El 28 de febrero de 2026 quedará marcado como uno de esos días en que la geopolítica global entró en un punto de inflexión de máxima peligrosidad. En este día, los gobiernos de Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar de gran envergadura contra el régimen iraní. Washington la denominó Operation Epic Fury, y Tel Aviv la llamó Lion’s Roar.
Los líderes de ambas potencias –el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu– insisten en que se trata de operaciones necesarias para neutralizar amenazas consideradas “inminentes”, incluyendo peligros vinculados al programa nuclear, su sistema de misiles balísticos y, la más ambiciosa: crear las condiciones para un “cambio de régimen”.
Las consecuencias de esta decisión no pueden subestimarse: ambos mandatarios ponen en juego mucho capital político: habrá elecciones parlamentarias en Israel a más tardar en octubre, y elecciones legislativas de medio periodo en Estados Unidos en noviembre.
¿Por qué esta vez es distinto y más grave?
Es erróneo comparar este momento con crisis anteriores como los ataques de junio de 2025. Lo que estamos viviendo ahora es una decisión deliberada de dos países –Estados Unidos e Israel– de atacar de manera conjunta y coordinada a otro Estado soberano (Irán) y de asesinar a su máximo líder religioso y otros altos funcionarios –aún por confirmar su identidad– y propiciar un “cambio de régimen”.
Irán respondió casi de inmediato atacando Israel y varios países de la región donde hay bases militares, pero, de momento, ocasionando daños limitados.
La perspectiva del derecho internacional y la reacción global
La reacción internacional ha sido mixta, pero en muchos casos, crítica tanto de la ofensiva como de la dinámica escalatoria. Potencias como Rusia han condenado los ataques y han acusado a Estados Unidos e Israel de agresión premeditada, mientras que países europeos han insistido en la necesidad de desescalar y retomar el diálogo antes de que la crisis se salga de control.
China llamó al cese inmediato de las hostilidades y ha advertido sobre el riesgo de una escalada aún mayor. Los países latinoamericanos se pronunciaron de manera diversa.
Desde la óptica legal, los ataques constituyen una clara violación del derecho internacional y de la carta de la ONU. Trump tampoco solicitó una autorización formal al Congreso.
Esto abre un serio debate tanto al interior de Estados Unidos –sobre el papel del Congreso– como a nivel internacional, en el ambito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto último no implica, en modo alguno, desconocer el carácter autoritario del régimen teocrático iraní y sus graves violaciones a los derechos humanos en el plano interno, así como su cuestionable papel en el tablero regional de Oriente Medio.
¿Qué viene ahora?
Según Netanyahu y Trump, Ali Jamenei murió en el ataque. Se trata de un hecho de enorme trascendencia estratégica, un punto de inflexión. Su desaparición abre una fase de máxima incertidumbre y numerosas interrogantes.
En primer lugar, ¿ante que tipo de transición se enfrenta Irán? ¿Está ante una sucesión administrada desde el interior del propio sistema teocrático o frente al comienzo de una crisis capaz de alterar los equilibrios de poder que han sostenido a la República Islámica durante las últimas décadas?
En segundo lugar, surge la cuestión de la sucesión: ¿se impondrá un perfil continuista, alineado con la línea dura y comprometido con la lógica de confrontación externa y represión interna? ¿O podría emerger una figura de mayor pragmatismo, dispuesta a explorar entendimientos con Estados Unidos e Israel y a moderar los niveles de represión doméstica?
Será igualmente determinante observar la relación entre el eventual sucesor y la Guardia Revolucionaria –verdadero poder fáctico del régimen–así como su capacidad para mantener cohesionadas las bases sociales que aún sostienen al sistema.
Otra interrogante central es hasta qué punto el régimen quedará debilitado tras la pérdida simultánea de su líder máximo y de otras altas autoridades militares y civiles. ¿Se reforzará la lógica de fortalecimiento de la unidad como mecanismo de supervivencia o se abrirán fisuras entre facciones que puedan derivar en divisiones más profundas?
Por último, cabe evaluar la capacidad de la oposición –tanto interna como en el exilio– para capitalizar este momento. ¿Dispone del nivel de unidad, organización territorial y liderazgo necesario para forzar un verdadero cambio de régimen? Decapitar a la cúpula dirigente es una cosa; provocar la caída efectiva del régimen es otra, y lograr que ese eventual reemplazo adopte un carácter democrático constituye un desafío aún mayor.
Resumiendo: estamos ante una guerra de elección y de naturaleza preventiva, una combinación que la convierte en un conflicto particularmente inquietante por el precedente que establece para el orden internacional.
Interrogantes sobre Estados Unidos
En el plano interno estadounidense, las interrogantes son igualmente trascendentes. La primera: ¿qué papel desempeñará el Congreso ante una operación que, en los hechos, equivale a una guerra sostenida? El precedente que se siente aquí no es menor: una guerra sin deliberación legislativa explícita debilitaría aún más el ya erosionado equilibrio de poderes.
La segunda: ¿están la opinión pública y, en particular, la base electoral de MAGA preparadas para respaldar una nueva acción militar de gran envergadura? Durante la campaña, el presidente prometió evitar nuevas guerras y concentrarse en prioridades domésticas.
La tercera y la más compleja: ¿está dispuesto el presidente a asumir el costo político y estratégico de un eventual despliegue de tropas sobre el terreno?
La experiencia histórica reciente –Irak, Afganistán y Libia– demuestra que los cambios de régimen rara vez se logran exclusivamente mediante ataques aéreos o la eliminación selectiva de liderazgos. La fase inicial puede desarticular estructuras de mando, pero la consolidación de un nuevo orden político requiere condiciones internas favorables, actores alternativos creíbles y, a menudo, una presencia sostenida para evitar el vacío de poder. Sin esos elementos, el riesgo es abrir un ciclo de inestabilidad prolongada cuyo desenlace resulte más incierto y costoso que el statu quo que se pretendía modificar.
El escenario permanece abierto y extraordinariamente fluido. El desenlace dependerá en buena medida de tres variables críticas: la cohesión interna del régimen frente al shock inicial; la capacidad represiva y de control territorial de su aparato de seguridad, y el grado de movilización popular capaz de capitalizar el momento para forzar un cambio político.
Si el régimen logra cerrar filas y contener la disidencia, la operación podría derivar en una escalada regional sin transformación interna significativa. Si, por el contrario, emergen fracturas en la élite gobernante y se activa una oposición organizada con capacidad de articulación, el equilibrio podría inclinarse hacia una transición.
En cualquiera de los dos escenarios, estamos en el inicio del inicio de un largo y complejo proceso en el que el margen de error es mínimo, los costos potenciales son considerablemente altos, y los niveles de incertidumbre mayúsculos.
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Daniel Zovatto es director y editor de Radar Latam 360.