Columnistas

Infraestructura digital pública

Si los $400 millones que invertimos (o gastamos) en tecnología se aprovecharan mejor, todos nos beneficiaríamos

Una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia es el acceso casi ilimitado a actividades virtuales interesantes. En el reciente Foro de infraestructura digital, organizado por el Object Management Group, la Open Civic Foundation y el Global City Teams Challenge, las exposiciones giraron en torno a cómo debería ser la infraestructura digital pública para la transformación de gobiernos de «recursos bajos» (low resource governments).

El Open Group propuso empezar por la arquitectura empresarial, incluso por la arquitectura orientada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, lo cual es difícil de objetar.

En Costa Rica, supe que en un ministerio se opusieron a la elaboración de la arquitectura empresarial porque no son una empresa, sino una «institución», supongo que en Macondo también se opondrían.

Lo que más me llamó la atención de esa excelente presentación fue la consideración de la infraestructura digital pública, que va mucho más allá de la conectividad. Incluye todo el software común que debieran compartir las instituciones (porque pertenecen al mismo dueño, y tienen como fin servir a ese dueño). Visto de esa manera, no solo se da una mejor utilización a los recursos escasos, sino también y probablemente lo primordial, se producen sistemas que satisfacen las necesidades de los ciudadanos.

A partir de los objetivos de desarrollo sostenible (en el ejemplo utilizaron agricultura, salud y educación) deducen cuándo un proceso es de elevado impacto, describen los flujos de trabajo (workflows) que es necesario automatizar para finalmente definir los componentes de software reutilizables.

Por ejemplo, hay aplicaciones que requieren administración de casos (de agricultores, de enfermeras y de educadores), administración de expedientes, administración de excepciones y una larga lista.

Los pedazos de software reutilizables son una lista mucho más larga, desde cosas obvias, como administración de identidad digital y autenticación, hasta la administración de reglas de autorización de acceso a datos sensibles, pasando por personalización de interfaces de usuario y entrenamiento de aprendizaje de máquina (machine learning).

Beneficios. Hoy las instituciones no solo reinventan la rueda de una institución a otra, sino también dentro de una misma institución poseen infraestructura duplicada y triplicada de un departamento a otro.

Al analizar lo anterior, caí en la cuenta de que el término aplicaciones trasversales que aparece en la ley de creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital (y hasta donde sé nadie sabía de qué se trataba) se refiere a la infraestructura de software reutilizable.

Si esto se ejecuta correctamente, las diferentes instituciones armarán soluciones como quien arma un lego, con bloques reutilizables (en el software, a diferencia del lego, los bloques se reutilizan y nunca se acaban).

Además de los beneficios obvios de una interoperatividad segura y eficiente, hay beneficios asociados al mantenimiento de los sistemas: cuando se detecta un problema en una pieza del software, se corrige una vez y todas las instituciones se benefician de la nueva versión.

Si bien es difícil estimar los ahorros en costo y mejoras en el servicio que esto traerá, a mí no me queda la menor duda de que serán cuantiosos.

Dentro de los 10 retos identificados en los países de recursos bajos, hay algunos que se presentan de manera obvia en Costa Rica, por ejemplo: métodos de entrega de servicios fragmentados con resultados inconsistentes, utilización mínima o nula de estándares que imposibilitan hallar soluciones, infraestructura de TIC dispareja e inconsistente, recursos financieros limitados, decisiones de inversión ineficientes y fracasos en compras y administración de proveedores.

El estándar cívico abierto (OCS) está siendo desarrollado basándose en la arquitectura de referencia cívica abierta (OCAF), la cual es modelo para la transformación digital del sector público.

Esta arquitectura provee un marco de trabajo (framework) utilizable en el intercambio de datos y entrega de servicios digitales de manera segura e interoperable entre entidades gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado.

La arquitectura está organizada en cinco dominios horizontales, debajo de cada uno hay especificaciones detalladas de cómo se manejan los datos y los flujos de trabajo, y llega hasta las interfaces específicas que hay que utilizar.

Erradicación de plagas. Las meta principal del estándar en desarrollo es liberar a gobiernos y usuarios a toda escala (global, nacional, provincial, municipal o tribal) de las siguientes situaciones que nos han plagado por décadas:

1. Dependencia de tecnologías propietarias.

2. Fracasos en compras y administración de contratos.

3. Duplicación de infraestructura y fracasos en integración de sistemas.

4. Ciberseguridad no comprensiva.

5. Datos no estandarizados y aislados.

6. Pérdida de derechos de datos y de privacidad.

7. Estrategias no claras que resultan en gobernanza desenfocada e ineficaz.

8. Hinchazón tecnológica e incremento de costos de administración de tecnología.

9. Muy pocas oportunidades de capturar el interés ciudadano.

10. Métodos anticuados de entrega de servicios públicos.

11. Conflicto entre el mantenimiento y la modernización.

En la lista de situaciones que el estándar procura eliminar, encontramos una fotografía de la realidad de los sistemas del sector público costarricense. Situaciones que no son nuevas y se agravan con el tiempo. El hecho de que muchos otros países compartan estos mismos problemas es consuelo de tontos.

En el Club de Investigación Tecnológica estamos trabajando para traer al país el estándar y el conocimiento asociado, pues estamos convencidos del beneficio potencial.

Si los $400 millones que invertimos (o gastamos) en tecnología se aprovecharan mejor, todos nos beneficiaríamos, los servicios públicos entregados de manera digital serían de calidad superior, que además permitirían a los funcionarios dedicarse a labores que agregan valor (como servicio al cliente) en lugar de empujar papeles.

Acabo de cometer otro pecado de Macondo, llamar al ciudadano cliente, ¿cómo se me ocurre? Los ciudadanos somos usuarios, pacientes, administrados, contribuyentes, nunca clientes, sobre todo porque el cliente siempre tiene la razón, aquí y en Macondo.

roberto@sasso.cr

El autor es ingeniero, presidente del Club de Investigación Tecnológica.