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En Costa Rica no existe el juicio político y nadie puede inventarlo sobre la marcha, como lo pretendió el socialcristiano Pedro Muñoz durante la comparecencia presidencial del miércoles. La comisión investigadora de la UPAD ya sobrepasó los límites de su autoridad al interpelar veladamente al presidente de la República, pero su súbita transformación en cuerpo juzgador pertenece al terreno de lo inconcebible.
En los países donde existe el juicio político o impeachment, para utilizar el término en boga a raíz del doble enjuiciamiento del presidente Donald Trump, existe, también, una reglamentación del proceso, cuando menos de orden general. Hay debate sobre la plena aplicación del debido proceso, pero nadie niega la obligación de respetar derechos básicos del imputado, como los relacionados con la defensa.
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Los testigos de la acusación pueden ser interrogados por los defensores, cuyo acceso a la prueba debidamente admitida debe estar garantizado. El debate tiene reglas y cuando el presidente está en funciones, lo preside el magistrado jefe de la Corte Suprema de Justicia. En otro caso, la conducción corresponde al presidente pro tempore del Senado.
Las normas, derivadas de la Constitución y la práctica histórica son muchas, pero basten las mencionadas para entender que el juicio político no deja de tener un marco legal ni renuncia a las garantías básicas del ordenamiento jurídico. En suma, no por político lo gobierna el capricho.
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Quizá la principal distinción entre el juicio político de otras naciones y la función de control político de nuestra Asamblea Legislativa está en los alcances de la resolución final. En Estados Unidos, para seguir con el ejemplo, los resultados están claramente predeterminados. La condena exige el respaldo de dos tercios del Senado, implica la destitución y, posteriormente, permite imponer una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Nada de eso es posible en Costa Rica.
Preocupa, no obstante, que la confusión entre control y juicio políticos tenga la intención de justificar una eventual decisión a capricho, sin freno legal ni compromiso con la recta interpretación de los hechos. El juicio político, donde existe, es para la política escrita con mayúscula. Por eso es excepcional, no obstante la reciente historia estadounidense. Pero el control político es un instrumento indispensable del sistema de frenos y contrapesos y no debe sufrir menoscabo a manos de la política escrita con minúscula.
agonzalez@nacion.com
