfuerzos mexicanos obviamente son insuficientes, aun si son significativos y muchas veces humillantes.
Estados Unidos no puede simplemente rechazar a los haitianos en Del Rio. Tampoco las soluciones que se ofrezcan están libres de costos. Para resolver la última crisis fronteriza, Biden tendrá que hacer la vista gorda al manejo desastroso de la economía y la pandemia por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, así como su subversión del Estado de derecho y de la democracia incipiente de México.
La mejor solución inmediata es otorgar un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los haitianos que ya han ingresado a Estados Unidos. (Aunque el TPS es en teoría por un tiempo determinado, probablemente en la práctica duraría indefinidamente).
Biden también debería pedir a los países de tránsito —principalmente Chile, México y Panamá— que brinden a los migrantes un asilo apropiado y papeles de trabajo, y los autoricen a permanecer en condiciones humanas y hospitalarias.
Un pedido de esa naturaleza obviamente debe venir acompañado de recursos para ayudar a estos países a pagar la cuenta por albergar a los haitianos restantes. La única interrogante, entonces, es dónde invertir mejor el dinero, ¿en los migrantes haitianos en Estados Unidos o en Chile, Panamá y México?
Otorgar un estatus de protección temporal a los haitianos en la frontera probablemente alentaría a otros a venir; sin embargo, la tendencia no duraría para siempre. Como sucedió con la gente que huía en botes en los años noventa, esos flujos terminarían acabando por varias razones económicas, sociales y culturales.
Y si bien esta estrategia también podría alentar a cubanos, hondureños, salvadoreños y a otros a viajar hacia el norte y probar suerte, los números generales serían en una escala que Estados Unidos, un país rico con 330 millones de habitantes, podría manejar fácilmente.
En cuanto a las consecuencias políticas y las perspectivas electorales de los demócratas en el 2022 y el 2024, una estrategia más humana ciertamente no es peor que la alternativa de meter a niños haitianos en aviones y mandarlos de vuelta a un país sumido en la discordia, la destitución y la desesperación.
Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, es profesor en la Universidad de Nueva York.
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