Por: Juan Carlos Hidalgo 30 mayo, 2016

“Rara vez suelen juntarse las gentes ocupadas en la misma profesión u oficio, aunque solo sea para distraerse o divertirse, sin que la conversación gire en torno a alguna conspiración contra el público o alguna maquinación para elevar los precios”. Así advirtió Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776) sobre el perverso fenómeno de la colusión entre proveedores de bienes y servicios.

La cita ha sido interpretada como una crítica a los empresarios –y ciertamente también aplica a ellos–, pero en realidad Smith estaba escribiendo sobre los colegios profesionales. Esa tendencia universal de los gremios a “conspirar contra el público” quedó en evidencia recientemente cuando el Colegio de Médicos aprobó (y luego suspendió) un tarifario de procedimientos médico-quirúrgicos que establecía precios mínimos excesivos que cobrar por los profesionales de medicina.

Smith señalaba que si bien la ley no puede impedir que las personas de una misma profesión se reúnan de vez en cuando, “por lo menos no debe hacer nada para facilitarlas, y, mucho menos, para convertirlas en necesarias”. Pero eso es precisamente lo que hace la ley en Costa Rica: ha constituido a estos colegios en corporaciones de derecho público a las cuales los profesionales de distintas ramas (medicina, derecho, arquitectura, ingeniería y un largo etcétera) están obligados a incorporarse, so pena de no poder ejercer su profesión. Encima, deben pagarles una cuota mensual de afiliación.

Si bien el ordenamiento jurídico dice que la finalidad de los colegios profesionales es “la satisfacción del bien común”, en realidad son carteles que limitan la competencia en los servicios profesionales. Para ello, cuentan con múltiples herramientas, como la susodicha colegiación obligatoria, la equiparación de títulos extranjeros y el establecimiento de tarifas mínimas.

Bien señaló el editorial de La Nación del lunes pasado que mientras la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe las componendas para elevar precios entre oferentes, el mismo Estado bendice legalmente la colusión de los colegios profesionales con estos tarifarios mínimos. Dicha contradicción debe acabar.

El país necesita urgentemente de la “descartelización” de la economía. Esto implica la apertura de monopolios estatales, el fin de protecciones arancelarias que benefician a oligopolios privados y la eliminación de la obligatoriedad a formar parte de los colegios profesionales. Eso sí sería satisfacer el bien común.