El coronavirus y la turbulencia política ahogan las protestas de vecinos de varios puntos de la capital indignados por la falta de agua. En Hatillo y barrio Cuba, el enojo se desborda a las calles y las bloquea. El cierre de vías nunca es buena solución y a menudo agrava los problemas, pero alguna salida debe ofrecer el Estado a 357.000 personas afectadas por racionamientos en 14 cantones.
La escasez a nadie sorprende. Hace años, la venimos experimentando, con más o menos gravedad según los caprichos del clima. Ha empeorado y empeorará por cambios en el régimen de lluvias y nuestra innegable falta de previsión. Ya no es tiempo de posponer las obras requeridas para mitigar efectos de fenómenos incontrolables, como el cambio climático, y tampoco de insistir en la falta de planificación que hace tiempo debimos controlar.
No tardará en llegar el día cuando las medidas paliativas sean completamente insuficientes. En este momento, el Instituto Costarricense de Electricidad está metiendo el hombro con cien litros por segundo enviados desde Orosi, y Acueductos y Alcantarillados (AyA) habilitó, de emergencia, un pozo en La Valencia, Heredia, para extraerle 80 litros por segundo. Sitios de atención prioritaria, como hogares de ancianos y centros educativos, son abastecidos mediante camiones cisterna.
Las medidas paliativas pueden llevarnos hasta las próximas lluvias y, si insistimos en repetir los patrones del pasado, con el agua vendrá el olvido. El AyA tiene 23 proyectos en marcha, valorados en ¢31.137 millones, para interconectar pozos, mejorar las tuberías y ampliar la capacidad de almacenamiento, pero admite la insuficiencia de esas obras para resolver el problema de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La presidenta ejecutiva de la entidad, Yamileth Astorga, deposita su esperanza en la ejecución del proyecto Orosi II, diseñado para canalizar 2.500 litros de agua por segundo hacia la GAM. Pero los planos están listos en un 60 % y apenas hay conversaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para conseguir los $500 millones necesarios. Con buen viento, el proyecto entraría en operación en el 2025.
Cabe preguntarnos, como país, por qué estamos todavía en etapas preparatorias cuando la necesidad fue reconocida y prevista hace muchos años. Cabe preguntarnos, además, cuáles proyectos deberían estar en la mesa de diseño para enfrentar necesidades más allá de Orosi II. El agua es indispensable para preservar la paz social.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
Escuchar
