EscucharEl martes 6 de diciembre, este medio de comunicación informó sobre la eliminación de 6.292 plazas del ya muy debilitado Poder Ejecutivo. Nada nuevo. Es la tendencia desde hace cuatro décadas en beneficio de otros poderes, instituciones autónomas y municipalidades.
En números redondos, se nos ha dicho que para el Estado trabajan 330.000 empleados. Cada vez que pregunto a personas, no necesariamente vinculadas con este asunto, cuánto personal creen que corresponde porcentualmente al Poder Ejecutivo —excluyendo al personal docente del Ministerio de Educación Pública (MEP) y a los policías del Ministerio de Seguridad— la respuesta más frecuente es que ronda un 50% o más.
Es incorrecto; el personal administrativo de todos los ministerios no supera en mucho el 15% del personal del Estado, esto es, menos de 45.000 funcionarios.
Desde la creación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en la administración Monge Álvarez (1982-1986), el número de trabajadores administrativos del Poder Ejecutivo se mantiene estable y en algunos períodos hasta decreció.
También los salarios, al extremo que, según un estudio de la Dirección General de Servicio Civil, en el 2007 los salarios profesionales no superaron el percentil 30 del mercado salarial público. El estudio descubrió grandes inequidades como por ejemplo que, en una misma posición, estos se duplicaron respecto al resto del Estado, lo que ocasionó una masiva fuga de profesionales, fenómeno bien documentado desde el siglo pasado.
Repúblicas independientes
En un artículo reciente, intitulado “Poder Ejecutivo debilitado sistemáticamente” (La Nación, 26/8/2022), me referí a la preocupante pérdida de competencias y recursos del Poder Ejecutivo, poder que, en una democracia presidencialista, es sometido a toda clase de escrutinios y controles, mientras las instituciones autónomas y los otros poderes actúan como repúblicas independientes, hipocresía que, lamentablemente, no siempre está en el ojo de alguna prensa y la opinión pública.
El estudio del 2015 sobre gobernanza pública en Costa Rica, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apuntó que se estableció un servicio civil profesionalizado, respaldado por un compromiso con el empleo público meritocrático, desafortunadamente cada vez más debilitado. Sin embargo, la gran cantidad de legislación y convenciones colectivas dio como resultado una pluralidad de políticas y sistemas de gestión de recursos humanos, lo cual resulta en una abismal disparidad en el tratamiento de los empleados entre instituciones.
La Memoria anual de la Contraloría General de la República del 2007 resalta que en la administración pública costarricense coexisten diferentes instrumentos reguladores con rectoría política carente de músculo para funcionar.
Privilegios por todo lado
En el 2012, el II barómetro de la profesionalización en Centroamérica y el Caribe, presentado en República Dominicana, determinó que si bien Costa Rica procura concertar acuerdos conducentes a mantener la paz social, esto no debe conseguirlo a cualquier precio. Pero nuestro país, en la vía contraria, suscribió acuerdos con diferentes sectores sociales de los trabajadores, desvinculados de la eficiencia esperada, en detrimento de la capacidad financiera institucional.
Estas conclusiones fueron “profetizadas” en el 2006 por el académico español —profundo conocedor del acontecer iberoamericano— Joan Prats, quien, refiriéndose a los intentos de reformas gerenciales en la región, escribió que solo en Chile existían las condiciones para ello, pues era el único país que combinaba un nivel básico de racionalidad burocrática con significativos grados de seguridad jurídica. Otros países, con burocracias estables y legalidad formal, como el nuestro y Uruguay, habían caído en el corporativismo y los privilegios.
Ruego tomar en cuenta que las economías en el Poder Ejecutivo ya no son de recibo, pues se conoce toda clase de despilfarros en otras instancias. La situación en muchos ministerios es patética. Si alguno cuenta con partida de viáticos, es posible que los automotores estén dañados, no haya dinero para combustible o no se pueda realizar una gira porque no tienen para pagar horas extras al chofer.
Un caso que tristemente conozco muy bien: durante 15 años, una querida institución no tuvo partida presupuestaria para la compra de papel higiénico.
El autor es politólogo.
