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Me dejan atónito las decisiones tomadas recientemente por la Intendencia de Transportes de la Aresep. Después de un considerable retraso en la aplicación de la metodología extraordinaria de autobuses, correspondiente al segundo semestre del 2020, en julio del 2021 emitió una resolución de disminución de 4,75 % (de ¢5 a ¢425 por carrera).
Ya había actuado irregularmente en la fijación de tarifas del primer semestre del 2019, pues los datos recogidos en enero del 2020 no fueron tomados en cuenta hasta noviembre de ese año, y los de julio del 2020, en abril del 2021. Pareciera no importar a los técnicos esos rezagos ni la posible exacción de recursos a usuarios o empresarios.
La rebaja pospuesta obedecía, fundamentalmente, a la sustancial caída en los precios de los combustibles, principal insumo del transporte público. Pero, de forma inusitada, de inmediato, dictó una nueva resolución suspendiendo la rebaja, hasta nuevo aviso. Aunque no soy abogado, una decisión de esta índole, si no cuenta con la aprobación de la Junta Directiva de la Aresep, único órgano competente para modificar o suspender la aplicación de una metodología, podría constituir prevaricato, al atribuirse competencias indebidas.
Y aunque hubiese contado con la aprobación de la Junta, lo cual no parece haber ocurrido, sería terriblemente injusta al escamotear a los usuarios el beneficio de la caída en los precios internacionales de los combustibles para entregarlo, graciosamente, a los empresarios. Esto no lo autorizan ni la metodología ni la ley.
Una vez determinado el monto del ajuste tarifario, según la metodología, debe aplicarse de inmediato y por el tiempo suficiente para que los usuarios recuperen lo pagado de más en las tarifas durante el período objeto del estudio. Pero esto no ocurrió, negando ominosamente el derecho de los usuarios.
Se recurrió al argumento de la disminución de los ingresos de los empresarios por la pandemia y al interés público, para no arriesgar la prestación del servicio. Pero esto es ilegal, puesto que la metodología extraordinaria no es instrumento autorizado para ese fin. Debió utilizarse la metodología ordinaria para medir los efectos sobre el equilibrio financiero, con la consideración de todos los ingresos y costos de las empresas, no solo el cambio en las variables del entorno.
Se justificó la suspensión en un supuesto estudio de una muestra no aleatoria de 95 empresas para medir la disminución en los ingresos. Pero, en un acto de impericia o mala praxis, dicho análisis no consideró la disminución ocurrida en los costos de operación. Al sector se le ha dado durante la pandemia un trato muy especial. Se le autorizó reducir horarios y utilizar solo la mitad de la flota, se disminuyeron los derechos de circulación y el canon de regulación. Por ley, los autobuseros pudieron recurrir a la suspensión de contratos de trabajo y rebajo de jornadas, y disfrutaron, plenamente y al contado, de la rebaja y menor consumo de combustibles. Nada de esto se tomó en cuenta.
El uso del argumento de salvaguarda del interés público parece espurio, al basarlo en el temor del abandono de las concesiones por los empresarios. Si bien se ha dado el abandono de cinco rutas en los últimos años, no tiene relación con la pandemia y, «a contrario sensu», alejan el temor de la interrupción del servicio, pues siempre hay quien esté dispuesto a asumirlo.
Lo más grave es la extraña forma de entender el principio del interés público, pues ignora a los usuarios, mencionados en primer lugar en la ley. Sí, los usuarios también se vieron afectados por la pandemia, sus ingresos se redujeron y se les obligó a hacer largas filas y viajar en autobuses atestados de pasajeros, sin ninguna consideración sanitaria.
La joya de la corona fue la decisión de calcular el ajuste correspondiente a la variación en los precios del primer semestre del 2021, un aumento del 5 % (de ¢5 a ¢425), y dejarlo en suspenso, cuando la norma obliga a hacerlo efectivo de inmediato. Tan ilegal podría haber sido la decisión de suspender la disminución del segundo semestre del 2020 como este aumento.
Los efectos no son neutros. Los usuarios y empresarios tienen 20 meses de estar pagando tarifas desfasadas e injustificadas, en abierto perjuicio de sus finanzas. Ahora se anuncia el congelamiento del aumento mientras no se aplique la rebaja. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo calcularán cuánto fue el pago excesivo que hicieron los usuarios durante esos trece meses y cuánto dejaron de recibir los empresarios durante los últimos cuatro meses? ¿Cómo medirán los cambios en la demanda en cada semestre sin recurrir a estudios tan «sui generis» como los usados en la justificación de la suspensión de la rebaja? ¿Se reconocerán intereses de uno u otro grupo por la diferencia temporal en la aplicación?
Habrá que ver cómo salen de este enredo. Esperemos no ver un simple neteo de aumentos y disminuciones sin tomar en cuenta los montos totales pagados en cada caso y el tiempo transcurrido (como diría un estadístico, sin medir las áreas bajo la curva). Este embrollo ha sido no solo injustificado, sino también chambón, y podría violar las normas jurídicas.
Todas estas inconsistencias jurídicas se han dado en momentos de indefensión de los usuarios y regulados por no estar conformada, a plenitud, la Junta Directiva, pues el Poder Ejecutivo ha sido extremadamente lento en llenar las vacantes. Eso le impide conocer recursos en alzada y hasta agotar la vía administrativa. Mientras tanto, las decisiones de la Intendencia, razonables o arbitrarias, siguen vigentes.
Las autoridades de la Aresep parecen no estar conscientes de la enorme responsabilidad que les atañe, y se atribuyen potestades por encima de sus competencias. Una mala regulación es la peor solución a la explotación del poder monopólico en los mercados. El personal encargado de realizar las tareas técnicas debe conocer plenamente la materia y los principios legales atinentes.
Es hora de abandonar los ajustes extraordinarios de tarifas de transporte público y sustituirlos por ajustes ordinarios nacionales bianuales. Ya existen las condiciones para hacerlo. Solo falta voluntad.
El autor es economista.
