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Jornadas 4-3, ¿una necesidad?

Si ciertas empresas necesitan operar 24/7, deberíamos ofrecerles ventajas económicas para hacerlo en nuestro territorio, con el propósito de que amplíen su oferta laboral

Tenía reservas en relación con la iniciativa legal que permitiría el empleo de personas en un esquema de cuatro días de jornada laboral más prolongadas y tres días de descanso, que se tramita bajo el expediente legislativo 21182. Sin embargo, después de reflexionarlo, las dudas se disiparon y quiero compartir por qué.

Nuestra política de apertura comercial y de inversión extranjera directa (IED) fue vigorosa y logró una diversificación de la matriz exportadora en tres sentidos: aumento de bienes exportables, ampliación de mercados e inclusión exitosa de exportación de servicios (casi la mitad de las ventas en el extranjero). La posición de Costa Rica en el mercado global es envidiable.

El modelo tiene varias ventajas: en primer lugar, nos vuelve resilientes a los shocks generados por las crisis económicas. En segundo lugar, nos ha posicionado en las cadenas globales de valor de manera que cada vez más empresas extranjeras ven en Costa Rica una ventaja estratégica, entre otras razones, porque hemos formado clústeres. A estos atractivos se suma una creciente producción con energías limpias.

En tercer y cuarto lugar, el modelo ha generado empleo formal directo e indirecto que aporta un 25% del empleo formal nacional y ha impulsado emprendimientos que emplean las mejores prácticas internacionales, gracias a los encadenamientos y la transferencia tecnológica derivada de la IED.

Además, está demostrado que la productividad laboral aumenta entre un 6% y un 8% cuando una empresa nacional forma parte de una cadena global de valor.

Esta es la cara bonita de nuestra realidad. La cara fea es que no hemos logrado mover los índices de pobreza y desigualdad a pesar de todo ello. Unas 260.000 personas no tienen empleo; entre nosotros, hay casi 380.000 personas en pobreza extrema, muchas de ellas mujeres, y si consideramos el nivel total de pobreza, este asciende al 26% de la población.

Las necesidades no están cubiertas en ciertos territorios geográficos; las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) muestran índices de menor desarrollo y empleo. Por otra parte, un 9% de la fuerza de trabajo no ha terminado la educación primaria o no tiene formación y un 22% no ha concluido la secundaria, mientras que la mitad de los estudiantes de escuelas públicas no tienen acceso a internet. Esto es lo que no nos deja dormir tranquilos.

Este panorama nos urge a empatar la oferta de trabajo con la demanda real. No podemos esperar de brazos cruzados que fructifiquen las reformas que se han logrado recientemente —como la del INA, educación dual, teletrabajo, marco de cualificaciones, agencia de innovación— para ofrecer trabajos de alto valor agregado.

Menos aún, podemos aguardar la gran transformación educativa, que debería ser el centro de nuestra política pública, así como la energética y la tecnológica, porque, aun si arrancaran hoy, sus efectos serán prolongados.

Hay una ventana de oportunidad que se abre con el nearshoring y friend-shoring. Si ciertas empresas de bienes o servicios necesitan operar 24/7, deberíamos ofrecerles ventajas económicas para hacerlo en nuestro territorio, con el propósito de que amplíen su oferta laboral.

Hacerlo no significa desincentivar la producción de alto valor agregado, sino extender la gama de actividades en nuestro territorio. Ante la ausencia de una significativa reducción de costos a la producción, como tarifas eléctricas, cuotas obrero-patronales o mejoramiento de infraestructura portuaria, un régimen laboral de excepción sería visto con buenos ojos, incluso por la industria nacional.

Obviamente, por razones constitucionales que protegen los derechos laborales y la salud de los trabajadores, todo régimen de esta naturaleza requeriría tanto de normativa balanceada, con reglas de juego claras, como de una implementación adecuada con las capacidades de supervisión correspondientes.

Es positivo que los actores políticos, empresariales, sociales, académicos y especializados relevantes estén discutiendo esta iniciativa y vayan definiendo los detalles de la normativa para lograr el mejor aprovechamiento de las capacidades nacionales.

Si el diálogo es franco y se desarrolla con empatía, sensibilidad y evidencia científica, nos llevará a buen puerto. Si se estima que un régimen como este no es de recibo, sería conveniente que se presenten alternativas para ofrecer más oportunidades a las personas que no tienen trabajo.

La autora fue ministra de Comercio Exterior y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Cinde.

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