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¢696,76 - ¢481,78 = ¢214,98. Esta es la diferencia entre el tipo de cambio promedio en Monex el 21 de junio de 2022 y el del 13 de febrero de 2026. Entre ambas fechas, han pasado tres años, siete meses y 23 días. La magnitud del cambio obliga a preguntarse si una variación así es realista, pues constituye un salto que rompe con las proporciones históricas del tipo de cambio y plantea dudas sobre la sostenibilidad de la competitividad nacional.
Es cierto que el tipo de cambio de mediados de 2022 no reflejaba condiciones normales, pues la economía apenas salía de la pandemia. Sin embargo, el nivel actual está generando importantes distorsiones en distintos sectores productivos y también en la Hacienda Pública. Esto, debido a que, con un tipo de cambio tan bajo, el Estado recibe menos ingresos de las actividades de exportación y turismo, lo que debilita su capacidad para mantener unas finanzas públicas equilibradas.
Debemos tener presente que la economía costarricense presenta factores estructurales que empujan el tipo de cambio a la baja: ingresos abundantes de inversión extranjera directa, un superávit creciente en la cuenta de servicios y –quizá el elemento más determinante– los efectos de la reforma fiscal de 2018. La consolidación fiscal redujo la necesidad de endeudamiento externo y, con ello, la demanda pública de divisas. La existencia de fundamentos que presionan el tipo de cambio no convierte en natural un nivel que ya está generando daños visibles en la actividad productiva.
Aunque un colón apreciado favorece inicialmente a quienes tienen deudas en dólares e ingresos en colones –una situación que, en sí misma, constituye una distorsión financiera y una fuente relevante de riesgo cambiario–, ese beneficio se desvanece rápidamente cuando la apreciación comienza a traducirse en pérdida de empleo en el sector exportador, en las zonas francas y en el turismo, con repercusiones que se propagan al resto de la actividad económica.
A ello se suma el riesgo de un eventual rebote del tipo de cambio. Este no sería un fenómeno especulativo, sino la consecuencia directa de una menor oferta de divisas provocada por la apreciación del colón, que ya está erosionando la competitividad exportadora, reduciendo el ingreso de turistas y desincentivando nuevas inversiones en zonas francas. Cuando estas actividades comienzan a retraerse, la disponibilidad de dólares disminuye y, por un simple efecto de oferta y demanda, el tipo de cambio termina ajustándose de manera abrupta.
Conviene aclarar que el Banco Central sí ha intervenido para evitar una caída aún mayor del precio del dólar. El crecimiento de las reservas monetarias internacionales –que prácticamente se han triplicado en cuatro años y alcanzan los $18.700 millones al 11 de febrero de 2026– lo demuestra con claridad. El incremento de reservas confirma que el Banco Central ya está actuando en el mercado, aunque lo haga de manera limitada y sin alterar la trayectoria general del tipo de cambio.
Esto abre un debate necesario sobre si la institución debe intensificar su intervención para moderar la apreciación del colón y si cuenta con las herramientas legales para hacerlo.
Se suele recordar que el objetivo principal del Banco Central es controlar la inflación, tal como lo establece el artículo 2 de su Ley Orgánica. Pero ese mismo artículo le asigna un objetivo subsidiario: promover el desarrollo ordenado de la economía para lograr “la ocupación plena de los recursos productivos”. Con casi tres años de inflación por debajo de la meta oficial, el objetivo primario está cumplido. Corresponde entonces atender los objetivos subsidiarios.
El mandato subsidiario no es decorativo: la ley lo establece como una obligación que debe aplicarse en aquellos casos en que las condiciones del país lo permitan y lo requieran.
En este punto, el tema se convierte en una responsabilidad institucional. Si el Banco Central reconoce que el empleo es un recurso productivo esencial, entonces no puede permanecer indiferente ante una tasa de participación laboral que apenas alcanza el 54,9%, una de las más bajas en década y media e incluso inferior a la observada durante la pandemia. Cuando la población se retira del mercado laboral, la economía pierde productividad futura y se debilita la base que sostiene el desarrollo social.
Ignorar esta realidad implica aceptar que sectores estratégicos pierdan dinamismo, que regiones enteras vean debilitada su actividad económica y que miles de personas queden fuera del mercado laboral.
La intervención actual del Banco Central en el mercado cambiario es insuficiente para evitar estos efectos dañinos y debería orientarse con mayor claridad hacia el uso pleno de los recursos del país, en particular el trabajo. No se puede mantener una intervención mínima cuando el efecto colateral es la contracción del empleo.
El mandato legal del Banco Central no es únicamente evitar la inflación, sino velar por un entorno económico que permita que la población participe plenamente en la actividad productiva.
Por otro lado, perder empleo en turismo y agro, en zonas rurales del país, significa dejar espacio en lugares donde el ingreso que proveen actividades legales será sustituido rápidamente por el proveniente de actividades ilícitas. El desplazamiento hacia dichas actividades ya ha ocurrido en algunas regiones del país, lo que demuestra que la pérdida de empleo formal tiene consecuencias inmediatas y profundas. Por ello, impedir que esto suceda trasciende el tema económico y pasa a ser un asunto de seguridad nacional.
Costa Rica necesita un tipo de cambio que refleje sus fortalezas sin sacrificar empleo, competitividad ni estabilidad social. La política cambiaria debe responder a la realidad productiva del país y a las obligaciones que la ley impone a sus autoridades económicas.
La estabilidad cambiaria solo es sostenible cuando protege el empleo y la competitividad; si deja que el empleo se convierta en la variable de ajuste de una política ya desalineada, esa estabilidad se vuelve un espejismo que termina cobrando un costo mayor. Reconocerlo no es un gesto ideológico, sino un acto de responsabilidad con el presente y el futuro del país.
Elian Villegas Valverde es exministro de Hacienda y abogado con 30 años de experiencia en mercados financieros.
