Armando González R.. 14 noviembre, 2020

El Estado invierte en colegios científicos para ofrecer excelencia a alumnos con vocación y talento. Entre las confirmaciones del éxito está la plena admisión de los graduados a las aulas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, pero, este año, la institución decidió frustrar a la mayor parte de los interesados.

El Tec solo admitió a 45 de los 176 solicitantes graduados de colegios científicos, no obstante los méritos de su formación y el esfuerzo personal invertido en superar, con muy buenas notas, las altas exigencias del currículo ofrecido en esos liceos. La exclusión obedece al deseo de admitir más estudiantes de regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

La educación es un importante factor de movilidad social, pero tanto derecho tiene de aprovecharla el graduado de un colegio científico de la capital como el de la más remota institución de enseñanza secundaria. El primero, sin duda, goza de una ventaja para superar criterios de admisión objetivos, pero más debe preocuparnos la desventaja del segundo, para remediarla, no para suprimirla artificialmente.

La supuesta sensibilidad social detrás de medidas como la adoptada por el Tec casi nunca pasa de ser prejuicio. La educación privada alberga a gran cantidad de estudiantes de clase media y media baja cuyos padres hacen grandes sacrificios para proporcionarles la mejor formación a su alcance. Otras familias no pueden aspirar a eso, pero las que lo logran merecen reconocimiento, no castigo. Su sacrificio descongestiona el sistema público y eleva el resultado promedio de la educación nacional. No debe pesar en contra a la hora de solicitar el ingreso a un sistema de educación superior financiado por todos, incluidos esos mismos padres que, insatisfechos con los primeros niveles de la formación pública, renuncian a su derecho a la gratuidad de la educación.

Pero en el caso de los colegios científicos, la iniquidad del nuevo sistema de admisión del Tec es todavía más ofensiva. Son colegios públicos y el Estado los fomenta precisamente para ofrecer una formación de excelencia a tantos alumnos como sea posible. En este caso, el Estado, no las familias, provee las ventajas disfrutadas por los estudiantes y, cuando llegan al Tec, las utiliza en su contra para favorecer a alumnos menos privilegiados. Por la borda salta el esfuerzo de alumnos y maestros, así como los recursos públicos invertidos en un proceso educativo diseñado para producir excelencia.

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