Jorge Vargas Cullell. 13 noviembre

Se viene fraguando, a lo largo de esta década, una revuelta de la Asamblea Legislativa contra el Poder Judicial. En distintas ocasiones, variopintos rejuntados de partidos y diputados han procurado sacar del medio a magistrados incómodos para poner a otros que “jueguen bola”.

En el 2012, cuando el Congreso decidió no reelegir al magistrado Fernando Cruz, los diputados dijeron que esa decisión era “una llamada de atención” para la Corte Suprema. Tanto así que un diputado señaló que Cruz “se (había) excedido en sus competencias (…) por lo cual era necesario restaurar el equilibrio entre poderes”. Traducción: necesitamos un Judicial a la medida.

Hablar de que hay derecho a “gustitos” y que a ellos no les concierne la economía es una invitación temeraria a nuevos golpes de mano desde el Legislativo.

Este año asistimos a un nuevo capítulo de intrusión legislativa en la independencia del Poder Judicial, cuando varios diputados estuvieron cerca de lograr la no reelección del magistrado Paul Rueda. ¿Para qué? Para lo mismo: moldear una Corte Suprema de Justicia compatible con algunos políticos y sus clientelas.

En el ínterin, no han faltado iniciativas para “cortarle las alas” a la Sala Constitucional, bajo el argumento de que tiene excesivas competencias y conspira contra la gobernabilidad del país.

Hasta el momento, los intentos han fallado, pero nada asegura que, en el futuro, alguno de ellos no logre su cometido. Esto sería fatal para nuestro sistema político.

Dicho esto, sostengo que las probabilidades de éxito de los partidos se acrecientan en la medida en que la cúpula del Poder Judicial facilita las cosas.

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Enfoque: Bicentenario

La actuación de varios magistrados en el escándalo del cemento chino, que terminó en destituciones y pensionados de urgencia, fue un golpe duro a la confianza pública en el Judicial.

Tampoco ayuda el espectáculo de magistrados agarrados del moño públicamente o defendiendo un régimen de pensiones de privilegio, cuando el país atraviesa una situación económica crítica y muchos costarricenses la están pasando mal. Hablar de que hay derecho a “gustitos” y que a ellos no les concierne la economía es una invitación temeraria a nuevos golpes de mano desde el Legislativo.

Hay una fina línea entre independencia judicial, que debe defenderse a capa y espada en una democracia, y el corporativismo gremialista, que defiende los intereses cortos de la burocracia. ¿Lo peor? La mezcla de dos mundos: un Poder Judicial sin independencia y atrapado por el gremialismo. Un escenario no descartable.

El autor es sociólogo.